Una normativa obliga a los proyectos inmobiliarios nuevos a instalar sus redes bajo tierra
Más allá de la estética, la iniciativa busca reducir cortes de suministro y liberar espacio público.
Un video difundido en Instagram por el concejal Juan Pablo Parada (@jparadaconcejal) instaló el soterramiento de cables en la conversación local. En el registro se aprecia cómo la comuna de Providencia avanza en esa línea, una postal que contrasta con el paisaje aéreo que domina en buena parte de la capital.
«Lo limpia que se ve nuestra ciudad sin ningún cable alrededor. Es lo que queremos hacer en la comuna: ir bajando los cables, ponerle fin a Cablechea», comenta Parada en la secuencia.
Aunque Lo Barnechea es una comuna relativamente joven, su zona más antigua aún convive con cables y postes. Para revertirlo, las autoridades introdujeron en 2004 un cambio en el plano regulador: todo nuevo proyecto inmobiliario debía contemplar el soterramiento de sus redes. Desde entonces, cada desarrollo habitacional se ha levantado bajo esa exigencia.
«Las autoridades de la época tuvieron un muy buen ojo y eso lo aplaudo, porque no era la tónica del momento. Hay sectores de Los Trapenses que tienen 20 o 25 años donde está todo soterrado», destaca el alcalde Felipe Alessandri.
La apuesta no es solo estética. Lo Barnechea enfrenta cada invierno condiciones climáticas más severas que el resto de Santiago: nieve y heladas que tensionan la infraestructura aérea y provocan cortes habituales de suministro.
«Los cortes de luz son frecuentes, especialmente por la presencia de árboles antiguos como los del sector El Arrayán, que datan de 40 a 60 años. Soterrarlos aumenta la viabilidad y la resiliencia de la red en estas condiciones», afirma el alcalde.
A partir de ese diagnóstico, la actual administración incorporó nuevos incentivos en el plan regulador aprobado durante su gestión. La norma mantiene la obligación para proyectos nuevos, pero establece beneficios concretos para quienes amplíen el esfuerzo más allá de su propio terreno.
«Da mayor norma y densidad si se soterran los cable. Por ejemplo, un edificio podría construir un piso más, siempre que soterren cables. Y ese soterramiento puede ser en otro sector de la comuna», explica Alessandri.
La lógica apunta a un esquema de colaboración entre el sector público y el privado.
«Así vamos construyendo ciudad todos juntos. Quiero que el desarrollador me ayude a mejorar la comuna donde está haciendo su proyecto», asegura.
Por otro lado, el municipio está analizando la posibilidad de realizar una intervención con recursos propios, aunque los elevados costos han ralentizado el avance de la iniciativa.
«La cotización que tenemos para soterrar 254 metros lineales, que es nada, es de más de 2.000 millones de pesos. Tenemos ganas de generar un bulevar gastronómico en un sector que se llama El Rodeo. Estamos buscando los recursos. Pero es demasiado dinero, es prohibitivo», afirma.
¿Qué porcentaje de soterramiento tienen hasta ahora?
«Somos pioneros en este tema. Tenemos 50% soterrado y en diferentes sectores».
Las ventajas
Soterrar los cables no responde solo a un criterio estético. La discusión toca también la seguridad y la eficiencia. Así lo plantea el economista y urbanista Óscar Figueroa, profesor de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica, quien identifica como primer beneficio la reducción de riesgos y la estabilidad del suministro.
«Cuando se cae un árbol, se rompen los cables y se corta la luz. La ventaja de enterrarlos es que no quedan expuestos a las inclemencias del tiempo: lluvias, tormentas, etcétera. Su rendimiento es mucho más estable y eficiente», afirma.
Agrega que localizar una falla también se vuelve más simple cuando la red está bajo tierra.
«El especialista entra al ducto y lo resuelve. Hoy, en cambio, hay que subirse a los postes. Es mucho más complicado y caro», precisa.
Señala que suprimir los postes devuelve espacio a los peatones y al mobiliario urbano.
«Cuando uno ve cuánto lugar ocupan los cables y, sobre todo, los postes, se da cuenta de que hay una enorme cantidad de espacio público desperdiciado», afirma.
Los desafíos
Soterrar los cables de Santiago constituye una deuda urbana que las autoridades reconocen desde hace años, aunque los avances concretos siguen siendo limitados. En ese contexto, Figueroa admite que Chile arrastra un rezago evidente.
«Hace tiempo que tendríamos que haber empezado. Enel, hace unos 20 años, tuvo alguna iniciativa de soterramiento, pero no prosperó. Y no lo hizo porque es muy difícil», recuerda.
El nudo, explica, también está en el financiamiento y en la definición de responsabilidades.
«¿Quién paga? ¿A quién se le cobra? Es un gran enredo institucional, de gestión. Es muy complicado», señala.
A eso se suman decisiones regulatorias delicadas.
«No es sencillo obligar a las empresas a sacar los cables del aire y enterrarlos», afirma.
La magnitud de la inversión también incide: un kilómetro soterrado vale fácilmente un millón de dólares o más.
Una opinión similar tiene Alfie Ulloa, presidente de la Asociación de Empresas de Telecomunicaciones.
«Soterrar puede costar diez veces más por kilómetro que un tendido en postación. Una cuadra con postes cuesta alrededor de $25.000.000; la misma cuadra soterrada llegaría a $250.000.000», ejemplifica.
Por eso, la gradualidad aparece como la única vía razonable.
«Estamos hablando de décadas. No puede venir una compañía sola a soterrar. Lo lógico es que cuando se construye o repavimenta una calle, se aproveche ese momento para coordinar el soterramiento entre todos los actores involucrados», plantea.
