Doce médicos extranjeros reconocieron su responsabilidad, tres de ellos serán expulsados
Es un hecho inédito en términos penales, comentó el fiscal Miguel Ángel Orellana.
Rivaldo y Donado vendieron 17.851 licencias en total. Como el negocio empezó a dar frutos comenzaron a contratar médicos extranjeros para que los ayudaran con su emprendimiento ilegal. Con ellos comercializaron 71 mil licencias más.
Los «pacientes» las compraban a través de las redes sociales y luego concretaban los detalles por WhatsApp. Los precios eran variables. Para los afiliados a Fonasa el valor era más económico: de uno a 11 días $35.000; de 22 a 30 días $75.000.
En el caso de los clientes de isapres los montos oscilaban entre $75.000 y $95.000. Dependía de la cantidad de días emitidos.
En esta red había captadores que conseguían «clientes». Ellos recibían una remuneración acorde a los días de reposo que solicitaran. Cinco de estos intermediarios están en prisión preventiva, también esperando el inicio del juicio oral.
Los compradores
Este miércoles en una audiencia de procedimiento abreviado se fijaron las condenas para algunos de los imputados. Veintiocho «pacientes» se presentaron, tanto de manera presencial como vía zoom, para escuchar la resolución del juez Carlos Muñoz.
El fiscal Miguel Ángel Orellana describió el actuar de estos compradores. «Entre los años 2021 y 2022, siendo usuarios de Fonasa, obtuvieron licencias médicas en conocimiento de que no obedecían a una atención médica real», dijo.
Las licencias fueron adquiridas, agregó, «a los diversos centros médicos involucrados (empresas falsas creadas por Samir Rivaldo y Yesica Donado) y detectados en esta investigación, en los cuales emitían los médicos acusados». En conjunto compraron 280 licencias fraudulentas, obteniendo «el pago de subsidio por incapacidad laboral improcedente, correspondiendo a un monto de $194.155.140».
Todos los que aceptaron la suspensión condicional del procedimiento -con lo que evitan ir a juicio- recibieron la misma sanción: fijar domicilio ante el 14° Juzgado de Garantía y el pago del total de los subsidios recibidos por incapacidad laboral improcedente. Esta deuda deberá ser saldada hasta en 36 cuotas -los días 5 de cada mes- en la cuenta corriente del tribunal.
«La condición del pago total de subsidios por incapacidad laboral improcedente es un hecho inédito en términos penales. Demuestra que esta investigación no sólo investigó a los médicos, sino a quienes compraban estás licencias», celebró el fiscal Orellana.
Rodrigo Varela, abogado querellante en representación de las isapres Colmena, Cruz Blanca y Consalud, valoró la condena. «Esta sanción ratifica que tanto el que vende -el médico- como el comprador -el afiliado- tienen una misma sanción penal».
Los médicos
La segunda parte de la audiencia de procedimiento abreviado estuvo dedicada a establecer las responsabilidades y sanciones de 12 médicos extranjeros. Hay otros diez que están en prisión preventiva con los líderes de la banda, esperando el juicio oral, y otro más que se encuentra prófugo.
Los cargos en su contra fueron leídos por el persecutor. «Emisión de licencias médicas falsas, obtención fraudulenta de subvenciones del Estado y asociación ilícita. Todos ellos previstos y sancionados en los artículos 193°, 368° y 292° del Código Penal, en calidad de autores y en grado de desarrollo consumado».
Las penas solicitadas por la Fiscalía Oriente como sanción a la emisión de licencias falsas son 668 días de presidio menor en su grado medio, multas de 50 UTM ($3.259.100) e inhabilidad para emitir licencias médicas mientras dure la condena para cada acusado.
Por el delito de obtención fraudulenta de subvenciones del estado, tres años y un día de presidio menor en su grado máximo y multas de 100 UTM ($6.518.200). Mientras que por la asociación ilícita, 61 días de presidio menor en su grado mínimo.
Tres de los médicos acusados -los colombianos Kevin Pérez Cartagena, Harrinsson González Murcia y Cristian Ledesma Vargas- serán expulsados de Chile. «A criterio del Ministerio Público estas personas ingresaron al país sólo con el objeto de cometer este delito. Ellos no tenían un arraigo familiar o social que permitiera entender que la comisión del delito no era un hecho específico», detalló el persecutor.
Sus defensas aceptaron las solicitudes. Sin embargo, el juez Muñoz, debido a que la maratónica audiencia se extendió por casi ocho horas, decidió dejar el veredicto para el martes 9.
«Estas personas van a ser expulsadas del país. Falta definir en qué lugar y bajo qué condiciones de control van a ser expulsadas. Ellos se han mantenido con arresto domiciliario total durante todo el proceso», explicó el fiscal a la salida.
La decisión del juez de suspender la audiencia se generó a raíz de una petición de los abogados defensores: «La posibilidad de abonar a sus condenas las medidas cautelares, en particular la referida a la inhabilidad de los acusados de emitir licencias médicas».
