Senador Matías Walker comenta pelea a cuchillazos en Colo Colo y vínculo entre funcionarios y barristas de la U
Parlamentario apunta a debilidad estructural del estado y con comitancia o temor de dirigentes del fútbol para enfrentar a los narcos dentro de las barras.
Durante las últimas horas saltaron a la vista dos hechos graves relacionados con la violencia en los estadios. En la tarde del lunes un grupo de barristas de Colo Colo se enfrentó a cuchillazos en la galería durante el partido contra Limache, en el Estadio Nacional. No hubo reportes sobre detenidos o heridos, pero las imágenes resultaron impactantes. Y, un poco más tarde, el noticiero de Canal 13 presentó un reportaje que dejó en evidencia eventuales nexos entre un funcionario de Azul Azul con un líder de la facción Pintalokos de Los de Abajo.
El informe periodístico reveló que dicho empleado intercedió a favor de Víctor Poblete Aguilera para que ingresara al partido contra Audax Italiano, el 17 de agosto pasado, pese a tener prohibición de acceso a todos los estadios de Chile. Tampoco se alertó la presencia de Poblete en una lista de acreditación de periodistas para el choque contra Alianza Lima, en la capital peruana. Un encargado de prensa puso reparos con las solicitudes de varios medios, pero guardó silencio respecto del barrista en cuestión, que pudo entrar como periodista usando el nombre de Radio Santiago.
«Esto es muy preocupante, porque demuestra que hay un barrista, condenado por tráfico de drogas, que tenía prohibición de ingreso a los estadios desde noviembre del año pasado. Y, sin embargo, un funcionario de Universidad de Chile le facilita el ingreso al estadio acreditándolo como parte de la delegación de una radio. Entonces, si no hay colaboración del organizador del espectáculo, esto nunca va a acabar», asegura el senador Matías Walker, una de las pocas autoridades que se han involucrado seriamente en el tema.
¿A qué se refiere con colaborar, senador?
«El organizador del espectáculo tiene todas las atribuciones para ejercer el derecho de admisión y terminar con cualquier vínculo con estas barras. Y el Ministerio de Seguridad, que heredó este asunto, después del término de Estadio Seguro, tiene que entender que debe querellarse por organización criminal, porque estamos hablando de organizaciones criminales. La ley y el combate al crimen organizado permiten, en este caso al gobierno, querellarse y declarar a las barras como organizaciones criminales, para no solamente disolverlos, sino que para aplicar todos los delitos conexos que se están cometiendo en los estadios».
¿Y por qué Azul Azul o Blanco y Negro, por ejemplo, no se querellan?
«Una hipótesis es que no lo hacen por temor, por miedo. Los dirigentes han sufrido amenazas y represalias. Le pasó a Felipe de Pablo cuando era funcionario de Azul Azul y atacaron la casa de sus padres. Y otra hipótesis es que hay opacidad y se tiran la pelota unos a otros. Muchas veces los dirigentes no denuncian a los delincuentes de las barras por temor, pero también acá hay una responsabilidad del Ministerio de Seguridad de enfrentar a las barras bravas como crimen organizado. Yo lo dije hace tres años. Se me trató de exagerado. Las peleas dentro de los piños son para tener un lugar de liderazgo dentro de las barras, porque se sirven de las barras para cometer crímenes y otros delitos. El Ministerio Público está investigando homicidios al respecto. Eso se lo planteamos al Fiscal Nacional. Naturalmente que tanto el Ministerio de Seguridad como la Fiscalía deben tener un rol mucho más clave, pero mientras los organizadores del espectáculo no inviertan en seguridad, en tecnología de reconocimiento facial y en control biométrico, las cosas van a seguir ocurriendo».
¿Tiene antecedentes sobre el miedo que podrían tener los dirigentes?
«Lo hemos visto muchas veces. Un ejemplo concreto son los ataques que sufrió Felipe de Pablo cuando era gerente de la Universidad de Chile a la casa de sus padres, pero el reportaje de Canal 13 es gravísimo, porque muestra una concomitancia entre funcionarios del club y barristas condenados por narcotráfico y con prohibición de acceso a los estadios. Después de todo lo que ocurrió en Avellaneda, juega la Universidad de Chile con Alianza Lima y este señor entra acreditado por la Universidad de Chile. De las pocas personas privilegiadas que podían entrar, fue acreditado por funcionarios de la Universidad de Chile. Acá la ley es clara. La ley establece una responsabilidad solidaria del club y de sus representantes legales. Y tiene que ejercerse también esa responsabilidad».
¿A qué se debería esta concomitancia entre funcionarios y barristas?
«En algunos casos puede haber temor. Y en otros casos puede haber, no sé, una intención de tener apoyo de las barras. No entiendo por qué se siguen autorizando los banderazos, por ejemplo, que se prestan para cometer asaltos a los vecinos y todo tipo de delitos. Y se siguen autorizando. Los clubes los siguen pidiendo y organizando, y el delegado presidencial las sigue autorizando. Entonces, es una situación de debilidad estructural. Por una parte hay temor, y por otra parte, algunos dirigentes o funcionarios sienten que ganan poder con el apoyo de las barras. Así evitan insultos en el estadio y pueden estar tranquilos con su familia, porque no son objeto de gritos de parte de las barras».
¿Cree necesario investigar a algunos funcionarios de las concesionarias?
«De todas maneras, porque acá estamos hablando del crimen organizado, por lo que hay que investigar a todos los que eventualmente puedan actuar como cómplices o encubridores».
