Senadores aprobaron la nueva normativa y ahora pasa a votación en la Cámara
La senadora Paulina Vodanovic (PS) explicó que se trata de un sistema para interceptar llamadas y es usado en Canadá, Alemania, Suecia y Estados Unidos.
La sala del Senado aprobó al cierre de esta edición el proyecto de ley que determina conductas terroristas y fija las penas a aplicar. La iniciativa define la asociación terrorista como: «Toda organización de tres o más personas, con acción sostenida en el tiempo, formada para cometer los delitos», con el fin de «socavar o desestabilizar las estructuras políticas, sociales o económicas del Estado», que cometan delitos graves como secuestro o sustracción de menores, homicidio o lesiones, incendios que pongan en peligro a las personas, ataques con explosivos, corrosivos, o con armas químicas, biológicas, delitos informáticos, entre otros.
También se crea la figura del «lobo solitario» para el terrorismo individual «conexo» (personas que actúan solas y adhieren a los fines de una organización terrorista) o «inconexo» (actos terroristas independientes). Se sanciona, además, a quienes financien el terrorismo proveyendo fondos a una asociación o lobos solitarios, aunque no formen parte de la organización. Se agrega un agravante a funcionarios públicos que cometan actos terroristas.
Celulares
El artículo 13 del proyecto permite que la Fiscalía solicite autorización a un juez «para intervenir una o más redes de servicios de telefonía o de transmisión de datos móviles mediante la operación de tecnologías que simulen sistemas radiantes de transmisión de telecomunicaciones cuando existan fundadas sospechas, basadas en hechos determinados, de que la información que se recopile será relevante para la investigación», y agrega que «se podrán recopilar todos los metadatos y datos que se transmitan a través de dichas redes», durante 15 días y el juez indicará el plazo para borrar la información que no sea útil. Esta técnica es conocida como «Imsi catcher».
Sobre las técnicas investigativas especiales, la senadora Paulina Vodanovic (PS) explicó que es «una tecnología utilizada en países como Canadá, Alemania, Suecia, Estados Unidos, denominada genéricamente como Imsi catcher que fue valorada por el propio fiscal nacional. La función de esta tecnología es servir como una antena de telecomunicaciones que, dependiendo del nivel de energía con que se emplea, hace que todos los celulares circundantes se conecten pasivamente a ella y dirijan sus comunicaciones a través de esta».
Agregó: «Permite, según el nivel de software, la geolocalización, obtención de meta datos, interceptación o bloqueo de telecomunicaciones de los celulares y aplicaciones de los mismos que el operador determine, dado que puede ser operado directamente por la policía o el Ministerio Público no requiere la cooperación ni la entrega de información por parte de las compañías de comunicaciones, ni conocer específicamente el número de teléfono del sujeto investigado, ya que opera primeramente con la identificación del número de la tarjeta SIM de cada celular. Considerando que por su misma configuración puede obtener información de los sujetos investigados y de terceros, el artículo obliga a que la resolución judicial que autorice su utilización establezca el plazo para que el Ministerio Público elimine o anonimice la información obtenida que no forme parte de la investigación y que además acredite ante el mismo tribunal la eliminación o anonimización señaladas». (Lea más detalles sobre esta técnica aquí: ).
A la chilena
La senadora PS agregó que el Ejecutivo se comprometió a revisar la redacción de este artículo «para que no quede duda de la compatibilidad de este sistema con las garantías y derechos que nuestra Constitución establece».
La ministra del Interior, Carolina Tohá, destacó que las normas propuestas, incluidas las técnicas especiales de investigación «constituyen en su conjunto una formulación chilena de ley antiterrorista que toma experiencias de otros países y que las combina de una forma que es superior a todo lo que habíamos intentado».
El senador José Miguel Insulza (PS) acotó que no deberían definirse por una sola técnica «porque las técnicas en este mundo están cambiando todos los días y ponerle una forma específica de intervención, por avanzada que sea, me parece un poquito innecesaria». También hubo críticas sobre la posible afectación a personas inocentes.
Felipe Kast (Evópoli) destacó que la iniciativa «primero, permite anticiparnos; segundo, no genera incertidumbre y, por lo tanto, se puede aplicar; tercero, permite que tengamos facultades investigativas especiales».
