Diversas auditorías impulsaron al ente fiscalizador a ordenar modernizar los sistemas de registro
Otras anomalías detectadas incluyeron a trabajadores que laboran menos horas de las estipuladas por contrato.
En su afán por depurar la función pública la Contraloría General de la República sacó un nuevo instructivo dirigido a todos los organismos del Estado sujetos a su revisión para que actualicen los mecanismos de control de entrada y salida de sus funcionarios. En concreto, el ente fiscalizador, comandado por la contralora Dorothy Pérez, planteó el fin del poco confiable libro de asistencia en papel, para controlar la asistencia de los trabajadores del Estado, ya que según se explicó se presta para irregularidades de diverso tipo.
Entre las diversas auditorías realizadas en el país, destacan tres casos.
1. El trabajador incansable. Auditores de la Contraloría visitaron la municipalidad de Puente Alto; realizaron entrevistas con jefes de servicio y practicaron revisiones visuales a los libros de asistencia. Los fiscalizadores de Contraloría detectaron a un funcionario que, durante un mes seguido firmó el libro de asistencia. Es decir, entre el 1 de septiembre y el 30 de septiembre dicho funcionario firmó todos los días el libro de asistencia. «Se advirtió que en el mes de septiembre de 2024, el funcionario XX (se tarja su nombre), efectuó la marcación de manera inadecuada de entrada y salida de su jornada en el sistema de registro horario mediante la firma en libros físicos de asistencia, constatándose que trabajó ininterrumpidamente del domingo 1 al día lunes 30 de septiembre, considerando la ejecución de horas extraordinarias (más allá de las 44 horas semanales)». En otras palabras, firmó durante 30 días seguidos y tenía horas extraordinarias.
Contraloría ordenó al municipio de Puente Alto, «confeccionar e implementar un procedimiento de control preventivo que mitigue el riesgo asociado a la ocurrencia de eventuales irregularidades de error u omisión en los procesos de registro y traspaso de información al sistema de registro horario. Así mismo, ese municipio deberá efectuar el análisis de las horas extras pagadas y no ejecutadas por el funcionario en el mes de septiembre de 2024, efectuando, si procede, el descuento de tales sumas en su remuneración, previo descargo del aludido funcionario. Por su parte, la autoridad comunal deberá instruir un sumario administrativo, en orden a establecer las eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios que, con su actuación u omisión, permitieron la ocurrencia de los hechos representados». Desde Contraloría afirmaron que casos como el trabajador municipal incansable puentealtino se repiten en otros servicios públicos del país.
2. Turnos desordenados. En una auditoría hecha por la Contraloría Regional del Maule al Hospital de Talca, en junio de 2025, «se detectaron eventuales irregularidades en el manejo de recursos humanos y la asignación de turnos en la Unidad de Urgencia». Entre las anomalías se encontraron a «funcionarios que no realizan registro de asistencia, funcionarios que realizan registro incompleto de asistencia, funcionarios que realizan menos horas que las estipuladas en su contrato, funcionarios que registran atrasos o salidas anticipadas no justificadas, y turnos no cubiertos por especialistas en la Unidad de Emergencia Hospitalaria».
3. Nula asistencia. Un tercer ejemplo apunta al Hospital de Concepción. La Contraloría General del Biobío, en otra auditoría al Hospital Clínico Regional Dr. Guillermo Grant Benavente de Concepción, detectó que, «nueve funcionarios médicos no registraron asistencia durante todo el año 2022, según consta en los reportes extraídos del Sistema de Información de Recursos Humanos». Y objetó, además, que a pesar de poseer un sistema de control de asistencia vía la aplicación móvil, llamado Bioemach, éste era eventualmente mal utilizado por «ausencia de reportabilidad sobre coordenadas geográficas desde donde se efectúan las marcaciones de las jornadas laborales de todos los funcionarios usuarios del referido sistema móvil», o sea, podrían haber marcado asistencia desde cualquier parte geográfica y no necesariamente en el hospital.
Debilidades
Desde la Contraloría explicaron que el instructivo surge a raíz de la «reiterada constatación de debilidades que presentan los sistemas en libros de asistencia u otras formas de registro que utilizan el soporte papel, según dan cuenta múltiples informes de auditoría de la CGR. En efecto, en sus fiscalizaciones, ha observado múltiples errores, omisiones, ilegibilidad, adulteraciones, registros fraudulentos o anotaciones estandarizadas que afectan completamente su confiabilidad y llevan a concluir que no constituyen un método de control idóneo que permita asegurar la integridad y veracidad de los datos contenidos en ese tipo de soportes y el consiguiente pago de los fondos públicos asociados a la respectiva asistencia».
Mecanismos
La Contraloría les dio a los servicios públicos 20 días hábiles para que informen sobre qué sistema de registro de asistencia de funcionarios van a implementar, que sea seguro y confiable, entre ellos se propuso como alternativas: «Herramientas tecnológicas como tarjetas electrónicas de acceso, sistemas biométricos -por impresión de huella digital o reconocimiento facial-, softwares en línea, aplicaciones móviles, entre otros sistemas automatizados, que entreguen confiabilidad para el control que deben efectuar las jefaturas, el lugar de desempeño y la actividad del personal». Los nuevos mecanismos deberán estar operando durante el primer semestre de 2026.
Carmen Luz Parra, abogada experta en Derecho Administrativo, opina: «Me parece una excelente medida que fortalece los principios de eficacia y eficiencia de la Administración Pública, (leyes 18.575 y 19.880), además de los principios de probidad y transparencia consagrados en el artículo octavo de nuestra Constitución. Más allá de las molestias que esto pueda causar, considera además un programa de implementación paulatina, de manera que ninguna repartición pública o servicio del Estado de Chile, podría no poner al día sus mecanismos de control horario más allá del primer semestre de 2026. Nuevamente nuestra contralora haciendo la pega, y preocupada del mejoramiento de stándares básicos, acordes con los tiempos que corren».
La también experta en Derecho Administrativo de la Usach, Paola Bagioli, agrega que «los libros de asistencia en papel presentan varias debilidades importantes. El mayor problema es que no garantizan que lo que se anota allí sea realmente cierto. Según ha constatado la propia Contraloría en diversos informes de auditoría, estos registros muchas veces no permiten comprobar si los funcionarios asistieron, efectivamente, a sus trabajos. Un ejemplo de estás falencias es que hacen más difícil que las autoridades o funcionarios que ejercen cargos de jefatura puedan ejercer el control sobre los funcionarios que están bajo su subordinación de manera eficiente, pudiendo tener mayor certeza de que éstos están efectivamente cumpliendo con su obligación de ejercer sus labores. Todo esto debilita el control interno y puede llevar a que se paguen sueldos de forma incorrecta».
