Jueza deja con arresto domiciliario a Catalina Pérez: «Está dispuesta a falsear mucha información»

Por inventar una sede para la fundación Democracia Viva la magistrada del Juzgado de Garantía de Antofagasta, Claudia Campusano, mandó con arresto domiciliario a la diputada desaforada Catalina Pérez, formalizada este lunes por tres delitos de fraude al Fisco en el marco de la investigación de convenios truchos por 426 millones de pesos entregados a la cuestionada ONG. «Se tomó en consideración que se falsearon datos en relación al domicilio (de la fundación), también se teme que la imputada pueda falsear datos en el futuro que pueda perjudicar el éxito de la investigación. Faltando a la probidad administrativa y a la fe pública, esta juez estima que la imputada es un peligro para la seguridad de la sociedad, hechos que no pueden ser ignorados por el tribunal, tomando en cuenta las actitudes poco probas», dictaminó la jueza, siendo taxativa en el acápite sobre que la parlamentaria habría ideado una sede ficticia para la cuestionada fundación.

Por eso Campusano insistió que en la audiencia se «han dado a conocer conversaciones de WhatsApp que develan una actitud bastante cuestionable de la imputada en cuanto a querer ocultar el hecho de que el domicilio que se fija en su oportunidad para la fundación era un domicilio falso, del cual ella estaba en conocimiento. Y que da instrucciones y está dispuesta a falsear mucha información, como que se pongan logos en la puerta, como que se hable con un conserje, etcétera. De aquello se puede deducir que, efectivamente, hay una intención de ocultar otras actitudes pretéritas, por mucho que la defensa diga que los hechos se situaron con antelación».

Y agregó: «Esta juez tuvo por acreditados que existen antecedentes que justifican la existencia de tres delitos de fraude al Fisco, en lo que se tuvo en consideración que el imputado Contreras consideró los lazos de amistad y afinidad política con la imputada doña Catalina Pérez, y por eso suscribe los convenios con Democracia Viva, beneficiando al que era la pareja de la imputada, el señor Andrade. Se tuvo por acreditado que la imputada tenía el conocimiento expreso que este convenio se suscribe sin que la fundación cumpliera con los requisitos básicos».

A las 8:13 AM, Catalina Pérez (con militancia FA suspendida) llegó al juzgado de Garantía de Antofagasta, acompañada por sus padres, su abogado defensor, en absoluto silencio, y con la mirada fija en un punto del horizonte que la hacía parecer como inconsciente de su realidad, así hizo ingreso a la sala donde fue formalizada. ¿Por qué tres delitos? Según expuso el fiscal regional de Antofagasta a cargo de las indagatorias, Cristián Aguilar, tiene que ver con cada uno de los tres traspasos de dinero irregulares desde el Serviu antofagastino a la fundación Democracia Viva, en total: 426 millones de pesos. Los tres convenios se suscribieron en las siguientes fechas: $200.000.000 el 17/10/2022; $170.000.000 el 29/11/2022; y $56.000.000 el 19/12/2022.

El abogado querellante a nombre de la UDI, Pablo Toloza, afirmó: «Existen antecedentes suficientes para pedir la medida cautelar de mayor intensidad, porque es un delito reiterado de fraude al Fisco. Hay una participación de la diputada Pérez desde antes de la suscripción de los convenios, durante la suscripción de los convenios y posterior a que se da a conocer este escándalo (en junio de 2023, en una nota en el medio regional Timeline). Ella es una de los cuatro autores de los tres delitos reiterados de fraude al Fisco».

 La Fiscalía defendió la tesis que tanto Pérez como los otros tres imputados en la causa, Andrade, Contreras y la exconcejal Paz Fuica se pusieron de acuerdo para idear una estrategia para acceder a platas públicas del «Programa de Asentamientos Precarios del Ministerio de Vivienda (PAP)» para Antofagasta, con fines políticos. «Esta fundación fue creada por el partido Revolución Democrática para potenciar al partido desde el punto de vista político (RD, que luego se fusionó para formar el Frente Amplio)», advirtió Aguilar. Por esta razón el fiscal pidió preventiva para Catalina Pérez, pero al término de la audiencia el juzgado decreto la medida cautelar de arresto domiciliario total y arraigo nacional.

Tanto en la solicitud de desafuero de Pérez, como lo reiteró este lunes en su formalización, la Fiscalía sostuvo que las conductas que se le imputan son, en primer lugar, «ponerse de acuerdo con su amigo, el exseremi Contreras, para que éste invitara Democracia Viva por medio de su representante Daniel Andrade, para ser considerada como una institución competente y con experiencia para suscribir tratos fiscales por el programa PAP, relativos especialmente a obras de habitabilidad primaria en la Región de Antofagasta, lo que se concretó el día 14 de julio de 2022. Lo anterior se habría materializado con el envío de un correo electrónico de invitación por parte Alfonso Legunda, jefe del Departamento de Planes y Programas de la Seremi Minvu de Antofagasta, a Andrade, en representación de Democracia Viva, con la finalidad que esa institución fuera receptora de los fondos públicos».

También expuso que Pérez propició que la ONG postulara a los programas de inversión y ayuda para que pudiera adjudicarse fondos fiscales del PAP, en conocimiento de que ni Democracia Viva ni que su expareja tenían experiencia en trabajos en campamentos. Y se expusieron chats de WhatsApp (entre Pérez, Contreras y Andrade) y testimonios de testigos para fundamentar que la diputada sabía de los convenios desde julio de 2022, y sabía de un falso contrato de arriendo entre Andrade y una militante de RD, Cecilia Millán, que facilitó su departamento en Ñuñoa para hacer como que era la sede de la fundación Democracia Viva y con eso, «justificar un domicilio para realizar el trámite de iniciación de actividades en el Servicio de Impuestos Internos».

 Y como agregado, según la Fiscalía, Pérez le habría explicado a Andrade cómo hacer que el departamento pareciera una sede de verdad, esto cuando el caso ya había estallado, «lo que se concretó mediante las siguientes indicaciones: poner un logo de la fundación a la puerta, el que acondicionaran el lugar como una oficina y que hablaran con el conserje del edificio para que señalara que en el lugar efectivamente funcionaba Fundación Democracia Viva, ofreciendo incluso dinero para cumplir dicho objetivo», planteó el ente persecutor. En resumen, se la acusó de transgredir «el principio de probidad dada su condición de funcionaria pública».