58 personas que recibieron la ayuda estatal tienen antecedentes penales
Nunca debió haber ocurrido, por lo tanto, es un hecho grave, dijo el subsecretarioMonsalve.
La Contraloría General de la República emitió un informe donde se detallan las irregularidades en la entrega de pensiones de gracia a participantes del estallido social. En el documento de 79 páginas, se precisa que son 58 las personas beneficiadas que tienen antecedentes penales. Anteriormente el subsecretario de Interior Manuel Monsalve había dicho que eran solo 41.Tras conocerse el contundente informe el subsecretario Monsalve reaccionó así: «Si eso fue un error, yo diría que sí fue un error, pero yo no dicté ese procedimiento» en relación a no pedir los antecedentes penales. El subsecretario agregó que: «Nunca debería haber ocurrido que se entregaran pensiones de gracia a quienes tenían antecedentes penales y que no tenían lesiones permanentes. Nunca debió haber ocurrido, por lo tanto, es un hecho grave». El periodo involucrado abarca desde el 1 de enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2023.
En la página 31 del escrito se explica: «Esta Contraloría General constató que 58 de las 419 personas beneficiadas con una pensión, detalladas en el anexo N° 3 de este informe, tienen antecedentes penales por condenas, con resultado de multa, prisión y reclusión o presidio, incluidos delitos violentos. En efecto, se tuvo a la vista antecedentes que dan cuenta de beneficiarios que tienen más de 10 condenas por diversos tipos penales, entre los cuales se advierten delitos de estafa, tráfico y microtráfico de estupefacientes, producción de material pornográfico infantil, abuso sexual, robo con violencia, homicidio, lesiones en contexto de violencia intrafamiliar, entre otros».
Entre las faltas que el informe le atribuye al Departamento de Acción Social DAS (donde se ejecuta el otorgamiento del beneficio) y al Instituto Nacional de Derechos Humanos, se precisa lo siguiente: «Se constató que 19 expedientes de postulantes al beneficio, remitidos por el INDH al DAS para su evaluación, no presentaban antecedentes médicos, o bien, los respaldos correspondían a certificados médicos poco legibles, sin diagnóstico, con antecedentes contradictorios respecto del daño». El documento especifica que en algunos casos solo se presentaron como pruebas dos recetas oftalmológicas y licencias médicas y en otros casos dos fotografías que muestran «difusamente lesiones en la nariz y labio».
El documento de Contraloría precisa que, en relación a la responsabilidad específica del INDH, 10 de 144 casos en revisión, no presentaban antecedentes o pruebas que acreditaran los relatos de los postulantes a la pensión. En la página 58 del documento se explica: «Falta de antecedentes que respalden los relatos de los postulantes a la pensión de gracia (AC), la entidad deberá verificar la existencia de antecedentes complementarios relativos a los 10 casos objetados, que respalden los relatos que dieron origen a la acreditación de los postulantes por parte del Instituto, remitiendo dichos antecedentes al DAS e informar al respecto a esta Contraloría General, en el plazo de 60 días hábiles contado desde la recepción de este documento». Además, instruye a iniciar un «proceso disciplinario» con el objeto de perseguir responsables funcionarios del Instituto.
En cuanto a las responsabilidades del ministerio de Interior se asegura que existe una «falta de actas que acrediten las reuniones técnicas de evaluación y propuesta de categorización y su aprobación por la jefatura del DAS (MC), En lo sucesivo, la repartición deberá establecer los controles que sean necesarios».
En respuesta al informe, el INDH, subrayó que «de los 19 casos en que la Contraloría formuló comentarios por los antecedentes médicos de los pensionados de gracia, el INDH remitió antecedentes que subsanaron 9 de ellos». Además, especificaron que de los 10 casos restantes el pasado 5 de enero el INDH envió nuevos antecedentes y solicitó la reconsideración de los casos. También fueron enfáticos en precisar que las leyes de Presupuesto de 2021 y 2022 «encomendaron al Instituto Nacional de Derechos Humanos acreditar la calidad de víctima en el marco del estallido social, sin embargo, no hubo instrucciones sobre las magnitudes de las lesiones la relación de ellas con el menoscabo a las víctimas.
«Daño»
«Es tan descarado lo que pasó que al igual que en los indultos acá hay una complicidad ideológica peligrosa para el país, con estas personas que tanto daño produjeron, que los hace ver con cierta compasión, lo que es francamente indignante, para un país que vive azotado por la delincuencia», afirma el diputado RN Andrés Longton.
«Creo que se sabía perfectamente que estaban entregando pensiones de gracias a personas que no merecían tenerlas, ¿cómo un gobierno no pide antecedentes, ni certificados médicos? Acá hay algo mucho más grave que es faltar a la fe pública y eso es corrupción y delito», agrega el diputado Andrés Jouannet (ind).
