Juzgado responsabiliza al plantel por fallas de convalidación en la carrera de Derecho
La situación de la demandante es un caso especialísimo, comenta abogado penalista y civil.
El Segundo Juzgado Civil de Antofagasta condenó a la Universidad de Antofagasta a pagar $60.000.000 de pesos a una exalumna. La sentencia dice que la institución actuó con negligencia grave al homologar ramos sin respetar su reglamento y, después de años de estudio, negarle el título de abogada. La jueza Andrea Przybyszewski ordenó pagar el monto reajustado e intereses.
La historia comienza en 1979, cuando la exalumna entró a estudiar Derecho en la Universidad de Chile. Terminó los ramos en 1983. En 1985 dio su examen de grado, lo reprobó y no pudo repetirlo por enfermedad. En 1986 hizo la práctica en la Corporación de Asistencia Judicial. En 1989 ingresó a la Contraloría Regional de Antofagasta.
En 1999 quiso retomar su carrera. La Universidad de Antofagasta tenía un convenio con la Universidad de Chile. Presentó sus antecedentes y fue aceptada. La universidad convalidó 27 asignaturas, el 79% del plan, y le exigió seis ramos para actualizarse.
Estudió entre 2000 y 2003 y dio el examen de grado en 2007 y 2008, sin éxito. En marzo de 2009 lo aprobó. En septiembre de 2018 recibió la licenciatura en Ciencias Jurídicas y en marzo de 2019 presentó los papeles a la Corte Suprema para abrir el expediente. El 8 de enero de 2020 el tribunal rechazó su juramento. La resolución dice lo siguiente: «La universidad no había dado cumplimiento a su propio reglamento», al homologar más de lo permitido.
Desde 2021 buscó una solución. Envió correos, cartas y hasta solicitudes por Ley de Transparencia. La respuesta llegó en mayo de 2023: la universidad dijo que nada podía hacer porque la resolución estaba firme. En septiembre de ese año presentó la demanda. En julio pasado el tribunal le dio la razón. La sentencia afirma que la universidad «permitió que cursara ramos y entregó la licenciatura sin justificar ante la Corte Suprema el porqué de la transgresión a su propio reglamento».
El abogado penalista y civil José Gallegos explica el núcleo de la condena: la universidad abrió un camino que sabía cerrado. «La responsabilidad de la universidad es primeramente cumplir con su propio reglamento sin distinciones y con posterioridad prestar el servicio comprometido», dice.También advierte que, cuando pasan muchos años, las universidades deben revisar si las leyes cambiaron antes de convalidar.
«La situación de la demandante es un caso especialísimo», comenta el abogado. Añade que una sentencia de este tipo no busca abrir la puerta a decenas de juicios similares, sino recordar que la autonomía universitaria exige cuidado.
