Joven había sido condenada por tráfico de drogas el año pasado
Un tribunal conmutó su pena por la expulsión del país, pero en Venezuela no pudieron corroborar su identidad.
Este viernes el Juzgado de Garantía de Vallenar acogió la solicitud de la abogada de la Defensoría Penal Pública, Náyade Cifuentes, y le concedió la libertad vigilada a una ciudadana venezolana, de 25 años. La joven fue condenada por el delito de «tráfico de estupefacientes» el 22 de marzo del 2023 y condenada a la pena de cinco años de presidio menor en su grado máximo.
Al momento de su detención, el 18 de noviembre del 2022, la mujer se identificó como Zuribelis del Valle Sánchez Pérez. Con esa identidad estaba recluida en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Vallenar, desde el 22 de noviembre del 2022.
Zuribelis fue detenida en un bus que viajaba de Calama a Santiago. Iba en compañía de su hija de dos años y de otras tres venezolanas. Todas estaban indocumentadas y no había registros de sus fechas de ingreso a Chile.
Según el expediente del caso, que se encuentra en el portal de Poder Judicial, el bus fue sometido a un control policial aleatorio en la carretera. Frodo, el perro detector de drogas de Carabineros, alertó en el segundo piso del vehículo «con señales propias de su adiestramiento de la presencia de sustancias ilícitas» en las vestimentas de las mujeres.
Al ser sometidas a un control de identidad, la policía encontró ketamina. Zuribelis portaba «13 paquetes de nylon transparentes los que mantenía en un porta bebé y adheridos en su torso, piernas y ropa interior, contenedores de seis kilos y 171 gramos de ketamina».
Las cuatro fueron formalizadas el 22 de noviembre de ese año. Todas quedaron en prisión preventiva, mientras que la hija de Zuribelis fue enviada a una residencia para menores.
Tras un juicio abreviado, el 13 de abril del 2023 se les concedió a todas el beneficio de «la pena sustitutiva de expulsión del país», ordenándose que se concretara en un plazo no superior a 60 días.
El 8 de mayo la Sección Migraciones y Policía Internacional de Vallenar despachó un correo electrónico al Consulado de Venezuela, «solicitando la corroboración de identidad de 43 venezolanas, recluidas en los distintos recintos penales del país».
La información solicitada llegó días después, pero el consulado de Venezuela sólo reconoció la identidad de tres de las cuatro detenidas. El 10 de julio Geraldine Ramírez Guevara y Gabriela Perozo Oropeza fueron expulsadas de Chile. Nueve días más tarde se sumó Johandry Alexandra Rey. Zuribelis Sánchez Pérez continuó en prisión.
La libertad
El 4 de diciembre del año pasado, el Juzgado de Garantía de Vallenar realizó una audiencia para revisar las cautelares de Zuribelis. De acuerdo con lo señalado por el juez Daniel Herrera Marín, su identidad todavía no era corroborada por «quien refiere su país de origen, Venezuela».
Por solicitud de la defensora Náyade Cifuentes, se fijó una nueva audiencia para este viernes 19.
Según un comunicado emitido por la Defensoría, el Juzgado de Garantía acogió la solicitud de la abogada y sustituyó «la pena de expulsión de la condenada del territorio nacional por la libertad vigilada intensiva, por igual término que el de la condena impuesta».
El mismo comunicado agregó que el juez argumentó que para otorgar el beneficio tomó en consideración «la perspectiva de género, que la condenada es mujer, madre y extranjera. Que ha transcurrido más de un tercio de la pena corporal impuesta sin que la expulsión se ejecutara y porque no registra otros antecedentes penales».
La libertad vigilada la deberá cumplir en un domicilio de Vallenar y deberá presentarse a control en el Centro de Reinserción Social de la misma ciudad.
Cuatro días antes de esta resolución, Náyade Cifuentes anticipó las condiciones que debería cumplir Zuribelis en una entrevista a «El diario de Atacama». «Se le coloca un dispositivo (electrónico) para que en la noche esté en un lugar. Además, ella tiene una red de apoyo de una chilena que la acogerá, proporcionándole un domicilio», dijo.
