Las empresas están obligadas a mostrarlo dos veces por año
La gente no lo sabe y por eso no lo exige, dice Hans Hanckes, de un buró de crédito.
La escena es un clásico en cualquier oficina donde se entregan los informes comerciales. Sentados con la misma cara de un paciente a quien le darán los resultados de un examen de vida o muerte, los deudores aguardan a que en un sobre les cuenten sobre su salud financiera.
En la atribulada cabeza del deudor no hay espacio para aclarar algunas curiosas contradicciones del proceso. Por ejemplo, que el «paciente» tenga que pagar a la empresa que recopiló y luego expuso sus pecados financieros o que deba cancelar por corregir algún error de sus deudas en el fatídico informe.
Las contradicciones no serían tales, si el deudor se diera un tiempo para leer la ley 19.628 que regula los derechos y deberes de las personas ante los buró de créditos, esto es, las empresas que se dedican a recopilar los datos financieros de la gente.
«Según la Ley 19.628, los buró de crédito tienen la obligación de mostrar a las personas la información que manejan de ellas dos veces al año gratuitamente. No están obligadas a entregarles tales datos en papel, pero sí mostrárselos en pantalla», explica Hans Hanckes, gerente general del buró SIISA. El dato permite un ahorro en torno a los cinco mil pesos.
La mentada obligación no es la única que la gente desconoce, según Hanckes. «Las personas también pueden exigir sin ningún costo que se corrija cualquier error en la infomación que manejan sobre ellas. Eso, por cierto, totalmente gratis», agrega.
Otro uso incorrecto del boletín comercial es para descartar postulantes a un trabajo.
«Yo estaba totalmente capacitado para un cargo, pero no quedé porque probablemente vieron mi Dicom», explica Patricio Benavides, ingeniero en ejecución.
«El mal uso de los datos de la gente en la selección para un trabajo se debe a que actualmente no existe nada que obligue a las empresas a entregar la información para un fin específico. El tema entonces es tierra de nadie porque, aunque la ley lo prohíbe, cualquiera puede pedir la información y usarla para lo que desee», cuenta Hanckes.
La principal crítica del ejecutivo, sin embargo, apunta a la discriminación que sufren los sectores de menores ingresos en el uso que las casas comerciales hacen de su información. «En el caso de los sectores bancarizados, que constituyen cerca de un 30% de la población, además de los incumplimientos, aparece su historia de pagos», aclara.
«En los sectores de menores ingresos, en cambio, sólo se publica el historial de no pagos. Con eso, los bancos definen las tasas de interés de los créditos que obviamente serán mayores. Dada la información parcial y negativa, hacen el cálculo de que hay más riesgo», detalla.
