La sofisticada aeronave no tripulada alcanza hasta 220 km/h y puede volar seis horas
Equipos operan con cámaras térmicas y sensores avanzados, permitiendo seguimiento en tiempo real, patrullajes nocturnos y apoyo a procedimientos en zonas rurales y de difícil acceso.
A un año de la incorporación de los Camcopter S-100, Carabineros saca cuentas alegres. La tecnología, que comenzó a operar en 2025 en la Macrozona Sur, se consolidó como un apoyo clave en procedimientos policiales complejos, especialmente en zonas rurales y de difícil acceso. Así lo asegura el teniente coronel Ricardo Bustos, jefe de la Unidad de Aeronaves Remotamente Pilotadas (RPAS) de la Prefectura Aeropolicial, quien destaca que el principal impacto ha sido la protección de la vida de los funcionarios.
«Más allá de cualquier costo, la vida humana no tiene precio. Hoy estamos viendo cómo disminuyen las lesiones a carabineros gracias al uso de esta tecnología», afirma.
Actualmente, la institución cuenta con 92 drones tipo cuadricóptero desplegados a nivel nacional, además de los dos Camcopter S-100, que son aeronaves no tripuladas de mayor tamaño, denominados UAV. Los Camcopter operan principalmente en la Región de La Araucanía. Su rol es actuar como una «avanzada aérea»: despegan antes de un procedimiento, reconocen el terreno, detectan posibles amenazas y entregan información en tiempo real a los equipos en tierra.
El balance, según Bustos, es claro. «El aporte es gigantesco. Permite anticipar riesgos, evitar emboscadas y planificar mejor cada intervención policial», dice.
Las cifras del primer año reflejan ese trabajo. Desde su puesta en marcha en la Macrozona Sur, los Camcopter acumulan 150 operaciones y 181,8 horas de vuelo. Además, participaron en procedimientos que terminaron con 14 detenidos y la incautación de nueve vehículos.
Uno de los casos más ilustrativos ocurrió en la Ruta 5 Sur, a la altura de Lautaro. Un conductor que evadió un control nocturno fue seguido completamente desde el aire por un Camcopter, equipado con cámaras térmicas. Sin persecución terrestre, el dron rastreó el vehículo durante varios kilómetros y guió a las patrullas hasta lograr su detención. «Desde tierra se había perdido, pero el UAV lo ubicó y permitió coordinar todo el procedimiento», detalla Bustos.
A diferencia de los drones convencionales -que operan con baterías y tienen autonomías acotadas-, el Camcopter funciona con combustible de aviación y puede volar por más de seis horas continuas, con un radio de acción cercano a los 200 kilómetros. Opera desde una estación en tierra equipada con pantallas, sistemas de navegación y control, donde los pilotos ingresan rutas y parámetros de vuelo. De hecho, puede ejecutar misiones semi autónomas, siguiendo trayectorias predefinidas mientras los operadores se concentran en el monitoreo de imágenes en tiempo real.
Su equipamiento incluye cámaras electro-ópticas e infrarrojas, capaces de detectar calor en condiciones nocturnas, además de sensores avanzados que permiten operar incluso con baja visibilidad o en condiciones climáticas complejas. Esta capacidad ha sido clave en seguimientos prolongados, controles vehiculares y vigilancia en sectores donde el acceso terrestre es limitado.
Procedimientos exitosos
Pero el despliegue no se limita a estos equipos de alta gama. Los drones más pequeños cumplen funciones clave en control de orden público, seguimiento de sospechosos y registro de procedimientos.
Las cifras respaldan ese avance. Desde la creación de la unidad en 2016, los drones institucionales acumulan 28.300 horas de vuelo y 20.618 operaciones a nivel nacional. En ese despliegue han contribuido a la detención de 2.159 personas, la incautación de 226 armas, 149 vehículos y 7.282 kilos de droga. A ello se suman 163 procedimientos de búsqueda de personas y 159 misiones de fotogrametría, lo que da cuenta del uso transversal de esta tecnología tanto en labores preventivas como investigativas.
«Esto no reemplaza al carabinero, lo protege», enfatiza Bustos. «El dron entrega información previa, reduce la incertidumbre y permite que el personal actúe con mayor seguridad».
El uso de estas aeronaves también ha sido relevante en procesos judiciales. Las grabaciones -resguardadas por el Centro Nacional de Control de Imágenes- han permitido esclarecer procedimientos y, en algunos casos, descartar responsabilidades de funcionarios en terreno.
En paralelo, la institución ha reforzado la formación de sus operadores. Cada año se imparte un diplomado especializado, que incluye certificación ante la Dirección General de Aeronáutica Civil. A esto se suma la reciente apertura a otras instituciones, en un esfuerzo por coordinar el uso de drones a nivel estatal.
«El dron llegó para quedarse», concluye Bustos. «Y mientras el delito evoluciona, nosotros también tenemos que hacerlo. Hoy lo estamos haciendo desde el aire».
