Abogado de la árbitra desglosa los montos, y su respectiva causa, para llegar a la cifra final exigida
La ofensiva judicial apunta a tres aspectos. La libertad de trabajo, la integridad síquica y discriminación por razones de género, explica el abogado Diego Sobarzo Ibáñez, que patrocina la acción con su colega Alexis Moya Daza.
La árbitra Cindy Nahuelcoy demandó a la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) en la justicia laboral y pide una indemnización de $114.841.667 por «vulneración de derechos fundamentales».
Nahuelcoy se autodespidió de la ANFP el 8 de marzo, luego de que fuera sancionada con 40 fechas de suspensión (que luego rebajaron a 30) por hacer pública la denuncia que realizó junto a Loreto Toloza de que uno de los integrantes de la comisión arbitral, Julio Bascuñán, favorecía a otra jueza con las designaciones.
«Lo que se dice en la demanda es que la ANFP vulneró lo que podríamos llamar los derechos humanos del trabajador mientras ella estuvo trabajando. Y apuntamos a tres aspectos: a la libertad de trabajo, la integridad síquica y discriminación por razones de género», explica el abogado Diego Sobarzo Ibáñez, que patrocina la demanda con su colega Alexis Moya Daza.
Según los abogados, las sanciones contra Nahuelcoy y Toloza tienen vicios de legalidad porque «eran superiores a las que permite la ley, se excedía el marco legal, porque la ley sólo permite al empleador imponer multas y en este caso les impidieron desarrollar su profesión, las excluyeron de las charlas técnicas y de las pruebas físicas. Esto es muy importante, porque la sanción del Tribunal de Disciplina indicaba que no podían participar en el Campeonato Nacional organizado por la ANFP, pero hay otros torneos que no organiza la ANFP, como la Copa Chile, algunos partidos de la Conmebol, juveniles y tercera división. Pero como no la dejaron rendir las pruebas físicas, Cindy Nahuelcoy perdió su parche FIFA y la habilitación de árbitro», dice Sobarzo.
Con respecto a la discriminación de género, la demanda sostiene que ha habido sanciones contra otros árbitros en el pasado, pero no se les excluyó de las charlas técnicas, ni pruebas físicas, ni perdieron la categoría FIFA. «Discriminación es tratar a iguales de manera diferente. Acá teníamos trabajadores exactamente iguales, la misma profesión, mismas funciones, la única diferencia era el género», enfatiza Sobarzo.
El abogado recuerda que en el escándalo del «club del póker», en 2012, cuando jueces se reunían a jugar cartas y hacían las designaciones, entre los cuales estuvo el actual presidente de la Comisión Arbitral, Roberto Tobar, hubo sanciones, pero no exclusiones, como ocurrió con Toloza y Nahuelcoy.
«Además, no solamente se le excluye, sino que se genera un aislamiento de parte de la Comisión Arbitral, porque le cambiaron unilateralmente el horario de entrenamiento y un contrato de trabajo no se puede modificar de forma unilateral. Esto daba cuenta de una persecución contra Cindy», añade.
«Finalmente, todo esto genera en ella, y cualquier trabajador sufriría lo mismo, un pesar muy fuerte, porque si bien la gente trabaja por una remuneración, no es solo por eso, sino por tener un desarrollo personal a través del ejercicio profesional. Y Cindy se identifica con su profesión de árbitro y el mundo no la conoce por ser profesora educación física, sino por ser árbitro», afirma Sobarzo.
El escrito también denuncia que la ANFP no le pagó sus remuneraciones durante los meses que estuvo con licencia, porque las políticas de remuneraciones del organismo establecen que recibe el dinero de la entidad previsional y lo paga. «Acá actuó como caja retenedora y después no le quiso entregar sus remuneraciones», revela el profesional.
En la demanda interpuesta en el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, Nahuelcoy pide que se condene a la ANFP a pagar $19.250.000 por sus once años de servicio, igual cantidad por vulneración de derechos fundamentales («la ley dice que cuando un empleador sea condenado por vulneración de derechos fundamentales, tiene que pagar no menos de seis remuneraciones ni más de once remuneraciones», aclara el abogado), $1.750.000 por indemnización de aviso previo, $9.625.000 por recargo sobre los años de servicio, $1.966.667 por remuneraciones pendientes, $3.500.000 por feriado legal y proporcional y $59.500.000 por daño extrapatrimonial («es lo que se conoce como daño moral. Tiene que ver con el cálculo que hicimos del tiempo que pasó desde que empezó el proceso disciplinario hasta el término de la sanción»).
También pide al juez que se revise el sistema de designaciones arbitrales. El 25 de julio será la audiencia preparatoria.
