Fueron presentados varios casos de víctimas que sufrieron tormento sicológico y físico
Según señala la acusación, Maduro y Flores, su esposa, usaron la tortura para infligir dolor y sufrimiento físicos y mentales graves con el fin de reprimir y castigar a la oposición política.
Si el terreno judicial en Estados Unidos ya se veía complejo para el exdictador venezolano Nicolás Maduro y para su esposa, Cilia Flores, los nuevos cargos de tortura presentados contra ellos este jueves por el Departamento de Justicia (las fiscalías norteamericanas forman parte de este organismo) hacen que ese terreno sea ahora aún más complejo. «Los cargos fueron desclasificados en un tribunal federal de Manhattan y se suman a las acusaciones ya presentadas por el gobierno contra Maduro, de 63 años, y Flores, de 69», señaló «The New York Times».
La nueva acusación, en resumen, indica que Maduro y Flores ordenaron la tortura de ciudadanos estadounidenses y ciudadanos venezolanos para reprimir a la oposición y preservar su poder. «Ambos ya enfrentaban cargos por conspiración para cometer narcoterrorismo e importación de cocaína, además de otros delitos, de los cuales se han declarado inocentes», agregó el NYT. Maduro y Flores tienen previsto comparecer ante el tribunal en junio de 2027.
La acusación formal, de 30 páginas, tiene el carácter de sustitutiva, lo que significa que reemplaza a la acusación ya presentada en diciembre de 2025. En esta, ya figuraban los cargos de conspiración de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos y conspiración para poseer ese armamento, y el único nuevo para ambos que contempla el documento presentado este jueves es el de conspiración para cometer tortura.
Según señala la acusación, Maduro y Flores usaron la tortura para «infligir dolor y sufrimiento físicos y mentales graves con el fin de reprimir y castigar a la oposición política, silenciar la disidencia y a quienes se percibía como disidentes, preservar y proteger el poder y la autoridad de los integrantes de la conspiración e intimidar, hostigar y neutralizar a sus adversarios, incluso mediante secuestros».
La acusación no detalla las pruebas ni identifica a los testigos en que se apoya la fiscalía, y solo cita como respaldo declaraciones televisadas de Maduro e informes de la ONU, la CIDH y la OEA sobre torturas en Venezuela.
La principal entidad encargada de la tortura y la represión fue la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), el servicio de contrainteligencia de las fuerzas armadas venezolanas, que aparece vinculada a la mayoría de los casos, pero también fueron agentes la Guardia Nacional Bolivariana, la Policía Nacional y fuerzas armadas, los equipos de seguridad personal de Maduro y Flores, los colectivos, el Comando Antigolpe creado por Maduro en 2017 e incluso las Farc, en operaciones conjuntas.
En la acusación se nombra a varios agentes, los que directa e indirectamente reportaban a los acusados. Según la acusación, las torturas incluían «descargas eléctricas, asfixia, violación, desnudez forzada, aislamiento prolongado, privación de alimentos, celdas de castigo y tortura sicológica, como amenazas de hacer daño y matar a los familiares de las víctimas, incluidos los niños». Las que más se repiten son golpizas, descargas eléctricas, asfixia y ahogamiento simulado.
Uno de los casos más crudos descrito en el documento es el de un agente policial torturado por orden de Maduro hacia 2010. «Esos agentes de seguridad lo hicieron dentro de un remolque militar, atándole las manos y los pies, golpeándolo con una pala y con las culatas de las armas largas de la Guardia Nacional, pateándolo en la ingle, disparándole en la pierna izquierda cerca de la rodilla y violándolo con un palo de escoba, lo que le causó extensas lesiones, incluso en los genitales», señala la acusación.
Otro es el de un militar (víctima-2) secuestrado en noviembre de 2013 y entregado a las FARC. «Mientras le preguntaban si planeaba un golpe de Estado contra Maduro Moros, funcionarios de la DGCIM aplicaron a víctima-2 descargas mediante un cable eléctrico con corriente aproximadamente 20 veces, incluso después de mojarle la espalda para aumentar el dolor; golpearon a víctima-2 en las piernas, la espalda y la cabeza con los puños, un cinturón y lo que parecía ser un tubo; obligaron a víctima-2 a acostarse sobre un colchón que solo contenía resortes metálicos; suspendieron a víctima-2 de las manos y los pies durante varios minutos cada vez, haciéndole perder el conocimiento; y sumergieron la cabeza de víctima-2 en agua, cubriéndole la nariz y la boca para simular ahogamiento, aproximadamente 30 veces», señala la acusación.
«Después de llegar al campamento controlado por las Farc, víctima-2 fue nuevamente interrogado de forma reiterada y, esta vez, sometido a numerosas amenazas, incluida la de que su hija sería secuestrada y violada si no confesaba y nombraba a sus supuestos cómplices. En una ocasión, los interrogadores mostraron ropa interior de mujer y afirmaron que pertenecía a su hija», agrega el documento.
También aparece el caso de un ciudadano estadounidense (víctima-7) detenido en enero de 2022.
«Entre otras cosas, los oficiales lo golpearon con los puños en la cara y el abdomen, le cubrieron el rostro y le vertieron sobre este un líquido nocivo que le provocó vómitos, que un oficial lo obligó luego a comer», señala la acusación. «Esas torturas incluían descargas eléctricas en los brazos, las piernas y los genitales de la víctima-7; asfixia; golpizas; privación de alimentos y agua; e inyecciones forzadas de una sustancia que le provocaba convulsiones. En una ocasión, CC-3 (agente torturador) observó personalmente cómo se aplicaban descargas eléctricas a víctima-7; se rió y se burló de él durante las descargas; y dio instrucciones a otros oficiales de la DGCIM en relación con estas», agrega el documento.
