Tribunal argumentó que no es ajeno a la contingencia y al contexto de los acontecimientos que preocupan al país
Nos da garantías de que nuestras autoridades escuchan lo que dice no solo la ciudadanía sino lo que internamente queremos manifestarles, dijo Patricio Aguilar, representante de los funcionarios del Poder Judicial.
Aunque fue aplaudida la decisión de los magistrados de la Corte Suprema de retroceder en su decisión de adquirir 22 automóviles Lexus, por un valor estimado de $56 millones cada uno y un presupuesto aproximado de $1.380 millones, la polémica levantó cuestionamientos a las decisiones administrativas que deben tomar los jueces, ajenas a sus funciones, y también por otro tipo de necesidades, más urgentes, de funcionarios del sector.
«Sin efecto»
El pleno de la instancia se reunió este jueves por más de dos horas. En el segundo piso del Palacio de Tribunales, el secretario de la Corte, Jorge Sáez, explicó la determinación de dar marcha atrás:
Dijo que «el Poder Judicial es autónomo en la ejecución de su presupuesto en el ámbito administrativo y de gestión. La Corte Suprema toma sus decisiones en lo relativo a la adquisición de bienes y servicios ponderando y analizando en su mérito los antecedentes de que dispone al momento de adoptarlas».
Sáez agregó que el tribunal «no es ajeno a la contingencia y al contexto de los acontecimientos que preocupan al país. La decisión de renovar los vehículos institucionales asignados a la Corte Suprema en el año 2014 se funda en antecedentes técnicos y de seguridad, prefiriéndose estándares de sustentabilidad ambiental. Son esas y no otras consideraciones las que se tuvieron en vista para adoptar en su momento la aprobación de la renovación de los vehículos».
Sostuvo que aunque la Ley de Presupuesto del años 2024 no contempló la renovación de los autos, la Dirección de Presupuestos comprometió en el Congreso, en noviembre del año pasado, la autorización de fondos adicionales «provenientes del saldo inicial de caja para necesidades manifestadas por el Poder Judicial», pero que tras el envío de la petición para usar dicho saldo a la Dipres, «no ha habido respuesta».
Y finalizó con que «se decidió dejar sin efecto el acuerdo adoptado para la compra de 22 automóviles Lexus modelo ES300H que se tomó por la mayoría de los miembros que concurrieron a esa decisión».
Funcionarios contentos
Los funcionarios del Poder Judicial, que incluye a jueces, se manifestaron «muy contentos» con la decisión de los supremos. «Nos da garantías de que nuestras autoridades escuchan lo que dice no solo la ciudadanía sino lo que internamente queremos manifestarles», expresó Patricio Aguilar, presidente de la Asociación Nacional de Profesionales de la Administración del Poder Judicial, Aprajud.
Aguilar fue más allá y cuestionó: «¿Por qué tenemos que tener a nuestros máximos representantes de la Corte Suprema, los ministros, tomando decisiones de carácter administrativa, exponiéndose un poco donde a ellos los necesitamos tomando decisiones de carácter jurisdiccional?», y recordó que justamente en los dos procesos constitucionales fallidos se buscó esta separación de funciones.
Transparencia
Coincide Francisco Leturia, expresidente del Consejo para la Transparencia y académico de la Universidad Católica:
«Hace muchísimo está pendiente una reforma a la Corte Suprema. Ellos deben ser solamente un tribunal de justicia, es lo que saben hacer, pero funcionan como un tribunal y como un directorio, tienen que tomar un montón de decisiones, incluyendo decisiones como esta, que no las toman bien o no saben tomarlas, y tienen conflicto de interés porque son decisiones sobre ellos mismos».
Leturia lanzó dardos al tema de transparencia: «La autonomía es para la pega propia de ser jueces, para resolver conflictos jurídicos, no es para gastar las platas como se les de la gana, tampoco es para que no tengan transparencia. El sistema de transparencia del Poder Judicial no funciona, ellos mismos deciden qué cosas entregar y qué cosas no», y añadió que hubo «falta de criterio» porque era obvio que se exponían a críticas y echar atrás esta medida.
Necesidades
Patricio Aguilar hizo ver que el sector tiene «grandes necesidades de infraestructura, se necesitan más tribunales, más jueces, más funcionarios, renovar mobiliario, mejorar la climatización», pero añadió que lo más sensible es el cuidado de las personas que trabajan en tribunales: «Tenemos nuestras rentas congeladas desde 2007, y una sobrecarga de trabajo extraordinaria. Se requiere que haya una mirada política integral de mejoramiento del presupuesto al Poder Judicial».
Sobre la renovación de los autos, que de todos modos debe hacerse porque los que usan los ministros son Toyota Camry de 2014 y ya presentan fallas, Aguilar comentó que «me imagino que irán a evaluar a través de los canales que corresponden, la Corporación Administrativa y el Poder Judicial, la cotización y eventual renovación de estos vehículos».
El diputado de la comisión de Hacienda, Jairo Naranjo (PS), consideró que la decisión de los magistrados «fue atinada, parecía un despropósito comprar esos vehículos tan caros que dejaban una sensación de despilfarro de dinero frente a las graves emergencias que tiene el país hoy día».
Su par Guillermo Ramírez (UDI), también cree que es una buena señal que los jueces hayan desistido de la compra: «La economía chilena está en el suelo, es de las peores de Latinoamérica, y mientras los chilenos sienten esta recesión, no se entiende que desde el Estado se compren autos de tal nivel de lujo».
