La semana pasada, dos escorts fueron asaltadas violentamente
La abogada Adela Gómez afirma que si los vecinos se organizan, pueden restringir el uso de estos inmuebles.
La sensación de inseguridad se ha instalado como un inquilino indeseable en un edificio ubicado en la avenida Las Condes a pocas cuadras de Estoril, donde la madrugada del lunes 24 de junio, sus vecinos se despertaron por causa de los gritos y golpes que se escuchaban en uno de los departamentos del séptimo piso.
En el inmueble había dos escorts brasileñas que habían arrendado el departamento a través de la aplicación Airbnb y que habían sido golpeadas por cuatro ciudadanos venezolanos. Como si eso no bastara, para escapar de la policía los delincuentes se fueron descolgando hacia abajo, llegando hasta el segundo piso, donde intimidaron a un residente con una pistola.
Más allá de ese hecho puntual, Juan Pablo Pérez, quien vive en el mismo piso en que ocurrieron los delitos, se preocupa por la falta de seguridad que genera el negocio de la renta de departamentos por días.
«Ésta es la primera vez que ocurre algo así. Ya no nos sentimos seguros, sobre todo luego que ha quedado claro que ni las cámaras, ni las alarmas, ni el conserje, sirvieron para evitar esta intromisión, donde hasta hubo armas de fuego», comenta el residente, quien cuenta que son varios los departamentos de su piso que se arriendan a través de aplicaciones.
«Hay tres o cuatro que se ocupan por Airbnb y el problema es que en caso de robos, ataques o destrozos en el edificio, la aplicación no responde», se queja Pérez, que considera «injusto que algunos propietarios ocupen sus departamentos para por aplicaciones, ya que ponen en riesgo al resto de los vecinos, a los que elegimos este lugar para vivir, no para comerciar».
Lo mismo piensa otra de las residentes, quien solo se identifica como María. «No quiero que sepan que reclamé, porque si la prostitución llegó a este edifico, es probable que haya más departamentos en lo mismo, porque estas mafias sexuales trabajan en red», afirma.
Hay solución
Lo bueno es que no todo está perdido para aquellos residentes que se sienten perjudicados por la renta de unidades a través de aplicaciones. Así lo aclara la abogada de la Universidad Católica Adela Gómez (@la_civilista en Instagram), quien llama a los vecinos «a unirse para cambiar el reglamento de copropiedad, prohibir esta práctica y permitir que el comité de administración aplique multas directamente». Eso sí, la Ley de Copropiedad 21.442, exige algunos requisitos.
«Debe llamarse a una asamblea extraordinaria de mayoría absoluta, lo que significa que las modificaciones al reglamento de comunidad deben ser aprobadas por más de la mitad de los propietarios», explica la abogada. También recuerda que la modificación debe constar en escritura pública ante notario y ser inscrita ante el Conservador de Bienes Raíces.
Sobre los daños que los inquilinos transitorios puedan hacer en los espacios comunes de los edificios, es clara. «Quien debe responder ante la comunidad del edificio, es el propietario de la unidad causante del problema, porque Airbnb es solo una plataforma en que se reúnen arrendatarios y arrendadores», dice.
Sin el casco
Para todas aquellas comunidades que son difíciles de reunir o que tardan en llegar a acuerdo, el excoronel de Carabineros Guillermo Benítez tiene algunos consejos eficientes e inmediatos.
«Deben identificarse todas las persona que ingresen al edificio, cosa que tanto delincuentes, como los clientes del comercio sexual, sepan que pueden ser identificados», recomienda el asesor en seguridad.
«Otra cosa importante es que a la identificación visual, se sume su documentación. Ahí no es suficiente que se pregunte su identificación, hay que ver su carnet o pasaporte», asegura el ex uniformado, quien comparte un dato: los conserjes certificados por el OS-10 de Carabineros tienen la capacidad de reconocer documentación falsificada».
Además, pide que «por ningún motivo los repartidores suban a dejar sus entregas, ni entrar con el casco puesto». Lo mismo rige para trabajadores de empresas de servicios, como cable, agua o gas que se encuentren trabajando en el edificio.
«Sin embargo nada es más eficiente que la ayuda mutua y conocerse entre vecinos, porque no es necesario llegar a ser amigos, para tener algo tan simple y cotidiano como un chat del edificio o del piso», propone.
«Quien debe responder ante la comunidad del edificio es el propietario de la unidad causante del problema, porque Airbnb es solo una plataforma en que se reúnen arrendatarios y arrendadores», Adela Gómez, abogada de la Universidad Católica.
