Gobierno chileno había contratado un charter con capacidad para 130 personas
Un vuelo charter, con capacidad para 130 personas, contratado por el gobierno de Chile para llevar 60 venezolanos expulsados (36 por vía judicial y 24 por vía administrativa) más un escolta de la PDI por cada retornado no pudo emprender vuelo hacia Caracas a primera hora de este viernes, porque autoridades del régimen de Nicolás Maduro no dieron la autorización.
«Lamentablemente este vuelo que tenía que partir mañana (viernes) a Venezuela, llegaba hoy día (el charter) y partía mañana, no fue autorizado, razón por la cual como gobierno vamos a hacer gestiones al más alto nivel diplomático para resolver este problema. Es algo en lo que no podemos renunciar y en lo que vamos a persistir», manifestó la ministra del Interior, Carolina Tohá, desde el Congreso en Valparaíso, confirmando así el problema.
El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, enumeró las gestiones previas que se realizaron con estas personas. «Habían sido identificadas, la Policía de Investigaciones había concurrido a detenerlas y retenerlas para hacer el proceso de expulsión; se había corroborado su identidad, se había contratado el avión para expulsarlas. En teoría, Chile había hecho todo, pero una sola decisión de la autoridad aeronáutica venezolana echó todo por tierra porque dijo no, no los autorizo a volar a Venezuela», comentó en diálogo con «24 Horas» desde La Moneda.
¿Qué pasará con estos expulsados? La ley de Migraciones (21.325) dice en su artículo 134 que «el afectado podrá ser privado de libertad únicamente para hacer efectiva la expulsión por un plazo máximo de cinco días corridos». Monsalve complementó: «Si en esos cinco días no se ha ejecutado la expulsión, la ley obliga a la Policía de Investigaciones a dejarlas libres».
Más tarde en La Moneda, el director del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Thayer, matizó la información entregada por Tohá y Monsalve: «No hay una negativa del gobierno venezolano respecto de este vuelo. Para que el vuelo pueda materializarse éste tiene que tener una autorización de un órgano técnico, que es el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil de Venezuela, que es el equivalente a nuestra DGAC».
Thayer agregó que pese al envío oportuno de la lista de los pasajeros «la autorización no alcanzó a llegar oportunamente para la ocupación del espacio aéreo de Venezuela». Respecto a las declaraciones de Tohá y Monsalve, Thayer dijo que «no es una confusión, son dos formas de decir exactamente lo mismo».
Sin indicar fecha, la autoridad de Migración adelantó que el vuelo se reprogramará y que «todas las personas que estaban programadas para ser expulsadas judicial y administrativa en este vuelo serán expulsadas en vuelos comerciales a través de la compra de pasajes» antes de cinco días.
Viaje a Caracas
En tanto, el embajador de Chile en Venezuela, Jaime Gazmuri, realiza las gestiones para que se concreten las reuniones entre Monsalve y autoridades de ese país en Caracas. El subsecretario confirmó que tiene planificado viajar antes del 15 de diciembre para firmar acuerdos.
Monsalve también comentó las gestiones que ha hecho el Presidente Gabriel Boric con la embajada de Estados Unidos, para que se levanten parcialmente las restricciones a la aerolínea estatal venezolana Conviasa a fin de facilitar las expulsiones: «Tenemos un documento formal del Departamento de Tesoro norteamericano donde está claro que ellos no van a aplicar sanciones en la medida que esos vuelos de la aerolínea Conviasa se desarrollen con el objetivo de expulsar ciudadanos desde Chile a Venezuela».
La diputada Ximena Ossandón (RN), integrante de la comisión de Relaciones Exteriores, consideró la acción de las autoridades venezolanas como algo «contradictorio al derecho internacional. Con esto vulneran claramente los derechos humanos de los venezolanos y reafirman su vocación de ser un régimen absolutamente totalitario y abusivo».
Su par Diego Schalper pidió al gobierno chileno «que nos detalle cuáles van a ser esas gestiones de alto nivel, si se va o no a llamar a informar al embajador de Chile en Venezuela. El gobierno de Chile tiene que hacerse respetar por la dictadura de Nicolás Maduro».
«Debió haber una coordinación con el gobierno venezolano y, si eso no ocurrió, la Cancillería debiera pedir explicaciones, incluso estudiar la posibilidad de llamar al embajador Gazmuri a consulta a Chile», propuso el diputado Andrés Jouannet (Amarillos).
