Juan Francisco Villalobos recibe beneficio para víctimas de vulneraciones a los DD.HH. durante al estallido social
Los chilenos no podemos seguir financiando a delincuentes, dijo el diputado Andrés Longton (RN).
Un grupo de diputados de Renovación Nacional solicitó al gobierno una explicación del por qué se sigue pagando la pensión de gracia para víctimas de vulneraciones a los derechos humanos, en el contexto del estallido social, a una persona que está siendo investigada por la justicia. La consulta se hizo en relación a Juan Francisco Villalobos, formalizado por el delito de estafa en 2022, y quien tras ello se mantuvo prófugo hasta enero de 2024 cuando fue aprehendido por Carabineros. En 2019 el aludido ya había sido detenido por desórdenes públicos y robo en un supermercado.
Los diputados de RN Andrés Longton, José Miguel Castro, Diego Schalper y la diputada Carla Morales solicitaron dejar sin efecto el beneficio a través de una consulta por escrito al departamento de Acción Social, repartición dependiente del ministerio del Interior, encargada del estudio de revocación o invalidación de la pensión otorgada a Villalobos (quien recibe un monto cercano a los 600 mil pesos mensuales), de acuerdo a una calificación hecha por el Instituto Nacional de Derechos Humanos posterior al estallido en 2019.
La respuesta llegó a través de un oficio emanado por el mismo departamento de Acción Social donde se manifestó que «se llevó a cabo la investigación de 418 pensiones otorgadas, detectándose que un total de 69 personas contaban con anotaciones en sus extractos de filiación. Estos casos fueron evaluados por la Comisión Especial Asesora para el otorgamiento de pensiones de gracia, a partir de lo cual se dictaron decretos para dejar sin efecto 27 asignaciones. No obstante, el señor Villalobos, no estaba dentro del grupo con anotaciones, por lo tanto, su caso no fue reevaluado.
El oficio agrega: «Respecto de la legitimidad del proceso de calificación de las víctimas, no contamos con antecedentes que permitan establecer que en este caso particular no se dieran las condiciones que originaron la asignación del beneficio, puesto que, como se señaló anteriormente, el expediente del caso contaba con los requisitos establecidos para tal efecto». El documento está firmado por la jefa del departamento de Acción Social del ministerio del Interior, Sandra Guerra.
«Incomprensible»
El diputado Andrés Longton planteó: «La respuesta es incomprensible ya que a esta persona no solamente se le mantiene la pensión de gracia sino que, además, ni siquiera se revisan sus antecedentes donde con su sola declaración el Instituto Nacional de Derechos Humanos estimó que era meritorio de una pensión de gracia en una causa donde no hay ningún formalizado, ningún imputado y en una causa que está absolutamente detenida porque estamos frente a un delincuente que tiene causas por estafa, por lesiones y que estaba fugado de la justicia y que a pesar de eso todos los chilenos le seguimos subsidiando el diario vivir, incluso el pago de la fianza que tuvo que realizar para poder salir de la cárcel».
«Los chilenos no podemos seguir financiando a delincuentes y lo mínimo que tienen que hacer acá es revisar los antecedentes y dejar sin efecto estas pensiones de gracia porque mientras piden millones de recursos para poder hacer frente a distintos dilemas que vive nuestro país, paralelamente, el gobierno sigue financiando a delincuentes en perjuicio de millones de chilenos que tienen una infinidad de necesidades y que lamentablemente hoy día no son cubiertas precisamente por situaciones como esta», prosiguió.
La diputada Carla Morales (RN) declaró: «El ministerio del Interior y el Presidente Boric avalan tirar a la basura una pensión mensual de 600 mil pesos, sin ningún pudor. No se trata de una cuestión formal, se trata de imponer un estándar de probidad mínimo y, en ese sentido, no se puede aceptar una respuesta del gobierno en que se reivindica este despilfarro en favor de un prófugo imputado por estafa».
El también firmante de la solicitud de la revisión de la pensión Villalobos, diputado José Miguel Castro (RN), agregó: «Una vez más queda en evidencia que este gobierno defiende el octubrismo, manteniendo una pensión de gracia, con dinero de todos los chilenos, a una persona que tiene antecedentes policiales. Una persona que además contó con el aval del Instituto Nacional de Derechos Humanos, donde entregó una declaración que no fue contrastada. Es decir, de facto, se le favoreció. La Contraloría General la República emitió en su momento un informe en el que detectó más de 60 casos en que hubo irregularidades. Pese a todo lo que se sabe, el gobierno insiste en confirmar una pensión de gracia al señor Villalobos, quien, además, pagó en su momento su fianza con la plata de todos los chilenos, porque ya recibía el beneficio por parte del Estado. Por eso le digo a la ministra Carolina Tohá que es momento de revisar los antecedentes de los beneficiados con pensiones de gracia, y quitar todas aquellas entregadas personas con antecedentes».
Tanto el ministerio del Interior como la subsecretaría del Interior no se refirieron al tema.
