La norma es parte del fast track legislativo en seguridad que debe ser aprobado con urgencia por el Congreso
Una de las formas de darle golpes certeros al crimen organizado es encontrar cuáles son las actividades comerciales ilícitas, pero también las lícitas que realizan para ocultar los recursos, advierte el diputado Jorge Alessandri.
«Una de las formas de darle golpes certeros al crimen organizado es encontrar cuáles son las actividades comerciales ilícitas, pero también las lícitas que realizan para ocultar los recursos», advierte el diputado Alessandri.
Perseguir la ruta del dinero es un concepto que se maneja entre las policías y los organismos encargados de combatir al crimen organizado. Atacar a las bandas delictuales donde más les duele, en su patrimonio económico, recalcan autoridades de gobierno y parlamentarios encargados de modernizar la legislación chilena en esta materia. Dentro de los 32 proyectos de ley que trae el fast track legislativo 2024-2025 en seguridad destaca la ley de Inteligencia Económica que «crea el Subsistema de Inteligencia Económica y establece otras medidas para la prevención y alerta de actividades que digan relación con el crimen organizado».
En su fundamento la norma dice: «Esta iniciativa busca perseguir la ruta del dinero proveniente del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos vinculados al crimen organizado, a través de nuevos métodos, tales como el análisis de datos, la trazabilidad de operaciones, el levantamiento del secreto bancario y la ampliación de rubros obligados a informar». Los tres cambios principales que traerá la nueva ley son:
1. Fortalecimiento de unidades de inteligencia. El texto plantea la creación de un «Subsistema de Inteligencia Económica, integrado por la Unidad de Análisis Financiero y el Servicio de Impuestos Internos y el Servicio Nacional de Aduanas, estos últimos a través de sus unidades de inteligencia que esta ley crea», para dirigir labores de inteligencia consistentes en «la recolección, evaluación y análisis de información sobre actividades relacionadas con delitos tributarios, aduaneros, económicos, lavado de activos, financiamiento del terrorismo, delitos sobre control de armas, o delitos vinculados al crimen organizado, incluyendo el de tráfico de estupefacientes y sicotrópicos y organización delictiva o criminal, entre otros», comenta el diputado RN Mauro González, enfocado en temas de seguridad.
2. Prevención y detección de operaciones económicas sospechosas. Por ejemplo, en materia de comercio exterior, se establece una obligación de iniciación de actividades para personas que operan en el comercio exterior realizando importaciones a Chile sobre cierta magnitud de dinero, a fin de facilitar las labores del Servicio de Impuestos Internos y el Servicio Nacional de Aduanas en materia de fiscalización de infracciones y delitos tributarios y aduaneros, y la persecución del crimen organizado. En materia tributaria, se propone el establecimiento de sistemas obligatorios de trazabilidad para rubros de difícil fiscalización y que están relacionados con el crimen organizado (por ejemplo, medicamentos, carne, cobre, automóviles, madera, tabaco, chatarra, alcoholes, fruta, etcétera).
El integrante de la comisión de Seguridad Ciudadana, diputado Jorge Alessandri (UDI), explica: «Este proyecto le da mayores herramientas al Estado como el poder tener inteligencia artificial que detecte anomalías en emisiones de facturas, notas de crédito y despacho, cruzando información para detectar actividades delictuales». Y destaca como herramientas complementarias para seguir la ruta del dinero mal habido, «el comiso o congelamiento de bienes sin condena, y el comiso por equivalencia, que es si se descubre una actividad ilícita por un monto determinado, poder decomisar inmediatamente una cantidad equivalente que ese mismo grupo criminal tenga en una actividad lícita de fachada, lo que se da, por ejemplo, en el robo de madera que financia el terrorismo».
3. Más facultades para la CMF. El proyecto propone fortalecer «las facultades de investigación de la CMF (Comisión para el Mercado Financiero) a través de la incorporación de atribuciones como citaciones a declarar y la solicitud de medidas intrusivas y de auxilio de la fuerza pública, a la vez que se aumentan las penas a quienes obstaculicen sus labores de fiscalización». Además, «se establecen sanciones graves para quienes trasladen bienes de manera ilegal, sea porque estas mercancías no hayan cumplido las exigencias legales relativas a la declaración y pago de los impuestos que graven su producción o comercio, o se trate de bienes falsos, o cuya comercialización se encuentra prohibida»
Se introduce también el concepto de presunción de un ilícito, «respecto de operaciones efectuadas por personas sin un patrimonio que permita respaldarlas para efectos de procedimientos de fiscalización del SII, pudiendo requerir más antecedentes y, con ello, detectar inmediatamente acciones sospechosas. Lo mismo aplicará para quienes se encontraren actualmente querellados, formalizados o acusados por delitos tributarios u otros vinculados al crimen organizado».
«El crimen organizado implica enriquecerse a través del delito, pero para poder mover y utilizar esa riqueza, esta tiene que pasar por la economía formal», explica el ministro de Hacienda Mario Marcel. En cuanto a la posible aprobación de esta ley, esta otorgaría, por ejemplo, «el levantamiento del secreto bancario para la UAF sin autorización judicial en el marco de la investigación de operaciones sospechosas, el aumento de los estándares respecto de quienes ejerzan el control de bancos, instituciones financieras y otras entidades fiscalizadas por la CMF».
Puede consultar el detalla del texto legal en el buscador de la web cámara.cl, con el siguiente N° de boletín 15.975-25, o en el link ().
