68% de las personas considera que la actividad es un delito, pero el 33% se reconoce como cliente
Encuesta de la Cámara Nacional de Comercio muestra que el consumo de cigarrillos de origen desconocido se duplicó en un año: pasó del 12% de las compras al 25%.
Aunque el 68% de las personas relaciona el comercio ambulante informal con el delito o que es una actividad ilegal, lo cierto es que uno de cada tres individuos reconoce que ha comprado algún producto recientemente.
Así lo revela la Segunda Encuesta Nacional sobre Percepción del Comercio Ilícito y Contrabando en Chile de la Cámara Nacional de Comercio, la cual encuestó a 576 personas a nivel nacional, para evaluar el conocimiento y prácticas de compra de la ciudadanía en el comercio ambulante informal, comercio ilícito y contrabando.
Indican que el comercio ambulante informal se establece principalmente en espacios públicos como calles con alto flujo de personas, ferias libres, salidas de metro, y no tienen permiso municipal para vender. El problema, es que además de actuar de forma ilegal y sin pagar los permisos e impuestos pertinentes, puede estar vendiendo productos ilegales que fueron robados, falsificados, prohibidos o que llegaron como contrabando
¿Qué es lo que se está comprando? La CNC preguntó cuáles fueron los productos que más se han comprado en los últimos tres meses, y en primer lugar está la ropa con 44%, seguido de artículos para el hogar con 27%, artículos de aseo con 26% y cigarrillos con 25%.
A la hora de determinar lo último que se compró, en el primer lugar se buscó frutas y verduras con un 24%, le sigue ropa con 16% y cigarrillos con un 13%.
«Nos llama la atención que la compra de cigarros subió al doble según nuestra encuesta de 2023, donde arrojó 12% (de la participación) y ahora, 25%. Lo mismo en el caso de los juguetes, que pasaron de 10% a 20%. Hay un tema con el precio. Hay muchos cigarros que son falsificados o producto de contrabando y se desconoce lo que traen. Pero también hay un impacto económico en la cartera fiscal del país que es difícil que la gente comprenda. En 2023, fueron US$1.300.000.000 en evasión de impuestos por la venta ilegal de cigarrillos, son varios los programas sociales que se podrían haber financiado con esos recursos, eso es lo preocupante», explica el presidente de la CNC, José Pakomio.
La agrupación ve difícil que el comercio formal pueda competir con quienes venden en la informalidad e ilegalidad, porque según la encuesta, el 54% de quienes compran en el comercio ambulante lo hacen porque es más económico que un comercio establecido.
También hay un asunto de comodidad, porque dentro de las otras razones de compra aparece que el vendedor ambulante le queda justo al paso o que necesitaba el producto de forma inmediata.
Jorge Berríos, director Académico del Diplomado en Finanzas de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, aprecia que las compras son de productos en general de primera necesidad: «Se ven artículos bastante esenciales o no de lujo. Dado que hay una situación económica bastante delicada, lógicamente la gente compra porque es más barato, tiene poco poder adquisitivo y le resulta más conveniente para la situación que está viviendo», plantea.
Fiscalizar y sancionar
Nicolás Román, académico de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de los Andes, indica que es un problema que hay que abordar por las repercusiones y pérdidas económicas que genera.
«El impacto de no combatir el comercio informal es enorme. Está lo económico -porque el 45% de los ingresos fiscales es de IVA y afecta los ingresos municipales por el no pago de patentes- y está su efecto en el empleo, en la informalidad. También golpea a la seguridad ciudadana por la invasión de espacios públicos», analiza.
Pakomio le asigna una responsabilidad al comprador: «Habiendo demanda, habrá oferta. Y lo interesante y preocupante es que el encuestado asume que el comercio informal genera espacios de inseguridad, que está el crimen organizado detrás, pero igual sigue comprando».
El líder de los comerciantes considera que la única manera de contrarrestar a los ambulantes es con más fiscalización de actores públicos (como municipios o gobierno) para sancionar a quienes compran en este tipo de lugares y señala que comunas como Providencia, Puerto Montt o Viña del Mar tienen ordenanzas que establecen multas de hasta 4 UTM a quienes sean descubiertos en el acto.
Sin embargo, Berrios señala que muchas personas piensan que quienes se dedican al comercio ambulante lo hacen por necesidades económicas o desempleo, por lo que también hay que atacar a los vendedores mayoristas que surten de estos productos a quienes finalmente los ponen en las veredas.
«Hay que fiscalizar y requisar para que esta situación llegue a un punto de quiebre en el que ya no sea conveniente seguir ejerciendo esta actividad y definitivamente se la haga desaparecer», recomienda.
