Exministra Antonia Orellana rechaza el peritaje
La subsecretaria de la Mujer, Marcia Raphael, comenta que la auditoría interna detectó una subestimación inicial del costo y del plazo, un proyecto sin un diseño integral.
El plan de revisión total de los gastos del Estado, ordenado por el Presidente José Antonio Kast, detectó diversas irregularidades en el proceso de remodelación y habitación del edificio que actualmente ocupa el ministerio de la Mujer y Equidad de Género. En 2022, la entonces ministra de dicha cartera, Antonia Orellana, tomó la decisión de trasladar las oficinas del ministerio desde un inmueble en calle Catedral, al edificio que ocupó el diario ‘La Nación', ubicado en Agustinas 1269, en plena Plaza de la Constitución, frente al Palacio de La Moneda.
El peritaje
El argumento fue que dicho traslado le ahorraría al Estado $700 millones anuales en arriendo de oficinas. Las obras debían costar $1.100 millones, según una auditoría interna ordenada por las actuales autoridades del ministerio de la Mujer, documento al que tuvo acceso este diario, donde se afirma que los trabajos de remodelación y habitación terminaron costando $2.831.336.713, un 146% superior a lo presupuestado, con una duración efectiva de las obras de tres años y medio, dos años más de lo proyectado originalmente.
Aparte del sobrecosto, la auditoría detectó diversas irregularidades en el proceso de licitación y ejecución de los trabajos. A lo que habría que sumar $120 millones que el Fisco debió pagar por el término anticipado del arriendo de las anteriores oficinas, más $494 millones proyectados para reparaciones de la nueva sede en el exedificio de ‘La Nación'.
Según explica la subsecretaria de la Mujer, Marcia Raphael, ‘la auditoría interna detectó una subestimación inicial del costo y del plazo, un proyecto sin un diseño integral ni un análisis formal de riesgos, un fraccionamiento del proyecto en cinco contrataciones sucesivas adjudicadas mayoritariamente a un mismo proveedor, 88,09% del gasto total, modificaciones contractuales sucesivas que habrían alterado indebidamente contratos pactados, y situaciones de posible doble cotización o duplicidad de pago. Todos estos antecedentes están y fueron puestos a disposición de la Contraloría General de la República, el Consejo de Defensa del Estado y el Ministerio Público para su revisión'.
Puntualmente sobre el fraccionamiento de los contratos dice se hizo para evitar las fiscalizaciones de Contraloría. ‘La normativa de la Contraloría General de la República exime del trámite de Toma de Razón a las contrataciones inferiores a 15.000 UTM (aproximadamente $1.075 millones). El proyecto se dividió en cinco contratos sucesivos, cada uno formalizado por separado y bajo ese umbral, que en conjunto superaron largamente esa cifra. La auditoría calificó esta práctica como una irregularidad administrativa, en la medida en que se podría haber fraccionado artificialmente el proyecto y, con ello, inhibido la aplicación de los mecanismos de control más rigurosos'.
Defensa de Orellana
Consultada, la anterior ministra de la Mujer durante el gobierno de Gabriel Boric, Antonia Orellana, rebate dicha auditoría. ‘Se está publicando un dato erróneo. La auditoría que se ha conocido por los medios se basa en un documento preliminar enviado a Dipres en el marco de la discusión presupuestaria para el año 2023. Esa proyección luego se modificó. Esto conduce a un error que se puede comprobar revisando el presupuesto real de la Subsecretaría de la Mujer entre 2023 y 2026. Por eso el sobrecosto que calculan, de 146%, también está incorrecto'.
La exsecretaria de Estado asegura que las obras siempre se proyectaron en más de $2.200, no los $1.100 que plantean las actuales autoridades del ministerio de la Mujer. ‘Ese monto se fue ajustando durante la ejecución, tal como consta en los presupuestos aprobados por el Congreso cada año, que son públicos. A marzo de 2026, las cinco licitaciones de la remodelación sumaban en total $2.452.471.883, que es un 5% superior a la formulación, no un 146%, lo cual no está fuera de rango considerando los atrasos. Desconozco el por qué se difunde una cifra errónea', declaró.
Costos adicionales
La actual subsecretaría de la Mujer agrega que hubo también fallas en la fiscalización de la obra, donde un arquitecto figura como ejecutor de la obra y supervisor, a la vez. ‘La auditoría constató que el traslado del personal se concretó entre el 13 y el 20 de febrero de 2026, sin que se hubieran acreditado plenamente las condiciones mínimas de habitabilidad y seguridad. Se detectaron, entre otras, deficiencias en la normativa sanitaria y de ventilación, una instalación eléctrica obsoleta que infringiría la norma SEC, vías de evacuación que no cumplirían con la normativa de accesibilidad universal ni con la Ley Senapred, y una omisión de señalética laboral. También se identificaron deficiencias estructurales en cielos, pisos y tabiquería, con una estimación de reparación de $494 millones adicionales al costo ya reportado, así como inconsistencias en la designación del profesional que ejerció como Inspector Técnico de Obras. En conjunto, estos hallazgos dan cuenta de una supervisión técnica insuficiente durante la ejecución y recepción de las obras', explica Raphael.
Será la Fiscalía Centro Norte la encargada de investigar posibles delitos asociados al fraccionamiento de los contratos, eventuales fraude al Fisco, negociación incompatible, e infracciones a la normativa de seguridad laboral. ‘Remitimos los antecedentes al Ministerio Público, en cumplimiento del deber legal de denuncia que pesa sobre todo funcionario público, en el entendido de que podrían revestir características de posibles delitos', remató la subsecretaria Raphael.
Otras ‘debilidades'
La auditoría detectó falencias o ‘debilidades', en la ejecución del proyecto, entre ellas: Indicios de duplicidad de pago y cotizaciones repetidas. Entre ellos, de mantención y pintura de la fachada, ejecución de lucernarios, tabiquerías de metalcón, letreros institucionales, retiro de cables obsoletos, certificación SEC e instalaciones sanitarias. Reducción de garantías y ausencia de multas o retenciones. Las boletas de garantía se redujeron de $18.000.000 a $5.000.000 en octubre de 2025, sin que la administración aplicara retenciones financieras ni multas frente a los incumplimientos contractuales detectados. Aumentos presupuestarios sin justificación suficiente. Se constató un incremento injustificado del presupuesto de retiro de escombros de las obras.
