Ministerio Público solicitó arraigo nacional y firma quincenal para los exaltos mandos
No es efectivo que hayamos negado el estado de alteración del orden público, explicó la fiscal Ximena Chong.
Este lunes continuó la audiencia de formalización de los exgenerales de Carabineros, Ricardo Yáñez, Mario Rozas y Diego Olate, imputados por el delito omisivo de apremios ilegítimos. En la tercera jornada del trámite judicial, que inició el pasado 1 de octubre, la fiscal Ximena Chong, de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, continuó su exposición sobre el rol que cumplieron los altos mandos de la época para evitar excesos eventuales cometidos por la policía.
La persecutora explicó que el Ministerio Público fijo criterios para establecer las víctimas de supuestos apremios ilegítimos por omisión, que se componen de 228 casos incluidos en la carpeta de investigación, y que presentaron uno a uno en las dos primeras jornadas, el 1 y 2 de octubre.
Mencionó que el primero «fue que se tratara de lesiones ocurridas con armamento menos letal» como escopeta antidisturbio o carabina lanzagases, y agregó que es una infracción de reglamento, «en relación a la escopeta antidisturbio, que el disparo debe materializarse a 30 o más metros hacia el tercio inferior».
El segundo criterio fue «la presencia de funcionarios de Carabineros en el lugar» y que hayan sido dotados del armamento y se haya usado la munición, para lo que usaron los registros internos de la institución uniformada.
«Esto nos permite establecer que en el sector y horas que ocurren estos hechos, efectivamente, había funcionarios de Carabineros desplegados, de qué unidades eran, y cuál es el material de cargo fiscal con el que fueron dotados, que incluye material de protección, casco balístico, casco antidisturbios, chaleco antibalas, traje antiflama, el bastón de servicio y el armamento proporcionado junto con la munición a cada uno de esos funcionarios».
Por otra parte, la Fiscalía negó que hubiesen desestimado la situación en las calles o los ataques a uniformados: «No es efectivo que en el texto de la formalización ni en el contexto de la investigación, hayamos negado el estado de alteración del orden público, y tampoco resulta efectivo que se niegue la existencia de agresiones a Carabineros. Esta ha sido una línea investigativa que ha sido seguida por parte del Ministerio Público», explicó la fiscal y añadió que no solo han recolectado a nivel nacional los casos de apremios ilegítimos, «también hemos requerido del propio Carabineros que nos informe el número de funcionarios lesionados».
En la jornada, que continúa este martes, la Fiscalía Metropolitana Centro Norte solicitará la cautelar de arraigo nacional y firma quincenal para los exgenerales de Carabineros, Ricardo Yáñez, Mario Rozas y Diego Olate, imputados por el delito omisivo de apremios ilegítimos, a pocos días de que se cumpla el quinto aniversario del estallido social.
Chong entregó cifras sobre detenidos y lesionados, durante el periodo investigado desde el 18 de octubre de 2018 al 31 de marzo de 2020: «En base de apremios ilegítimos, nosotros tenemos 14.280 casos a nivel nacional, donde se concentran 2.615 denuncias en la Fiscalía Centro Norte. Respecto de las lesiones a carabineros, es decir, las que carabineros reporta en el contexto de la investigación, tenemos un total de 4.808 personas lesionadas, un 5%, 263 corresponden a lesiones graves; un 85%, 4.103 corresponden a lesiones leves; un 8%, 405 corresponden a lesiones menos graves, y un 1%, 37, eran de pronóstico reservado».
Los abogados de las defensas de los exgenerales, si bien no alcanzaron a exponer este lunes, presentarán durante sus alegatos cifras sobre personas con antecedentes policiales. Por ejemplo, del universo de 228 casos, 138 presentaron detenciones o denuncias por distintos delitos. De ellos, 39 están con algún tipo de medidas cautelares. Además, 25 personas están o pasaron por centros penitenciarios, uno tiene una orden vigente de aprensión y un caso tiene su situación migratoria vencida. En total se registraron 29.660 detenidos, según cifras de Carabineros, entre el 18 de octubre y el 31 de marzo. Agregan de los 228 casos, 57 presentan pensiones de gracia, y 29 de ellos cometieron delitos posteriores.
