Directora del Indh aborda rol del instituto en pensiones de gracia
No podemos decir específicamente cuáles son las secuelas médicas o sicológicas producto de la tortura, dice.
El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, responsabilizó en días pasados al Instituto Nacional de Derechos Humanos (Indh) de las fallas en el proceso de acreditación de personas lesionadas en el contexto del estallido social y que postularon a pensiones de gracia. Fueron 19 los beneficios cuestionados por Contraloría, de los cuales fueron aclarados 9, sin embargo, diez casos siguen bajo indagación. El ente contralor criticó tanto a Interior como al Indh por las fallas en los antecedentes médicos.
La directora del organismo, Consuelo Contreras, planteó que no era deber del Indh certificar médicamente las lesiones de víctimas durante el 18-O. «Desde el primer momento señalamos que el Indh no cuenta con todas las características ni puede cumplir los estándares para acreditar, como las comisiones Rettig y Valech lo han hecho antes en Chile, sin embargo, estábamos obligados por la ley del Presupuesto a seguir con este proceso adelante y nos organizamos de acuerdo a los recursos que teníamos en ese minuto», dijo y reiteró que «es necesario contar con una comisión calificadora», para este tipo de casos.
¿Cuál es el rol del Indh en las acreditaciones médicas para otorgar las pensiones de gracia?
«El Indh puede acreditar violaciones a los derechos humanos, pero no tenemos las competencias ni las experticias para acreditar las secuelas que la violación a los derechos humanos puede generar. Nosotros podemos decir ‘esta persona fue torturada' y presentar acciones legales frente a eso, pero no podemos decir específicamente cuáles son las secuelas médicas o sicológicas producto de la tortura».
¿Es lo que se les pedía para estos casos?
«Es lo que se pedía, y eso les corresponde a los servicios de salud. En el caso de las pensiones de gracia, la ley establece que esa acreditación debe hacerla el servicio médico público más cercano al domicilio de la víctima, y era algo que tenía que pedir el ministerio del Interior, entiendo, por las instrucciones que nos señaló el ministerio de la época».
¿En vez de acercarse al servicio médico público los afectados fueron al Indh?
«Por supuesto. Todos sabemos lo lentos que son los servicios médicos, la gente pide una hora y se la dan para ocho meses, un año más, y eso mismo ocurrió con muchas de las personas que sufrieron violaciones a los derechos humanos y, por tanto, cuando les hacen la atención médica, seguramente las heridas ya han ido sanando, ya no está en las mismas condiciones. La atención médica ha sido muy tardía».
¿Para las pensiones de gracia, médicamente, cómo operó el Indh?
«Nosotros allegamos a los antecedentes que teníamos la información médica que traía la víctima, le pedíamos a ellos que fueran a buscar sus antecedentes médicos y estos fueron los que allegamos a las carpetas. Tenemos equipos muy chiquititos, sin médicos, están conformados por abogados y profesionales de las ciencias sociales, no tenemos de las ciencias médicas, en ninguna sede».
¿Tuvieron apoyo del Colegio Médico, del Instituto Médico Legal u otra entidad?
«No, con el Colegio Médico tenemos un convenio, pero es para el trabajo normal del instituto, no para la acreditación de víctimas del estallido social, que fue una excepcionalidad».
¿O sea que en estos casos no hubo una evaluación médica?
«Nuestra, no, ninguna».
