Ministerio Público pidió prisión preventiva en contra del exdiputado
La herramienta que se financió con cargo a la Cámara de Diputados sirvió para el trabajo parlamentario.Todos los pagos están acreditados en la carpeta investigativa, dijo el defensor Cristóbal Bonacic.
La fiscal de Alta Complejidad Oriente, Constanza Encina, partió su intervención en el segundo día de formalización contra el exdiputado de la UDI, Joaquín Lavín León, asegurando que iba a mostrar «evidencia concreta pocas veces vista de un parlamentario en ejercicio», cometiendo eventuales delitos como los que se le imputan al exparlamentario, investigado por fraude al Fisco, tráfico de influencias, y falsificación y uso malicioso de instrumento privado mercantil.
Lo que más tiene complicado al exdiputado por Maipú, a juicio de la detallada exposición de la fiscal Encina, es su vínculo con la plataforma de software Social Tazk, financiada, según el Ministerio Público, con dinero proveniente de asignaciones parlamentarias. Según declaración del propio Lavín León la plataforma era utilizada para su trabajo parlamentario, pero la Fiscalía sostuvo que «desde un inicio fue creada con fines de herramienta de gestión, manejo y administración de bases de datos y envío de mensajería de texto masiva con fines electorales», lo que por ley está prohibido ya que no se puede destinar plata del Congreso a campañas.
Los mensajes
Encina mostró pantallazos de mensajes de un grupo de WhatsApp, en el que participaba como miembro el exdiputado Lavín, donde quedó en evidencia la dinámica de trabajo de Social Tazk, bautizado por la Fiscalía como un «call center montado por el propio Lavín y su equipo parlamentario», en el que se ofrecía el servicio de mensajería masiva de texto a potenciales electores, y bases de datos electores, a candidatos a constituyentes, concejales, diputados, principalmente de la UDI, y que tuvo su auge operativo en 2021.
Encina relató: «Hay una declaración muy relevante de Ilse Palma, quien desde 2018 se desempeñó como personal de apoyo del diputado Lavín y que formaba parte de este call center, que explicó en detalle en qué consistía. Dijo que se creó un grupo de WhatsApp de nombre Proyecto 2020. Se contrató a dos personas para trabajar en las bases de datos, una de ella una persona de manera fraudulenta que nunca prestó servicios para el Congreso. Ellos nos llamaban para que subiéramos personas a la base de datos de Social Tazk, lo que teníamos que hacer todo el día y mandar el reporte al grupo de WhatsApp. Nos mandaban las bases de datos de personas y luego teníamos que llamarlas, validando la información y luego ingresarlo en la aplicación: (declaración de Ilse Palma)».
El fiscal prosiguió con la declaración de la testigo Palma: «El diputado estaba pendiente de todo lo que estábamos haciendo y a veces nos escribía cosas para felicitarlos. A las 9:30 entrabamos a trabajar hasta las 18:30, con una hora de colación». Encina mostró más pantallazos con ejemplos de cómo se hacía el trabajo: «Buenas tardes, llamé a 61 contactos de un concejal de San Pedro de la Paz, 26 llamados efectivos, 34 no contestas o no tienen teléfono. Otra persona dice que ingresó 30 contactos a la aplicación, 19 números repetidos, 8 apagados. Otra persona escribió, de cien contactos, 47 personas ingresadas en la aplicación», reprodujo ese mensaje, Encina. Y añadió: «Y así, podríamos seguir todo el día con ejemplos de mensajes durante 2020 y 2021, que fue el año con más campañas en la historia de nuestro país. Incluso, se puede apreciar un mensaje en que el propio diputado Lavín dice: Hola, hay tres personas de la oficina que deberían estar llamando ingresando personas a la base de datos, revisando la aplicación, me encuentro que hoy no se ha realizado ningún llamado». Este último mensaje Encina lo mostró para dar cuenta que Lavín supervisaba a las tareas. Acto seguido, puso un audio de WhatsApp donde Lavín felicitaba al equipo: «Quisiera felicitarlos a todos, porque pasamos los 400 mil contactos en la aplicación, muy bien hecho».
El abogado de Lavín, Cristóbal Bonacic, desestimó los argumentos de la Fiscalía, descartando el uso electoral de Social Tazk: «Hay cientos de documentos que dan cuenta que sirve para el trabajo parlamentario, obviamente ninguno fue expuesto (por la Fiscalía). La herramienta que se financió con cargo a la Cámara de Diputados sirvió para el trabajo parlamentario. Todos los pagos están acreditados en la carpeta investigativa y son datos que ya vamos a revelar». La fiscal Lorena Parra también intervino, para entregar antecedentes que involucrarían a Lavín León en el eventual ilícito de tráfico de influencias, por su supuesta injerencia en despidos y contrataciones de funcionarios en la municipalidad de Maipú, cuando su señora Cathy Barriga era alcaldesa.
Por este miércoles el Séptimo Juzgado de Garantía decretó arresto domiciliario nocturno, arraigo nacional y la prohibición de comunicarse con los demás imputados para Juan Silva, dueño de la imprenta MMG.
