Encuesta de la Universidad del Alba consultó a 800 personas mayores de 18 años
La justificación de los consultados es que las conductas reprochables o delictuales no son castigadas por el sistema de justicia.
La Universidad del Alba ha implementado el instrumento «Monitor social» para medir la opinión pública en determinados temas como, por ejemplo, las funas. «Dentro de la discusión interna nos dimos cuenta de que uno de los fenómenos que estaba dañando la cultura política o nuestra resiliencia democrática era la desconfianza en los sistemas de justicia y lo que se ha visto, especialmente en cierta población más joven, es que la funa se ve como un sistema de justicia alternativo y, por eso mismo, quisimos ver a través de un estudio de opinión, si es que esto se veía reflejado en la opinión de la ciudadanía», dice Juan Francisco Galli, académico del observatorio social de la Universidad del Alba.
La investigación, en 800 personas mayores de 18 años, en un total de 70 comunas del país, contempló un sondeo telefónico y el cuestionario se fundamentó en la funa entendida como «un fenómeno social que consiste en la exposición pública de una persona, grupo o entidad, generalmente a través de redes sociales u otros medios digitales, con el objetivo de exponer conductas consideradas reprochables, inmorales o ilegales».
De los consultados, el 81% ha escuchado hablar sobre las funas; el 17% compartió contenidos de este tipo, y el 36% piensa que la funa es una forma de justicia alternativa. En este tópico, el porcentaje sube a 45% en el grupo más joven entre 18 y 29 años.
Mientras que el 57% no confía en el desempeño de los tribunales de justicia, el 19% teme ser víctima de una funa en algún momento de su vida. En la muestra, el 57% está dispuesto a funar a un político o a una autoridad pública si (a su juicio) han cometido conductas reprochables; el 48% apoya funas cuando se trata de abuso sexual a menores, y el 27% se sumaría si se trata de corrupción o abuso de poder.
Acerca de las razones para involucrarse en una funa, el 46% lo haría para que el funado pague por lo que hizo; el 45% para que exista algún costo por actuar mal, y 42% por activismo social. En contrapartida, el 26% no haría funas y el 35% no está dispuesto a funar a nadie en particular.
Respecto de las consecuencias de las funas, el 43% estima que provocan aislamiento social para los funados; el 37% piensa que quedan desempleados, y el 35% asume que sufrirán patologías mentales.
«El 4,5% admite haber sufrido alguna funa, lo que no es de menor relevancia si se compara con la victimización reflejada en la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana 2023 del robo con violencia o intimidación, donde el 3,4% dice haber sido víctima de este delito», argumenta Rosario Martínez, directora del observatorio social.
Para Juan Francisco Galli, el informe elaborado «aborda como tema la desconfianza en las instituciones». Apunta a que «las personas sienten que no hay un acceso igualitario a la justicia y los lleva a mecanismos como la funa».
Enfatiza que «es una señal de alerta cuando los ciudadanos desconfían de los sistemas de justicia democráticos, sometidos a principios básicos como el acceso igualitario, el debido proceso, la presunción de inocencia. Los ciudadanos empiezan a desconfiar de estos sistemas o los valoran muy escasamente, y buscan sistemas alternativos de justicia. Esto es un riesgo porque eventualmente se ha visto en experiencias en otros países latinoamericanos en que muchas veces hay ciertos territorios en que las organizaciones criminales pasan a cumplir ese rol».
Se parece a la detención ciudadana y el linchamiento.
«Sin duda es una manifestación de autotutela, de hacer justicia por la propia mano. Es a lo que renunciamos en el contrato social, cuando nos sometemos a un sistema de justicia que es democrática, basada en un Estado de Derecho sometido a principios y procedimientos, y no a que cada uno puede hacer justicia por su propia mano, eso es la funa, exacerbada por las redes sociales que permiten cancelar las opiniones o a personas a través la exposición».
¿Qué lectura saca de que los abusos sexuales son justificaciones de funas?
«Ahí se mezclan dos factores. Uno, cierta percepción de la ciudadanía que los casos de abuso sexual por la complejidad que tienen son aquellos donde hay mayor impunidad y, por lo tanto, esta forma de hacer justicia a través de la funa podría ser una forma alternativa de lograr un castigo para esos casos. En segundo lugar, obviamente las agresiones sexuales y el abuso sexual en contra de niños, niñas y adolescentes generan mucha emocionalidad en la población vulnerable que resulta afectada en uno de sus bienes más valiosos, como es la dignidad sexual y por eso puede que se busquen mecanismos alternativos par satisfacer la necesidad de justicia.
Esta investigación podría servir de insumo ante futuras medidas, confía Galli. «Ojalá esto sea objeto de atención política, pero también académica para ver cómo contribuimos a fortalecer la relación ciudadana con los sistemas de justicia y entender los principios democráticos que están detrás de tener una administración de justicia», expresa.
En el fondo, más que falta de educación cívica, el exsubsecretario del Interior estima que este fenómeno es producto de la evolución de los tiempos. «Las personas tienen hoy una herramienta de la que carecían en el pasado, que es la información disponible a través de internet y, además, es una herramienta que puede causar daño, como son las redes sociales. Esas dos cosas se juntan al momento de buscar sancionar a quienes han sido acusados de cometer un delito o causar daño a una persona».
«Es una manifestación de autotutela, de hacer justicia por la propia mano», Juan Francisco Galli.
