La cifra exacta en moneda nacional es de $89.961.933.591
El abultado monto se divide en transferencias desde las oficinas regionales del Minvu y de los gobiernos regionales a 107 ONGs.
La cifra de varios dígitos que titula esta nota corresponde al monto total de dinero investigado en el denominado caso Convenios, actualizado al mes de mayo, según un informe elaborado por la Unidad Anticorrupción, Lavado de Activos y Probidad Interna de la Fiscalía Nacional, a cargo de las indagatorias que partieron en Antofagasta con las transferencias irregulares desde el Minvu de esas ciudad a la fundación Democracia Viva y que hoy se extiende en pericias a ONGs a lo largo de todo el país que se iniciaron en junio de 2023.
Los $89.961.933.591 (equivalentes a 99 millones 400 mil dólares) se dividen en dos ítems (ver tabla): $12.221.799.718 transferidos desde el Minvu en distintas regiones a fundaciones y corporaciones, y $77.740.133.873 en traspasos a este tipo de entidades sin fines de lucro, desde los gobiernos regionales repartidos por el país. Los datos fueron entregados por a la segunda comisión investigadora del caso Convenios de la Cámara por Eugenio Campos, director de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional quien explicó parte del trabajo investigativo es determinar la presencia de eventuales delitos (fraude al fisco o administración desleal, entre otros) y/o faltas administrativas.
Ante los parlamentarios el fiscal planteó sobre la ocurrencia de eventuales ilícitos: «Hay que diferenciar si se trata de empleados públicos, de si son particulares los que participan. Si son empleados públicos tenemos fraude al fisco, tenemos temas de administración desleal, entre otros. Y en aquellos en los cuales participan particulares o que no tienen la calidad de empleo público, pueden tener otra categoría. Cuando hablo de los 12.000 millones de pesos aproximadamente en el Minvu, cuando hablo de los 77.000 millones de pesos en gores, hablo del total de transferencias (a fundaciones). No hablo del total de transferencias objeto de un ilícito o de delitos, eso lo vuelvo a recalcar. Sin embargo, un universo importante, tanto de los 12.000 como de los 77.000, sí son objeto de investigación».
El diputado Rubén Oyarzo (PDG), presidente de la comisión investigadora, contextualizó: «Los montos investigados que han ido en aumento dejan en evidencia que hay delitos claros, dentro de estos se identifica fácilmente una posible malversación de fondos públicos y en algunos casos de tráfico de influencia». Y agrega: «En los patrones comunes se ha evidenciado que fundaciones sin expertiz postulaban a proyectos varios, adjudicándoselos, tal como ocurrió con Procultura. De hecho, esto es parte de las observaciones hechas por la Contraloría».
Mayores montos
Las regiones con mayores montos investigados son La Araucanía con $44.568.687.304 (repartidos en 13 fundaciones), seguida de Los Lagos con $15.384.404.920 (entre 11 fundaciones). Como ejemplo, el informe expone que entre las organizaciones que más investigaciones tienen en distintas zonas del país está ProCultura con $5.443.000.000 en ocho regiones del país; En Red, a la cual se le indaga haber recibido de forma irregular $2.040.000.000 también en ocho regiones; $2.900.000.000 a Enlace Urbano en seis regiones; $1.940.000.000 que fueron a parar a Urbanismo Social en cinco regiones; y $518.000.000 a Comprometidos.
La diputada Chiara Barchiesi (Partido Republicano), también integrante de la comisión investigadora, dijo: «Que se esté investigando no es sinónimo de que sean delitos, como los casos Kimün, Democracia Viva, caso Lencería y otros, hay que esperar el curso de las investigaciones, pero hay varios casos que están formalizados y hay patrones comunes entre fundaciones como falta de experiencia acreditada y falta de entrega de boletas de garantía, libros de contabilidad confiables, muchos traspasos directos, entre otros. Yo soy diputada por la Región de Valparaíso y hay un caso que me gustaría plantear por traspasos directos desde el Gore a tres organizaciones que tienen vínculos con Modatima y que están en una auditoría que hizo la Contraloría. Hay que recordar que Modatima es la organización que ayudó a Rodrigo Mondaca a ser gobernador regional».
La parlamentaria entregó otro ejemplo dentro de los 89 mil millones de pesos investigados a nivel nacional. «Entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de mayo de 2023, el gore de la Región de Valparaíso realizó 53 transferencias a entidades privadas por un total de $1.370.822.396, vía asignación directa de recursos sin justificación para utilizar dicha modalidad».Barchiesi explicó que en ese contexto el gore habría incurrido en atrasos en la revisión de las rendiciones de cuenta, por cuanto al 30 de junio de 2023, se habían presentado rendiciones en 17 convenios vigentes por $553.437.480, las cuales no habían sido revisadas, entre otras eventuales irregularidades. Las transferencias otorgadas a la Fundación Terramy, las Corporaciones Fima y Epmusa, a través de asignación directa de recursos por $401.863.000, $400.000.000 y $380.556.000, se materializaron el 31 de diciembre de 2022 en una única cuota, y no conforme a los programas entregados por esas entidades comprometidos en los convenios, remató la diputada.
El fiscal jefe de la Unidad de Anticorrupción, Eugenio Campos habló con LUN y se refirió a los patrones que se repiten entre las fundaciones investigadas.
¿Qué eventuales delitos hay involucrados?
«En cuanto a los delitos potencialmente involucrados, cabe mencionar aquellos que han sido formalizados y que han sido objeto de audiencias públicas. Entre estos delitos se incluyen el fraude al fisco y las administraciones desleales. Actualmente, estas son las principales figuras delictivas que la Fiscalía está investigando y que ha imputado a los involucrados en estas operaciones en los tribunales de justicia».
¿Qué patrones comunes en las fundaciones investigadas ha notado?
«Los factores que han captado nuestra atención incluyen principalmente la reciente creación de ciertas corporaciones o fundaciones, cuyas actividades convenidas no se alinean necesariamente con su objeto social o razón de ser. Además, se observa una notable ausencia de instrumentos que aseguren tanto la correcta asignación de los montos transferidos como la ejecución efectiva de los proyectos acordados. Otros aspectos preocupantes son la proliferación de múltiples domicilios y la falta de experiencia relativa a los compromisos adquiridos. Estos elementos son relevantes y han sido aspectos que la Contraloría General de la República también ha intentado esclarecer mediante los informes emitidos, los cuales forman parte integral de nuestras investigaciones en curso».
«Hay que diferenciar si se trata de empleados públicos, de si son particulares los que participan. Si son empleados públicos tenemos fraude al fisco», Eugenio Campos, fiscal.
