Matías Pinto, abogado con sede en Washington y el 12,5% de arancel que estudia imponer EE.UU.
Aclara que la investigación la lleva el USTR, por lo que su decisión será obligatoria.
El Gobierno de Donal Trump propuso imponer un arancel de 12,5% a todos los productos importados desde Chile. La causa es un informe elaborado por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (United States Representative, USTR) que sitúa a nuestro país dentro de las 54 naciones que aún no han establecido ni hecho cumplir eficazmente una prohibición a la importación de bienes elaborados con trabajo forzoso. Se trata de una segunda ofensiva arancelaria de la administración Trump, luego del «Día de la liberación», en que EE.UU. subió los tributos a sus socios comerciales. Chile, salvo el cobre refinado, quedó con 10%. Ahora subiría a 12,5%. La investigación comenzó el 12 de marzo, bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974. «Es una excusa para poner aranceles dentro del marco legal de Estados Unidos, porque ha sido muy difícil ejercer la voluntad de la administración Trump de imponerlos de forma jurídicamente acorde», dice el abogado Matías Pinto, partner de GeoGig Consulting, con sede en Washington. Claudio Alvarado, biministro de Interior y Segegob, días atrás abordó el tema: «Chile tiene un TLC con EE.UU., se sigue negociando el tema del 10%. Existen muy buenas relaciones, así que esperamos que esta recomendación no pase de eso», declaró. Pinto, sin embargo, advierte que «no se trata de recomendaciones» y afirma que Chile no presentó oficialmente sus comentarios sobre el tema a EE.UU. El gobierno chileno abordó el asunto en una reunión con los gremios involucrados, entre ellos, los agropecuarios, con el objetivo de coordinar la estrategia a seguir.
¿No son recomendaciones?
«No lo son, porque en este caso la investigación la hace el USTR en base a la sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, que analiza prácticas injustas o desleales de sus socios comerciales. Este tiene la potestad de imponer aranceles a sus socios directamente, no recomienda al presidente, como fue el caso de la sección 232 de Seguridad Nacional, que usaron para imponerlos en el Día de la Liberación».
«De concretarse el 12,5%, los sectores más afectados serían la agricultura, la agroindustria y la salmonicultura. En el agro afectaría a uvas, manzanas, arándanos y al vino». Pinto afirma que «el mejor interlocutor son los importadores norteamericanos. Se requiere una articulación público-privada y que salgamos del argumento de que tenemos un TLC y que somos buenos socios. Ellos lo saben perfectamente. Aquí la discusión cambió y tenemos que verlo desde la perspectiva de Estados Unidos», afirma.
¿Qué estrategia aplicaría?
«Los exportadores, los gremios deben conversar con sus contrapartes allá y con sus potenciales compradores; con los privados de allá para que convenzan a su gobierno, estrategia que tiene que ser coordinada por Cancillería. Se debe identificar la cadena de valor de los productos exportados de Chile y los actores clave que pueden influir en el gobierno norteamericano y coordinar los comentarios de ellos al USTR. Hay que saber que todo lo que acordemos en este acuerdo presionado, será parte del TLC, será ley de la República. Es definito».
