Fiscalía lo acusa de participar en la inhumación ilegal del cuerpo de la joven de 19 años
El otro detenido quedó con arresto domiciliario total.
La mañana de este domingo se desarrolló la formalización de Kevin Aillapán Carroza y Luis Armando Inostroza, alias «El Krosty», por su presunta participación en el secuestro y homicidio de Krishna Aguilera, la joven de 19 años asesinada a comienzos de octubre en San Bernardo, causa que, con estos dos nuevos involucrados, ya suma nueve detenidos.
Según expuso el Ministerio Público, Luis Inostroza fue formalizado como autor del delito de secuestro con homicidio, quedando en prisión preventiva. Kevin Aillapán, en tanto, fue formalizado como encubridor y quedó con arresto domiciliario total, arraigo nacional y prohibición de acercarse a la víctima.
El abogado de la familia, Pedro Díaz, detalló que «fueron los dos formalizados por el delito de secuestro con homicidio, uno en calidad de autor y el otro en calidad de encubridor». Respecto a Aillapán, el jurista subrayó su estrecho vínculo con Juan Beltrán, principal sospechoso del crimen: «Fue detenido junto con Beltrán cuando la policía lo detiene saliendo y cambiándose de casa», señaló. Para Díaz, esa cercanía refleja un nivel de participación mayor al que ha planteado la defensa: «Yo no diría tanto que es soldado, sino que un poquito más».
Díaz insistió en que el caso revela una estructura delictiva con roles definidos. «Este es una organización estructurada, digamos, con jefatura. Es una organización criminal», afirmó.
En la audiencia surgieron elementos que llamaron la atención, entre ellos la referencia de uno de los imputados al uso de cal para ocultar restos, comparándolo con el caso de Fernanda Maciel. Según Díaz, previo al hallazgo del cadáver los formalizados tenían una hipótesis: «mientras no encuentran el cuerpo ellos creen que no hay condena». Esto, sumado al uso de cal, permitiría perfilar un modus operandi relevante para futuras diligencias.
Díaz confirmó que Aillapán «cooperó entregándose», aunque advirtió que la prioridad ahora es acceder a la carpeta investigativa para evaluar nuevas solicitudes: «Lo importante es que estamos en la búsqueda del autor material». El tribunal fijó un plazo de 120 días para la investigación.
Pese al dolor, la familia valoró el avance procesal. «La familia está bastante conforme con el actuar de la Fiscalía… ha permitido tener a estas personas privadas de libertad», cerró el abogado.
