Pacífico desalojo de la toma de Lajarilla: 450 personas abandonaron el lugar

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La mayoría de los pobladores habían dejado el terreno antes de la llegada de la fuerza policial

Familias se distribuían en albergues habilitados por el municipio de Viña del Mar. Algunos vecinos pidieron subsidios y viviendas definitivas.

Cuando Carabineros llegó a la toma de Lajarilla, en Reñaca Alto, eran las 6 de la madrugada y si bien los habitantes del lugar vociferaban en contra del desalojo por dictamen judicial, poco a poco iban abandonando las que fueron sus casas por unos tres años. A las 9 de la mañana, como lo estipulaba un mandato judicial, casi no quedaba nadie en el lugar.
Pasado el mediodía, la receptora judicial entregó oficialmente la propiedad a los representantes del propietario del terreno, Juan Massú.
Gustavo Burgos, abogado de los vecinos de la toma, insistía en que los ocupantes habían sido víctimas de una estafa porque le habrían pagado a una persona por los terrenos y que la resolución judicial se tomó a espaldas de las familias que vivían en ese sector de Viña del Mar.
Yanino Riquelme, delegado presidencial, dijo que el «retiro fue absolutamente pacífico» gracias a los contactos previos entre autoridades y los ocupantes del terreno.
Criticó que los representantes del propietario no habían retirado enseres, removido escombros y asegurado el perímetro hasta la tarde de este martes.
Riquelme dijo que «se da por cumplida la sentencia» con un acta que levantaron con la receptora judicial.
Carabineros
 
De acuerdo con algunos cálculos, unos 120 funcionarios de Carabineros, PDI, Policía Internacional y Migración, además de municipales y regionales, participaron en el desalojo.
«Carabineros, tal como lo dice lo mandatado por la Corte de Apelaciones, ingresó a las 9 de la mañana, la gente ya había desalojado en forma muy tranquila, no hubo problemas y no hay detenidos», informó la general Patricia Vásquez, jefa de la Zona de Carabineros de Valparaíso.
La oficial dijo que una vez asegurada la entrega del terreno a su dueño y si el lugar se mantenía sin desórdenes, el contingente se iba a retirar.
Camila Estay, directora de desarrollo comunitario de la Municipalidad de Viña del Mar, informó que la comuna había dispuesto varios albergues para las familias desalojadas.
Recordó que están trabajando con las familias afectadas desde noviembre de 2022, fecha del primer dictamen judicial. Aseguró que se han hecho reuniones informativas, operativos sociales y búsqueda de información para detectar a grupos vulnerables.
Sin embargo, varios pobladores rechazaban la idea de irse a un albergue y pedían otras soluciones, como viviendas definitivas y subsidios de arriendo durante esta etapa.
Incluso amenazaban con dormir en carpas provisorias y hasta tomarse de nuevo los terrenos de Juan Massú.
La historia
Unas 86 familias, correspondientes a 450 personas, 80 por ciento extranjeras, se habían instalado desde febrero de 2022 en dos de las cinco parcelas de una hectárea cada una que Massú había comprado en 2012.
En el lugar, según testimonios de residentes, funcionaban distintos comercios y servicios, como almacenes, barberías y gimnasios.
Waldo del Villar, abogado del empresario, dijo que «se produjo un desalojo voluntario por los ocupantes» y que Carabineros no debió usar la fuerza porque en la mañana «casi no quedaba gente en el lugar».
«El fallo fue cumplido. Se tomó posesión del inmueble y entiendo que hay gente por parte del dueño asegurando el perímetro», informó.
Respecto de la demolición de las viviendas mediante maquinarias, el profesional aclaró que los propios ocupantes se llevaron muchos materiales desde las casas y que ahora es el propietario quien decide sobre esas construcciones.
«Es importante que la gente sepa que no puede volver a entrar, porque si lo hace, va a volver a cometer delito, las personas están catastradas, de modo que va a ser fácil iniciar una acción penal si es que vuelven a usurpar», advirtió.
El abogado Del Villar informó que hay pendiente en tribunales una causa contra una persona a la que su cliente demandó por posible usurpación, ya que lo culpa de que «habría liderado o gestado esta ocupación».

Según los mismos pobladores, el hombre les habría cobrado dinero por instalarse en el lugar. Esta causa se vería en las próximas semanas.

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