Nos gustaría que el Estado deje de forzarnos a financiarle sus gastos, dice miembro del Comité de Administración
Por una herencia vacante, Bienes Nacionales se hizocargo de la vivienda en 2012.
Cuando una persona fallece y no hay herederos de su patrimonio opera algo que se llama Herencia Vacante. Tal como lo define el Ministerio de Bienes Nacionales en su página web, se trata de una modalidad de adquisición de bienes por parte del Fisco donde éste pasa a ser el último sucesor legal.En la Región Metropolitana este ministerio tiene incorporado a su catastro de propiedad fiscal más de 4.000 inmuebles, uno de los cuales es el departamento 303 ubicado en la torre C de la comunidad Tres Torres de Vitacura.
Según cuenta un miembro del Comité de Administración -quien pide reserva de su nombre-, «el departamento estuvo durante un tiempo ocupado ilegalmente, pero después de una demanda que ganó el Consejo de Defensa de Estado, esas personas se fueron y el Fisco se hizo cargo de él. Esto fue en abril del 2012».
Desde esa fecha, lamenta, el Fisco se ha comportado como el peor de los dueños o arrendatarios: «Nunca ha pagado un solo gasto común y tiene una deuda de $144.530.659. Imagínate, en todo este tiempo la comunidad ha tenido que financiar al Estado porque como dueño no pone ni un solo peso para mantenciones o arreglos que cualquier edificio necesita».
Pero eso no es lo único. El miembro del Comité de Administración reclama también por el deterioro del departamento. «Imagínate que en estos casi 13 años no se le ha hecho ningún tipo de arreglo o mantención. El techo está desfondado porque en algún minuto tuvo una filtración, el piso está levantado, los baños y la cocina en muy malas condiciones. Su deterioro es tremendo, lo que es un riesgo para todos quienes vivimos aquí».
¿Han conversado con Bienes Nacionales sobre posibles soluciones?
«Sí, pero ninguna de ellas ha llegado a buen término. El Fisco puede vender el departamento y, de hecho, ha habido un par de intentos de venta directa, a un precio que define una Comisión de Enajenación que integran varias instituciones del Estado. Una de ellas fue en 2019, donde no se recibieron ofertas al precio que la comisión estableció, que eran alrededor de 6.700 UF. ¿Pero cómo alguien va a ofrecer ese dinero si estamos hablando de un departamento con una deuda millonaria y abandonado hace 13 años? Ponen cifras que están fuera de rango ya que, en esa época, una propiedad en buen estado acá en Vitacura estaba a unas 7.000 UF. Se supone que ahora viene un nuevo proceso y pensamos que lo más probable es que no haya interesados porque nos han dicho que lo van a rebajar a 6.300 UF. Todavía sigue siendo muy alto».
Vía legal
Otra opción que existe es una concesión: la comunidad tomaría este bien del Estado para arreglarlo, arrendarlo y así disminuir la deuda. «Si se hiciera, por ejemplo, por diez años, al devolvérsela al Fisco estaría nuevamente en buen estado, algo que sería más atractivo para que lo vendiera. Pero también se han negado a esa alternativa. Nos parece insólito el que haya pasado tanto tiempo sin encontrar una solución y, más aún, sin pagar los gastos comunes».
Ante las respuestas poco satisfactorias que han recibido por parte de Bienes Nacionales, una de las últimas gestiones que los vecinos hicieron (a fines de mayo de 2024) fue consultar a la Contraloría General de la República (CGR) si ese ministerio tenía o no la obligación de pagar los gastos comunes. La CGR ofició a Bienes Nacionales para que respondiera directamente dicha consulta, la que llegó un par de días después.
Según ese documento, inmuebles como el de las Tres Torres de Vitacura deben ser administrados solamente conforme a los actos administrativos regulados por la normativa legal y reglamentaria vigente, sin que exista una glosa presupuestaria de naturaleza particular para solventar gastos de mantención. En otra parte del escrito se hace notar que, en relación con los gastos comunes que puedan generarse en los inmuebles fiscales, la normativa que regula ese tipo de deudas otorga a la comunidad acciones particulares ejecutivas que tienen por finalidad el cobro judicial. Ellas son aplicables para cualquier comunero de dicha comunidad, incluyendo al fisco de Chile.
¿Qué opinan en el Comité de Administración de esa respuesta? «El 2019 ya se presentó una demanda y ahora recurriremos nuevamente a la vía legal. Más allá de esto, nos llama la atención el que no se pueda llegar a una solución conversada y tengamos que ir a juicio. Esta es una comunidad con 192 departamentos y hemos tenido que resolver muy pocos problemas en la justicia. Y que el Fisco sea el caso más complicado de esta comunidad es, por decir lo menos, llamativo».


