Delitos originados tras la creación de una cátedra de la Universidad Complutense de Madrid
El magistrado suma la obtención de licitaciones públicas por parte de empresas de Barrabés, gracias a cartas de recomendación de Gómez en su condición de investigadora de la citada universidad.
«Tráfico de influencias», «corrupción en los negocios», «malversación de caudales públicos» y «apropiación indebida». Esos son los delitos por los cuales el juez español Juan Carlos Peinado procesó este lunes a Begoña Gómez, esposa del presidente de España, Pedro Sánchez. Los cargos están ligados a la forma en que Gómez implementó y creó la cátedra de Transformación Social Competitiva, en la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Con ello, la mujer junto a su asistente Cristina Álvarez y al empresario Juan Carlos Barrabés, quienes ayudaron a la esposa de Sánchez en la creación de la cátedra, irán a juicio.
El caso estalló en abril de 2024, cuando el sindicato anticorrupción «Manos limpias» denunció que el empresario Juan Carlos Barrabés, obtuvo licitaciones públicas debido a cartas de recomendación que le entregó Gómez. La investigación ha tenido momentos muy complejos para Sánchez, como el episodio en que tuvo que declarar ante el juez Peinado.
Respecto del «tráfico de influencias», el juez indica que, «desde la llegada de su esposo primero a la Secretaría General del PSOE y, sobre todo, a la Presidencia del Gobierno, se tomaron determinadas decisiones públicas favorables a la cátedra y al proyecto de Transformación Social Competitiva (TSC), que pudieron obtenerse mediante un aprovechamiento singular de su posición relacional», consignó el diario español «El Mundo».
Dentro de este delito, el juez incluye «la creación y configuración de la cátedra en la Complutense; la designación de su dirección funcional; la movilización de recursos universitarios y de interlocuciones institucionales para el proyecto». Además, el magistrado suma la obtención de licitaciones públicas por parte de empresas de Barrabés, gracias a cartas de recomendación de Gómez en su condición de investigadora de la citada universidad. «Apoyo que se articuló en una carta emitida en el seno de la UCM, firmada por la investigada Begoña Gómez Fernández, que a estos efectos tiene la consideración de autoridad o funcionaria pública», dijo en su argumentación Peinado. En breve, el juez señala que Gómez usó su condición de esposa de Sánchez para favorecer al empresario para obtener licitaciones. «Por ello, indiciariamente existe un intercambio entre la ayuda al proyecto de la investigada Begoña Gómez y apoyo institucional-académico a intereses empresariales del grupo Barrabés», indica el juez en su acusación.
El cargo de corrupción en los negocios está ligado a la construcción de una plataforma digital para la cátedra de Gómez en la Complutense, para lo cual Gómez consiguió, debido a su posición e influencia, que las tecnológicas Google, Indra o Telefónica trabajaran gratis. La apropiación indebida justamente se relaciona con esta plataforma que, según señala el juez Peinado, fue creada para la Complutense, pero no puesta a su disposición, sino que Gómez la anexó a una plataforma web personal.
En el caso de la malversación, Peinado indica que Gómez aprovechó el trabajo de empleada retribuida por la presidencia, su asistente Cristina Álvarez, para implementar la plataforma de su cátedra, tales como seguimiento, gestiones sobre el software, asistencia a reuniones técnicas y desarrollo de un proyecto tecnológico que después apareció vinculado con marcas, dominio y titularidad exclusiva de la propia investigada.
Cátedra
La cátedra de Transformación Social Competitiva (TSC) fue creada en octubre de 2020 mediante un convenio entre la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Reale Seguros y la Fundación «la Caixa». Su objetivo era formar a profesionales en la integración del impacto social en la estrategia de negocio. Begoña Gómez ejerció como codirectora de la misma, algo excepcional dado que no poseía una licenciatura oficial, hecho que la UCM justificó por su trayectoria profesional. Gómez dictó clases y lideró seminarios, siendo la responsable académica de facto hasta que la UCM decidió no renovar la cátedra en septiembre de 2024 debido al daño reputacional derivado del proceso judicial. Según los documentos de creación de la cátedra en el portal de la UCM, su objetivo era la generación de herramientas de gestión para que las empresas e instituciones pudieran medir y maximizar su impacto social y medioambiental. La cátedra se diseñó para un perfil de posgrado y profesional, y apuntaba a directivos y gestores de empresas, profesionales del sector público y profesionales en general.
