Cámara despachó el texto que entra en vigencia el próximo 1 de julio
se ha entendido la urgencia de poder legislar y dar más certezas y más herramientas educativas, así como también dar señales claras de que la violencia y los delitos no deben tener lugar en el espacio educativo, dijo la ministra de Educación, María Paz Arzola.
La ley 21.809 sobre convivencia, buen trato y bienestar de las comunidades educativas -llamada en tono coloquial ‘escuelas Protegidas'- fue aprobada en la Cámara, en tercer trámite legislativo, y quedó lista para entrar en vigencia el próximo 1 de julio como una nueva ley del Estado. El texto recibió 105 votos a favor y 46 en contra; mientras que varios congresistas opositores presentaron reserva de constitucionalidad. El gobierno se anotó un punto importante de la mano del ministro José García Ruminot y de la subsecretaria de la Segpres, Constanza Castillo.
Uno de los aspectos más polémicos de la normativa, cuyo propósito es resguardar la seguridad en los colegios y mantener la buena convivencia escolar, se refiere a la facultad de los establecimientos educacionales de revisar las pertenencias de los estudiantes, como bolsos o mochilas, y bolsillos.
Revisión opcional
‘El personal autorizado podrá disponer de una revisión excepcional e individual en un lugar privado dentro del establecimiento. Ésta deberá realizarse respetando estándares mínimos de resguardo y protección de los derechos del estudiante', detalla el articulado. Sí cabe precisar que cada colegio o escuela debe decidir internamente si va a incluir esta ley en su reglamento interno, puesto que no es obligatorio hacerlo.
Para estos efectos, añade, ‘la diligencia deberá efectuarse en presencia permanente de, al menos, dos personas adultas pertenecientes al establecimiento, una de las cuales deberá integrar el equipo de convivencia escolar, resguardando en todo momento la dignidad e intimidad del estudiante y evitando cualquier exposición pública'.
Registro
Luego de la revisión, se reglamenta el levantamiento de ‘un registro escrito y firmado por el personal señalado precedentemente, en el que se individualice al estudiante, a las personas adultas presentes, los motivos fundados que justificaron la medida, los elementos encontrados, y la hora de inicio y término de la diligencia. Una copia de dicho registro deberá ser entregada al estudiante y a su madre, padre o apoderado, junto con información clara acerca de los mecanismos de reclamo disponibles'.
La norma establece que ‘los establecimientos podrán contemplar en sus reglamentos internos la facultad de solicitar al estudiante mostrar o vaciar el contenido de los bolsillos de su vestimenta. Esta solicitud deberá efectuarse sin contacto físico con el estudiante ni exposición innecesaria de su persona'.
En este aspecto hay excepciones: ‘Tratándose de estudiantes con discapacidad, necesidades educativas especiales, trastorno del espectro autista, condiciones de neuro divergencia o sensibilidades sensoriales acreditadas, la revisión sólo podrá efectuarse con el acompañamiento previo y permanente, durante toda la diligencia, de un profesional del Programa de Integración Escolar o del equipo de convivencia con formación específica, previa contención emocional adecuada'.
Si en las revisiones se encuentran elementos potencialmente peligrosos, habrá obligación de comunicarle a los padres o apoderados, y a Carabineros o la PDI. Si los estudiantes se niegan a la revisión, los padres deberán retirar las pertenencias, mientras que el sostenedor deberá notificar de esto a la Oficina Local de la Niñez.
Gratuidad
Se preceptúa que quienes resulten condenados por delitos contra la vida, la integridad física o la indemnidad sexual, y contra la propiedad, pública o privada, perderán la gratuidad en la educación superior.
Además, los adultos condenados por delitos contra profesores o asistentes de la educación no podrán suscribir contratos con el Estado por tres años. Tampoco podrán entrar a los establecimientos quienes hayan agredido física o verbalmente, o por medios digitales, a un funcionario del plantel o a un estudiante.
La normativa faculta a los sostenedores, con acuerdo del Consejo Escolar o de la comunidad educativa, según corresponda, ‘implementar recursos tecnológicos destinados a identificar o detectar armas, artefactos incendiarios u otros elementos similares que pongan en riesgo la vida o la integridad física de quienes integren la comunidad educativa'.
Luego de la votación, la ministra de Educación, María Paz Arzola, aclaró que los eventuales sancionados con la gratuidad ‘no implica que no van a poder ingresar a la educación superior. Lo único que implica es que no van a poder hacerlo en virtud de este beneficio por un plazo de cinco años; y también quienes cometan delitos posteriores a haber adquirido el beneficio quedan sujetos a la misma inhabilidad'.
Respecto de la revisión de mochilas, la secretaria de Estado destacó que ‘se le incorporaron resguardos para proteger el bienestar de ese estudiante'. Agregó que ‘se ha entendido la urgencia de poder legislar y dar más certezas y más herramientas educativas, así como también dar señales claras de que la violencia y los delitos no deben tener lugar en el espacio educativo'.
Tribunal Constitucional
El diputado socialista Juan Santana anunció reserva de constitucionalidad, es decir, abre posibilidad de recurrir al Tribunal Constitucional, de algunas normas, ‘principalmente porque existe una vulneración a principios que contravienen finalmente la privacidad, la honra de las personas y el acceso al derecho a la educación'.
Acentuó que ‘este proyecto no solamente vulnera normas que hoy día existen en nuestro marco institucional, sino que, además, no resuelve el problema que traza esta iniciativa, que tiene que ver con la violencia en los establecimientos'.
– Estudiante agrede a docente con arma que guardaba en su mochila
Justo el día en que se despachó la nueva ley de ‘escuelas Protegidas', un estudiante de Quinta Normal amenazó y agredió a un docente con un arma de fuego que escondía en su mochila, la que posteriormente se determinó que era de fogueo. Según detalló Carabineros, el incidente comenzó cuando el alumno de 14 años fue sorprendido consumiendo sustancias ilícitas en el establecimiento, ante lo cual personal docente llamó a su apoderado. Esto descontroló al alumno, quien sacó de su mochila un arma, amenazó y luego agredió a uno de los profesores, quien terminó con lesiones leves. Carabineros logró la detención de menor, quien tenía antecedentes penales.
