Este miércoles se realizó un allanamiento en el lugar
Urbanistas debaten sobre la estructura, que fue declarada inhabitable y que es un foco de drogas y prostitución.
A un año del desalojo policial del edificio ubicado en General Mackenna 1060, en la comuna de Santiago, este miércoles Carabineros volvió al lugar y, tras comprobar que la construcción nuevamente se encontraba tomada, no sólo aprehendió a doce extranjeros que permanecían irregularmente en el país, sino que también detuvo a uno de sus moradores por su eventual participación en un doble asesinato ocurrido en la Vega Central el pasado 31 de mayo.
«Vivir acá es como El día de la marmota, porque cada cierto tiempo todo se repite: llegan las policías, nos llevan a sus cuarteles para verificar nuestras identidades, luego cierran el edificio, pero eso dura hasta que nuevamente lo abren y comienzan a arrendar?. Y todo el ciclo parte de nuevo, en un eterno run run», cuenta uno de los moradores del edificio, que tiene carácter patrimonial.
Construido el año 1928 y ocupado ilegalmente desde 2020, ni la ex alcaldesa Irací Hassler ni el actual jefe comunal, Mario Desbordes, han podido mantener desocupados los pisos superiores del edificio, declarados inhabitables (a nivel de la calle funcionan varios boliches legales). Eso, pese a que solo el año pasado fue objeto de tres operativos policiales.
¿Castigo?
El edificio fue declarado de conservación histórica, pero eso no ha significado que se haya recuperado su valor. Es más bien una toma en pleno centro.
Américo Ibarra, director del Observatorio en Políticas Públicas del Territorio, dependiente de la Facultad de Arquitectura y Ambiente Construido de la Usach, dice que «la declaración patrimonial de un bien no es necesariamente un castigo, a menos de que no se cuente con recursos suficientes para su adecuado mantenimiento y/o recuperación. Ahora bien, también sabemos que existen subsidios y fondos nacionales destinados a la recuperación de bienes patrimoniales. De hecho, el Minvu cuenta con programas de conservación para viviendas consideradas patrimoniales».
Más holístico resulta Sebastián Gray, profesor de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica y director del centro de estudios Espacio Público, quien cree que «la declaración patrimonial está más relacionada con la lógica de sacar del mercado un edificio que con recibir ayudas del Estado para su mantenimiento o gestión».
Según el máster of science in Architecture Studies del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), en este caso no hay que confundir las cosas. «La seguridad es un problema del Estado, sin importar si se trata de un edificio patrimonial o no».
Para él, la solución existe, pero debe ser rápida, clara y definitiva. «Hay que intervenir el edificio en una sola operación radical, aplicando coerción si es necesario, porque hay que dar un ejemplo que desincentive nuevas tomas».
