«Es un foco de delincuencia, narcotráfico y de todo tipo de delitos, y la cantidad enorme de familias, que son más de 10.000, han sobrepasado todo lo que es el derecho privado», comenta un vecino de la megatoma de San Antonio, que prefirió, como todos los habitantes de la ciudad-puerto entrevistados en esta nota, mantener el anonimato por temor y para evitar problemas. Desde que comenzó el emplazamiento habitacional irregular en 2019, que hoy alcanza las 215 hectáreas, de las cuales el gobierno decidió expropiar 100 hectáreas el pasado martes, los vecinos relatan que existe tráfico de drogas, violencia y poca fiscalización para evitar que los terrenos tomados sigan en aumento.
«Esto ha traído malos hábitos, ambulantes ilegales que se han instalado en las aceras de las distintas partes de las calles. Todo el mundo quiere irse de San Antonio, quieren arrancar, volar», agrega José, quien trabaja en una tienda, ubicada en el centro de la ciudad portuaria.
Historia
La megatoma, conocida como Cerro Centinela, por estar ubicada sobre ese accidente natural, comenzó en 2019 en 215 hectáreas de terreno privado en la comuna de San Antonio, región de Valparaíso, inicialmente con una ocupación organizada que incluía maquinaria pesada, topografía y división rápida de lotes, lo que sugiere planificación en lugar de espontaneidad . Una querella de los dueños describe el origen como violento, con armas y palos, y edificaciones erigidas coordinadamente en poco tiempo. Rápidamente, y tras la organización de los habitantes se produjeron situaciones policiales asociadas al narco; se reportaron bandas de narcotraficantes operando caletas de pasta base dentro de la toma, con puntos de venta y estructuras tipo «condominio narco» que fueron dificultando el acceso de Carabineros al sector, aunque sus residentes hasta el día de hoy lo niegan y culpan de ello a la falta de presencia del Estado en la zona.
«Personas angustiadas»
Astrid, de 48 años, dueña de un hostal a los pies del cerro Centinela, concuerda: «Aquí hay gente que vende mucha droga. Andan muchas personas angustiadas». Para Thiare, de 24 años y que trabaja en una panadería, la molestia que también existe en el sector es que gran parte de las casas que están en la megatoma son segundas viviendas de personas que se vienen a vacacionar desde Santiago. «Se debería priorizar a las personas que viven en San Antonio, que se hiciera una recopilación de antecedentes y que se compruebe que la persona realmente vive en esta ciudad.
Muchas de las casas que hay en ese sector están abandonadas y suelen ser usadas por personas que no viven acá, que es gente que solo viene a vacacionar al Puerto y después se va», advierte.
Informe
Iván Poduje, arquitecto y urbanista, participó en el informe del centro de estudios Atisba que describe esta toma como una «megatoma de precisión quirúrgica» por su diseño profesional con calles rectas, manzanas regulares y adaptación topográfica, no como una ocupación espontánea sino planeada con maquinaria y estructuras criminales: como si se tratara de un proyecto profesional de la construcción de una villa o población. «Como señalamos, la lógica inmobiliaria de la toma tiene que ver con la existencia de un trazado que, con mayor o menor precisión geométrica, permite habilitar sitios vacíos con calles antes de que existan casas. Además, sirve para optimizar el uso del terreno, aumentando el número de viviendas que pueden instalarse», dice el informe.
Tierra de tomas
«Alrrededor de la toma, todo fue una toma. Desde 1970, que empezó la toma del Cerro del Carmen. Yo llegué aquí en el 89, tenía 12 años y ya había tomas. Entonces, esto se empezó a regularizar en el 2003 con el programa Chile Barrio», recuerda Astrid, que tiene su hostal cerca de la megatoma.
¿Cómo se inició la toma del cerro Centinela?
«Es un ghetto que se hizo fuerte en 2020, cuando empezó la pandemia. Muchos de los que tienen «tomas» (casas en la toma), son los hijos de los vecinos de poblaciones en San Antonio. Ellos son los que tienen «tomas» arriba, en el cerro. Generalmente, acá esas personas tienen como cinco o seis niños por casa», ellos son los que tienen «tomas» ahí arriba. No se ve mucho migrante. Es más gente de vive de allegados».
¿Cómo se organizan los vecinos?
«Allá se vende mucha droga, entonces en las juntas de vecinos que se forman son todos los vecinos correspondientes a ese tipo de rubro (a la droga). Que no es rubro, es un delito. Las personas que no quieren meterse en eso, van directamente a la municipalidad para poder preguntar sobre los temas que nos convienen».
«El gobierno valida el proceso de la toma»El senador David Sandoval(UDI), integrante de la comisión de Vivienda, plantea que la toma «es una situación que se arrastra por muchos años y que evidentemente hay que buscar una salida que esté dentro de la institucionalidad». En cuanto al proceso de expropiación, fue ejecutado porque la negociación de compra fracasó por el precio: los dueños pedían hasta 0,40 UF por metro cuadrado (m²), pero el Estado fijó el pago forzoso en un monto mucho menor, cerca de 0,23 UF/m² (unos $11.000 millones), lo que será impugnado por la Inmobiliaria. El resto del terreno (118 hectáreas) debe ser desalojado. Para el senador, «el gobierno de algún modo valida el proceso de la toma a través de esta expropiación, ya que genera un mecanismo de incentivo perverso para otras personas que han esperado por años, algunos comités por muchos años, una solución habitacional formalmente en los procesos de postulación, esperando décadas para lograr el sueño de su casa propia, evidentemente que constituye una señal errada».
