La ley permite utilizar el ahorro obligatorio para cancelar este compromiso con los hijos e hijas
La cuenta obligatoria de la AFP se ha transformado en el único medio para cancelar la pensión alimenticia, dice Begoña Farías, abogada experta en derecho de familia.
En los 15 meses de aplicación de la Ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Deudas de Pensiones de Alimentos se cancelaron $486.715.159.000 (alrededor de US$515.000.000) con los fondos previsionales que mantenían en las AFP las personas deudoras de alimentos, según la Superintendencia de Pensiones.
Esta norma les entregó la potestad a los jueces de familia para hacer una investigación patrimonial del deudor y determinar si tiene los fondos necesarios en el sistema financiero y en las AFP para pagar los compromisos con sus hijos o hijas. Para llevarlo a cabo, la ley contempla dos etapas o dos procedimientos: el especial y el extraordinario. En la primera los pagos se hacen con cargo a productos financieros o cuentas bancarias -corriente, a la vista o de ahorro- fondos mutuos, fondos de inversión y cuentas de ahorro voluntario del sistema de AFP, ya sea APV o Cuenta 2.
En la segunda etapa, correspondiente al proceso extraordinario, las AFP realizan los pagos con recursos de la cuenta de capitalización obligatoria una vez que el tribunal correspondiente lo instruye.
De los $486.715.159.000 pagados hasta el 30 agosto desde las cuentas de las AFP, el 10% proviene de un APV o Cuenta 2 y el 90% de la cuenta obligatoria.
«El monto parece muy alto, pero no me sorprende porque los propios deudores, al estar en una imposibilidad de saldar la deuda o de hacer un convenio de pago, recurren a estos fondos. La cuenta obligatoria de la AFP se ha transformado en el único medio para cancelar la pensión alimenticia», dice Begoña Farías, abogada experta en derecho de familia.
Monto promedio
Según los datos de la Superintendencia de Pensiones, el número de pensiones de alimentos pagadas a través de los fondos de pensiones al 30 de agosto llegó a 138.002 con un monto promedio de $3.526.870 (ver tabla). Pese a que en AFP Cuprum solo tiene 7.232 pagos, muy por debajo de Provida y Habitat, supera con creces el monto promedio cancelado por todas las AFP, con $6.079.476.
«Cuprum apunta a tener clientes de altos ingresos, que cotizan por el tope imponible o están muy cerca de ese máximo. Entonces, la acumulación de fondo es mayor y hay más disponibilidad de dinero para pagar las pensiones alimenticias», explica Alejandro Charme, académico de políticas públicas de la Universidad Católica y experto previsional.
Claudio Estay, magíster en derecho de familia de la Universidad de Chile, dice que para que los tribunales ordenen cancelar una pensión de alimentos con fondos previsionales el deudor debe tener un impago de tres meses continuos o cinco meses discontinuos. Además, explica, el monto que se retira de los fondos de pensiones del deudor depende de su etapa como cotizante: si está a más de 30 años de jubilar, puede destinar el 90% del fondo al pago, mientras que si está a 15 años, el tope es del 50% del ahorro. Si la persona ya está pensionada y es deudora de pensiones de alimentos no se puede aplicar este procedimiento porque ya está generando un pago de pensión.
«El uso de los fondos previsionales ha permitido a mucha gente, sobre todo a los que tenían una deuda acumulada muy alta, pagar las pensiones alimenticias. He tenido casos que tienen deudas enormes, incluso cercanas a los $100.000.000», cuenta Estay.
Charme destaca la otra cara de este proceso: las consecuencias negativas. Cree que buena parte de los que recurren a sus fondos previsionales van a tener montos tan bajos en su jubilación resultante que requerirán de aportes fiscales para subir la pensión a través de la PGU.
«Proteger a la niñez y la adolescencia es muy importante, pero también lo es la protección de la vejez. En el caso de las pensiones de alimentos, como sucede en otros países, se deben poner restricciones muy concretas y estrictas si alguien no las paga, como no entregar pasaportes o licencias de conducir, entre otras. Que le sea incómoda la vida diaria al deudor, pero ir en desmedro de una mejor pensión autofinanciada para la vejez se va a traducir en mayor gasto para el Fisco. Eso lo pagamos todos», dice Charme.
