Hay al menos 19 víctimas y $115.000.000 con destino desconocido
Realizaba hasta charlas sobre cómo emprender con herramientas de baja inversión.
Sonia Mendoza Ferrada fue detenida por la PDI esta semana y, tras ser formalizada por el Ministerio Público por el delito de estafa reiterada, quedó con arresto domiciliario total. La mujer acumula más de nueve querellas interpuestas por personas que creyeron que algunas de las empresas con que se presentaba -Time to Eat, Vía Gourmet, Building Store y Lo Spazio- las ayudaría a convertirse en emprendedores gastronómicos.
En redes sociales ella se presentaba con títulos rimbombantes. «Máster en comercio internacional, fundadora y directora de Time to Eat, con más de 13 años en emprendimientos, obtención de financiamientos Corfo, experta en materias inmobiliarias ligadas a la gastronomía», dice un afiche suyo, promocionando una charla sobre cómo emprender en locales de uso gastronómico con herramientas de baja inversión. El evento se realizó el 23 de enero de 2024 en la calle Merced.
La PDI comenzó a investigar a Mendoza el año pasado, pero las denuncias en su contra venían desde 2023. Aunque el subprefecto David Castro, jefe de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos Metropolitana, estima que podría haber estafas más antiguas de personas que nunca fueron a la policía por vergüenza. Cree que ella comenzó a estafar alrededor del año 2016.
Pese a que Mendoza no declaró ni ante la policía ni a la Fiscalía, los testimonios en su contra permitieron reconstruir su forma de operar. Castro detalla que la mujer ofrecía sus servicios principalmente por la plataforma Yapo.cl. «Decía que gestionaba ventas de carros de comida tipo food truck y también puntos de venta en universidades, galerías y malls. Para ganarse su confianza les hablaba de lugares muy conocidos y concurridos y apenas podía los citaba a una reunión presencial».
Cuando un interesado la contactaba, de inmediato pedía dinero. «Les decía que necesitaba para hacer diferentes trámites, comprar los carros, la patente, ver las instalaciones y conseguir los permisos», explica el subprefecto.
Luego de eso, la mujer simplemente desaparecía. Nos respondía su teléfono y bloqueaba sus mensajes. Cuando sus clientes iban al mall, universidad o galería donde supuestamente instalarían sus carros de comida, terminaban por convencerse que habían sido víctimas de una estafa.
Castro dice que en la actualidad hay 19 personas afectadas y que el monto del perjuicio fluctúa entre $100.000.000 y $115.000.000. «Las empresas las iba abriendo y cerrando a medida que la gente se daba cuenta que la habían estafado y la denunciaban en redes sociales. Durante nuestra investigación, entrevistamos a las víctimas, se efectuaron reconocimientos fotográficos, se logró obtener los comprobantes de transferencia y los contratos, firmados en notarías, que hacía esta mujer con las víctimas. Todos esos antecedentes nos sirvieron como medios de prueba para poder detenerla y luego formalizarla».
La mujer trabajaba con algunos familiares. Castro afirma que hay víctimas que perdieron $2.000.000, otros $4.000.000 y algunos hasta $20.000.000.
