Eduardo Pulgar fue declarado culpable de fraude al Fisco
El ex oficial deberá cumplir siete años de cárcel y pagar una multa de $142.231.190.
Este caso se remonta al 13 de abril de 2020, cuando el ex capitán del Ejército Eduardo Pulgar Guarda, interpuso un recurso de casación y forma ante la Corte Suprema. Su objetivo: apelar contra la doble sentencia de la justicia militar -dictada por primera vez en septiembre de 2019 y luego ratificada en marzo de 2020- que lo condenó a siete años de presidio mayor y a pagar una multa de $142.231.190. Su delito, según la Corte Marcial, fue fraude al Fisco. A través de sus abogados, Zúñiga alegó en la Suprema que no está probada su participación como autor. Pidió que lo condenaran como encubridor del delito, con la consiguiente rebaja de penas. Esto es, quedar con libertad condicional y pagar una multa muy inferior a la impuesta. Pero la Corte Suprema ratificó la sentencia de la justicia militar y además, lo condenó a pagar las costas del juicio.
El caso
Según el fallo de la Suprema, Eduardo Pulgar tenía el grado de capitán de Ejército y estaba a cargo de la Oficina de Finanzas de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Nacional de Desminado (SECNAD). En mayo de 2013, según el proceso, se coludió con un teniente de la misma división -Ricardo Zúñiga Aravena- para crear una empresa, cuya misión sería proveer de pertrechos a las Unidades de Desminado Humanitario, dependiente del mismo SECNAD. La empresa fue registrada como Comercializadora Tsuki Ltda, propiedad de Lissette Espinoza, pareja del teniente. Así, empezó a operar un sistema que en dos años les permitió obtener ganancias por $284.463.820. Todo esto, estableció el proceso, en perjuicio del Fisco. Esencialmente, Tsuki, que no contaba con infraestructura, stock ni respaldo contable real, recibía dineros para determinadas compras, pero entregaba menos productos que los solicitados. La diferencia pasaba a engrosar sus arcas.
Durante los años 2013 y 2014, por ejemplo, Pulgar efectuó ocho órdenes de compra de 339.100 metros de cintas de demarcación. Pero la unidad a la que supuestamente estaban destinados sólo recibió 49.000 metros. El perjuicio fiscal por esta operación, especifica el fallo, fue de $152.746.300. En forma paralela, entre diciembre de 2023 y abril de 2014, Pulgar emitió seis órdenes de compra por uniformes, vestuario institucional y ropa corporativa, pese a no contar con antecedentes respaldatorios de la necesidad de estos artículos para la unidad. En total, adquirió supuestamente 4.690 prendas de vestir, pero en realidad sólo llegaron 1.797. De acuerdo con el informe pericial contable, elaborado por el Laboratorio de Criminalística de la PDI, el perjuicio fiscal fue de $131.717.520, ‘en relación a las 2.893 unidades de vestuario pagadas y no recibidas'. El papel del teniente Zúñiga fue manejar la empresa Tsuki. Incluso en la carpeta investigativa se incluyó un correo electrónico de él, firmando a nombre de la comercializadora.
El proyecto
Las Unidades de Desminado Humanitario fueron creadas con el fin de retirar minas de las zonas fronterizas de los extremos norte y sur del país. Chile se comprometió ante la ONU a sacar definitivamente los explosivos antipersonales instalados durante la década del '70 por las crisis en las relaciones con Perú, Bolivia y Argentina. La causa comenzó a tramitarse a raíz de una querella presentada por el Consejo de Defensa del Estado. El caso le costó la salida al coronel Juan Mendoza Oyarce, jefe de la Comisión de Desminado, debido a un sumario interno realizado por el mismo Ejército. La investigación liderada por el Estado Mayor Conjunto determinó que Mendoza tuvo responsabilidad de mando. ‘Por su falta de control en los procesos de adquisiciones de esa secretaría ejecutiva, no logró contener de forma oportuna la ocurrencia de los hechos, que tienen como consecuencia el extravío de $286.426.688', señaló el documento.
