Nueva acción legal contra el alcalde de Recoleta fue presentada por el exconcejal Mauricio Smok (UDI)
El alcalde ocupó el mismo modus operandi de que se valió en la Asociación de Municipios con Farmacias Populares, para poder asumir el control de la DOM (Dirección de Obras Municipales) de Estación Central, plantea el escrito.
«Asociación ilícita»
La denuncia de Smok plantea que funcionarios municipales de Recoleta habrían prestado, supuestamente, servicios en Estación Central por un convenio con Recoleta, y que en dicha función, habrían pedido dinero a empresas inmobiliarias a cambio de aprobar permisos de edificación. En el documento se describe: «Frente a la experiencia de la administración de Achifarp por parte del Sr. alcalde de Recoleta, don Daniel Jadue (?) estoy convencido de que, por medio del convenio ideado entre los alcaldes de Recoleta y Estación Central, se ha buscado controlar la Dirección de Obras Municipales de este último municipio, para bajo extorsión y presión, obtener beneficios económicos de la empresas inmobiliarias que poseyeran proyectos en la comuna de Estación Central, valiéndose al efecto de personas de su absoluta confianza del alcalde Jadue, todo ello con acuerdo del Sr. alcalde de Estación Central, don Felipe Muñoz Vallejos. El líder de esta asociación ilícita es, sin duda alguna, don Daniel Jadue».
La denuncia plantea que se solicitó en 2022 una «donación a beneficio municipal» por 6.700 UF a Inmobiliaria España Limitada. «En caso de haberse concretado la donación antes señalada, estimo puede haberse configurado el ilícito de exacción ilegal (funcionario público o autoridad que exige un beneficio económico por una acción que es parte de su trabajo), puesto que el director de la DOM de Estación Central, Sr. Juan Hernández, a través del abogado Aros, han exigido un beneficio económico para el municipio de Estación Central por ejecutar un acto propio de su cargo». Y se plantea que el director subrogante de la DOM supuestamente habría ejercido «presión a empresas Inmobiliarias a través de trasgresiones a normas urbanísticas, con el propósito de que se negociara entrega de recepciones finales de proyectos». También se menciona al funcionario Alfredo Parra, porque «también tuvo alguna participación en las negociaciones con empresas inmobiliarias».
Otros delitos
Se menciona también que Contraloría tiene una denuncia por un incremento patrimonial relevante e injustificado del Sr. Juan Hernández, a través de su cónyuge, constituido por propiedades por un valor superior a $600.000.000, lo que podría configurar el delito de enriquecimiento ilícito. La denuncia también agrega el eventual delito de violación de secreto, prevaricación, «dado que Hernández, dilató las recepciones finales de proyectos inmobiliarios de sus representadas mientras ejerció tal cargo, dictando al efecto medidas o resoluciones que buscan cuestionar la legalidad de los respectivos permisos de edificación».
Como diligencias investigativas la denuncia solicita la incautación de computadores, celulares, tablets y otros medios tecnológicos de los denunciados, así como «el registro e incautación de las carpetas y expedientes de la DOM de Estación Central referidos a los proyectos inmobiliarios en que participó o intervino don Juan Hernández, mientras se desempeñó como director de dicha unidad municipal, en el municipio de Estación Central e indagar sobre la situación patrimonial de los distintos miembros de la organización y sus cónyuges, parejas o familiares cercanos».
Alcalde Muñoz
En declaración a LUN, el alcalde de Estación Central, Felipe Muñoz (independiente), dice: «Esta administración, tanto yo como distintos funcionarios municipales, hemos recibido numerosas presiones e incluso hostigamientos de parte del mundo inmobiliario debido a que hemos sido muy rigurosos en el cumplimiento de la normativa urbana en nuestra comuna. Se le acabó la fiesta a quienes depredaron a Estación Central con la proliferación de mega edificios y arruinaron la calidad de vida a nuestros vecinos. Estas acusaciones forman parte de una nueva fase de una operación política y comunicacional, ahora a cargo de miembros de la UDI que han estado ligados al mundo inmobiliario, por tanto, es previsible todo esto».
Y concluye: «En caso de desarrollarse alguna investigación todas las puertas están abiertas, no tenemos absolutamente nada que ocultar y colaboraremos en todo lo que se pueda para esclarecer los hechos. Lo más importante es que quede muy claro que siempre he actuado apegado a la ley y defendiendo los intereses de nuestros vecinos y vecinas. Si algún funcionario o funcionaria se ha salido de estos márgenes, la justicia debe actuar y determinar las responsabilidades».
