Durante debate del proyecto de Reglas del Uso de la Fuerza (RUF)
La tramitación del proyecto de Reglas del Uso de la Fuerza por parte de las policías y las FF.AA. en el control del orden público que se discutió en la Cámara ha tenido momentos álgidos, como el vivido este jueves cuando la diputada Maite Orsini (RD) aseguró frente a sus colegas de las comisiones unidas de Constitución y Seguridad Ciudadana, haber sido agredida en una comisaría de Carabineros.
Estaban discutiendo el artículo 12 que tiene que ver con el uso de la fuerza en contra de personas ya detenidas, «salvo para mantener la seguridad en las unidades de detención o cuando esté en peligro la integridad física de las personas», norma que busca ser eliminada por diputados de oposición. Fue en ese momento que Orsini relató haber sufrido supuestos malos tratos por parte de personal policial años atrás. «A mí me pasó, yo me negué siendo una adolescente a desnudarme por completo en una comisaría y me sacaron la mugre, me quemaron, me golpearon», les dijo a sus colegas parlamentarios.
Y agregó que estas cosas «ocurren, hay muchas denuncias de que ocurre y es importante que quede establecido, y no se trata de una desconfianza en contra de Carabineros. Toda organización humana, incluidas las políticas, incluidas los carabineros, son susceptibles de que haya personas que actúen por fuera de la ley».
Otro de los momentos que generó tensión fue el debate en torno a una indicación defendida por la oposición para que sean los tribunales militares quienes tomen los casos en los que miembros de las policías o de las Fuerzas Armadas se vean involucrados producto del uso de la fuerza durante un procedimiento, indicación que finalmente fue aprobada con 14 votos a favor y 12 en contra.
Durante la jornada también se aprobó el artículo sobre el uso de «fuerza potencialmente letal», la que «constituye una medida que procede solo cuando resulten insuficientes las medidas establecidas en las etapas previas y justificada en caso de cumplimiento del deber, legítima defensa, cumplimiento de una orden judicial, con el objeto de detener a una persona que oponga resistencia a la autoridad, para impedir su fuga o para la protección de infraestructura crítica, cuando exista peligro grave de verse afectada».
