Ricardo Yáñez, Mario Rozas y Diego Olate son formalizados por sus roles entre octubre de 2019 y marzo de 2020
Se encontraba en posición y contaba con las facultades para impedir o hacer cesar los apremios ilegítimos, dijo la fiscal Chong sobre el exgeneral director.
Los exgenerales de Carabineros Ricardo Yáñez, Mario Rozas y Diego Olate enfrentaron este martes la primera jornada de la audiencia de formalización que solicitó la Fiscalía Centro Norte para informarles los delitos omisivos de apremios ilegítimos por los cuales se les investiga debido a sus roles durante el estallido social, específicamente entre el 18 de octubre de 2019 y el 31 de marzo de 2020. Esto, pese a las infructuosas gestiones de la defensa del exgeneral director Yáñez para aplazar la diligencia por motivos de salud del abogado que llevaba la causa.
La fiscal Ximena Chong mencionó ante el juez del Séptimo Juzgado de Garantía, Cristián Sánchez, la estructura jerárquica de la institución en ese momento, en que Rozas era el director general de Carabineros, Olate se desempeñaba como subdirector y el recién renunciado Yáñez era el director de Orden y Seguridad. «La posición de los imputados se inscribe a la época de los hechos dentro de los mandos estratégicos», dijo la persecutora y pasó a mencionar las supuestas omisiones en que habrían incurrido los generales, según la fiscalía.
Mario Rozas: Ximena Chong destacó que el general que encabezaba la institución estaba «obligado a emitir oportunamente órdenes orientadas a impedir o hacer cesar los apremios y a sancionar disciplinariamente a quienes incurren en ellos», y que no ordenó limitar el uso de gases lacrimógenos, escopetas antidisturbios, o impedir detenciones arbitrarias «de modo de impedir o hacer cesar los apremios ilegítimos y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes que el personal subalterno a su cargo y bajo su mando estaban cometiendo por medio de su uso. El imputado se mostró renuente a utilizar sus poderes disciplinarios, como se observa en afirmaciones que profusamente fueron expuestas por los medios de comunicación, como fue un audio del 13 de noviembre de 2019 en el que aseguraba que a nadie voy a dar de baja por procedimiento policial, aunque me obliguen, no lo voy a hacer».
Ricardo Yáñez: según expuso Chong, de él dependían «todos los mandos operativos de Carabineros, jefaturas de zona y diversas unidades policiales», dijo la fiscal, y agregó que «debía emitir órdenes, realizar evaluaciones periódicas e imponer sanciones disciplinarias, pudiendo incluso disponer cambios pertinentes. Se encontraba en posición y contaba con las facultades para impedir o hacer cesar los apremios ilegítimos u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes que se estaban produciendo. Agregó que «la cantidad de lesiones ocurridas por manifestantes y observadores durante el trimestre final del año 2019 imputados a funcionarios de Carabineros fueron conocidas por la dirección de Orden y Seguridad de la institución, por el imputado Yáñez Reveco, tal información era de público conocimiento, pero además, le fue encomendada esa tarea desde el ministerio del Interior y Seguridad Pública, de tal suerte que fueron datos remitidos periódicamente a dicha entidad», sostuvo Chong.
Sobre los apremios ilegítimos, la fiscal recordó las normas sobre el uso de armas para enfrentar disturbios y sostuvo que el 20 de noviembre de 2019, Yáñez «ordena la suspensión del uso de la escopeta antidisturbios en el nivel 4 de resistencia, restringiéndola solo al nivel 5». Para contextualizar, mencionó que el nivel de resistencia 4 se describe como el intento de lesionar a carabinero para resistir el control o evadirlo, pero no pone en riesgo su vida, mientras que el nivel de resistencia 5, potencialmente letal, se describe como el ataque a carabineros con armas o tácticas lesivas graves o potencialmente letales.
«En ninguno de los casos que pasamos a exponer, funcionarios de Carabineros, bajo el mando y subordinación de los imputados, prestaron ayuda a los lesionados, y en ninguno se produjo la detención del causante de las lesiones», sostuvo Chong.
Diego Olate: la persecutora afirmó que «frente al número de civiles lesionados por el accionar judicial, el subdirector se encontraba compelido a realizar acciones positivas para impedirlos o hacerlos cesar, todo ello en uso de sus facultades, lo que no ocurrió».
La fiscal Ximena Chong enumeró uno a uno los casos de trauma ocular y otro tipo de lesiones ocurridos durante el mencionado período; este martes alcanzó a detallar 139 casos de los alrededor de 240 que tiene la Fiscalía en la carpeta de investigación y que continuarán siendo expuestos en la segunda jornada de la audiencia, que se realizará este miércoles.
