El proyecto simplemente no parece presentar los problemas ambientales que se le atribuyen.
El duro fallo del Tribunal Ambiental en contra del gobierno por su postura respecto al proyecto Dominga demuestra lo peligroso que puede ser presentar ideas políticas como verdades técnicas. La decisión de rechazar la iniciativa por el comité de ministros fue descartada por los jueces, al considerarla una manifestación ilegal, contradictoria e incluso incoherente con principios básicos del derecho.
Han pasado 11 años, y ahora le toca al gobierno, una vez más, decidir cómo responder a un proyecto que ya ha recibido el visto bueno por parte de múltiples agencias.
A todas luces, el proyecto simplemente no parece presentar los problemas ambientales que se le atribuyen, lo que lleva a preguntarse: si no hay señales de alerta en los puntos más importantes, ¿dónde exactamente reside la resistencia? ¿Y cuánto se ha perdido al descartar un proyecto por problemas que no existen?
Por lo pronto, es evidente que se pierde la inversión que el proyecto podría traer, lo que al fin y al cabo permitiría desarrollar la industria nacional y hacer más competitivo al país. No es menor, considerando que la minería chilena ha perdido presencia relativa frente a países vecinos que han optado por tomar decisiones más favorables para atraer capital internacional.
Sin embargo, quizá lo más relevante es lo que se pierde en términos de progreso para las comunidades de la zona y sus trabajadores. En efecto, el gobierno parece responder más a favor de pequeños grupos de presión que al interés general, que en este caso, por medio del sindicato de faeneros, le pide al Presidente Boric no dilatar el más asunto.
La respuesta del Presidente no solo reflejará la postura de su gobierno frente a la inversión y al progreso, sino que también pondrá en evidencia la posición de la izquierda que lidera en un eje que va desde la representación transversal de la clase trabajadora hasta la defensa de las demandas de nicho.
