El urbanista y otras voces critican el acuerdo propuesto por el gobierno para evitar el desalojo
La solución pasaría porque los dueños del predio vendan a quienes lo han usurpado.
El acuerdo entre el gobierno y los dueños del terreno de más de 200 hectáreas donde está emplazada la denominada megatoma de San Antonio ha generado críticas por los alcances que podría tener. El protocolo ingresado este martes ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso suspende el desalojo del terreno -contemplado para este jueves- por seis meses, e instaría a los propietarios del predio a buscar una solución que pasaría por vender el paño a cooperativas integradas por los ocupantes ilegales, fórmula impulsada por el Ejecutivo, y que será evaluado por una mesa técnica.
El urbanista socio de la consultora Atisba, Iván Poduje, califica el acuerdo como una, «pésima señal para las personas que cumplen con las reglas al momento de postular a un subsidio habitacional y ven que aquellos que se saltan la fila, obtienen soluciones antes. Por lo mismo, creo que esta medida puede incentivar nuevas usurpaciones de suelo».
«Si el Estado garantiza la compra, se beneficiará, con plata pública, a los usurpadores por sobre las familias que cumplen las reglas y esperan años por su vivienda», agrega e insiste en que incentiva las tomas porque, «primero no desaloja la usurpación y segundo, porque el Estado está dispuesto a pagar por el terreno, mediante garantía o aval de cooperativas, lo que puede generar tomas inducidas por los propietarios de tierras sin norma o factibilidad sanitaria».
Y afirma que, «estas megatomas se instalan sin urbanización, agua potable ni alcantarillado. Es decir, vulnerando todas las normas de planificación territorial. Por lo tanto, cuanto tú validas la usurpación, lo que haces es promover un crecimiento urbano informal que pone a miles de personas en zonas de riesgo». ¿Cuál es la solución al problema de las tomas? «Se resuelve acelerando la política habitacional, reduciendo la burocracia y creando mecanismos más efectivos para asignar viviendas. Además se requieren protocolos de reacción rápida para desalojar usurpaciones antes que alcancen un tamaño que haga muy difícil esta tarea».
El diputado de la comisión de Vivienda Cristián Araya (PR), opina: «Es una señal muy nefasta porque contraría lo mandatado por la Corte, pero que también deja en evidencia que hay un incentivo, una suerte de llamado a usurpar terrenos. Lo que está haciendo Gabriel Boric es básicamente emular lo que en otros tiempos hizo la Unidad Popular al no respetar los fallos judiciales».
Según el ministro de Vivienda Carlos Montes, declaró a Tele 13 Radio, «no podría decir que tenemos una fórmula totalmente redonda para resolver esto porque son parte de los desafíos tanto de estos seis meses como todo lo que hay que construir con las propias comunidades. No debería incentivar la irresponsabilidad».
