A sus 67 años, el ministro de la Corte Suprema y presidente de la Tercera Sala, Sergio Muñoz Gajardo, fue inhabilitado por el Senado durante cinco años para ejercer cualquier cargo público «por haber éste incurrido en la causal de notable abandono de sus deberes», según la acusación constitucional compuesta de dos capítulos en su contra que presentaron diputados de Chile Vamos.
El primer capítulo, que obtuvo 27 votos, de los 25 mínimos requeridos, y 21 en contra, se presentó por «anticipar un fallo que produciría efectos patrimoniales importantes respecto de su hija (la jueza de garantía Graciel Muñoz) y no manifestar la inhabilidad en una causa con interés patrimonial», en referencia a un presunto adelanto a su hija de un fallo hacia una inmobiliaria, en medio de la compraventa de un departamento.
El segundo capítulo, que obtuvo 25 votos a favor y 23 en contra, fue por «no ejercer funciones correccionales y omitir denunciar la falta de su hija quien desempeñó su función judicial fuera del territorio jurisdiccional», al haber trabajado desde Italia, en circunstancias que debía hacerlo en territorio nacional.
La ausencia de la senadora Paulina Núñez (RN) fue tema en la sesión de sala, ya que pidió permiso constitucional para viajar a España, lo que permitió rebajar el quórum de votación de 26 a 25 votos necesarios para aprobar la AC. También faltó Loreto Carvajal (PPD), pero a diferencia de Núñez, no se presentó permiso constitucional.
Argumentos
Desde el inicio del debate, que se produjo en orden alfabético, la suerte del alto magistrado estaba resuelta, porque Karim Bianchi (independiente) y Francisco Chahuán (RN), cuyos votos estaban en suspenso, aprobaron la acusación sin titubear.
A medida que los senadores fundamentaban su decisión, el primer capítulo fue tomando la delantera con más aprobaciones. En respuesta a cuestionamientos de parlamentarios oficialistas sobre esta acusación, Chahuán aseguró: «No estamos juzgando la trayectoria del juez Sergio Muñoz, no estamos juzgando el currículum ni el desempeño del ministro Muñoz, que ingresó al Poder Judicial el año 1982». Votó a favor del primer capítulo, pero contra el segundo porque la «labor correccional» hacia la hija del juez le correspondía a la Corte de Apelaciones. «El magistrado Muñoz no tenía la obligación de denunciar el hecho», dijo.
Luz Ebengerger (UDI) expuso: «Aquí no hay una vendetta ni juzgamiento a criterios jurídicos, únicamente una ponderación de hechos, antecedentes y probanzas que nos permiten formar convicción ante la existencia de deberes jurídicos abandonados por el señor ministro».
«Si lo que puede mover a algunos de nosotros para acoger la acusación al ministro Muñoz se debe al contenido de sus fallos, lo que estaríamos haciendo es poner en juego los principios esenciales de la democracia», manifestó Yasna Provoste (DC), quien fue objeto de una acusación cuando fue ministra de Educación.
José Miguel Insulza (PS) cuestionó el foco del libelo: «¿A quién estamos juzgando? La mayoría de los senadores que están votando a favor de la acusación están juzgando a doña Graciel, no están juzgando a don Sergio. Este no es el caso de un señor que dejó una niñita por ahí y cometió una fechoría, esto es un caso de una persona de 43 años que naturalmente hace de su vida lo que le parece».
Fallos destacados
A lo largo de su carrera de más de 40 años en el Poder Judicial, el juez Muñoz ha fallado respecto a casos emblemáticos, como la resolución de noviembre de 2022, que obligó a las isapres a devolver cobros excesivos a los afiliados. Fue clave en la resolución del caso por el asesinato de Tucapel Jiménez, opositor a la dictadura, y otros casos de violaciones a los derechos humanos. Favoreció la protección ambiental y frenó proyectos termoeléctricos contaminantes, entre otros. En 2016, formó parte de la decisión que declaró inconstitucional prácticas de financiamiento escolar por parte de establecimientos particulares subvencionados. Ese mismo año, falló sobre la colusión de las farmacias.
