«No comparto la resolución de mi colega de haberlo autorizado a comparecer de esta manera», dijo la magistrada del 4° Juzgado de Garantía, Cecilia Villanueva, en relación a la asistencia vía Zoom de Martín de los Santos Lehmann a la audiencia de revisión de sus medidas cautelares. El imputado declaró que se conectó desde su casa en Pichilemu.
El hombre está imputado de agredir violentamente a Guillermo Oyarzún, conserje de un edificio de Vitacura, el pasado 17 de mayo. Además, se le imputa la agresión a un carabinero en esa misma jornada.
La primera audiencia- de formalización- se realizó un día después de la agresión. En ella el tribunal sólo estableció las medidas cautelares de firma mensual y prohibición de acercarse a las víctimas y al lugar de los hechos. Este lunes, la audiencia se citó para cambiar esas medidas por la de prisión preventiva. Como el imputado no asistió de forma presencial, se generó una orden de detención en su contra.

El abogado del conserje agredido, Felipe Silva Pavez, describió así la situación. «Inicialmente no se había fijado arraigo y él preguntó si podía viajar. Ayer (domingo) en un podcast señaló que estaba en el extranjero, no sabemos dónde está. Creemos que hay un inminente peligro de fuga». Y agregó: «Es una persona absolutamente peligrosa para la seguridad de la víctima y la sociedad».
Show mediático
Todo ese trámite es más o menos normal en audiencias de este tipo. Pero lo que pasó después rompió todos los moldes.
Justo tras ser informado de que se decretaba su prisión preventiva, De los Santos decidió encarar a la jueza.
«Oiga, magistrada, usted está haciendo un show mediático», partió diciéndole. La jueza ya le había llamado la atención por encender su micrófono sin permiso e interrumpir a la parte querellante.
Pero no se quedó ahí. El sujeto criticó fuertemente, y sin autorización, la resolución de Villanueva. «Usted está cambiando de opinión por la opinión pública, esto es ilegal», le dijo.
El imputado se mostró inquieto durante toda la audiencia. Se agarraba la cabeza y constantemente decía «no» con su dedo ante las declaraciones de la contraparte.
Al oír la decisión final de la jueza se paró de su silla, desapareció del plano y volvió fumando. «Le pido que dé nuevamente su veredicto, lo vamos a subir a internet y que todo Chile, todos los abogados analicen este caso», le exigió a la magistrada a través de la pantalla de Zoom.
Entonces, decidió seguir hablando: «Le duela a quien le duela -dijo- yo doy empleo, doy trabajo, soy una persona trabajadora, no (ando) golpeando viejitos por la calle».
«Si me tomo esta licencia es porque tengo mi derecho a defenderme y a mí no me ha defendido nadie», exclamó mientras sus abogados defensores intentaban callarlo.
Durante la jornada se supo que el 16 de junio, De los Santos presentó una querella contra quien resulte responsable por lesiones graves y amenazas simples en su contra. Además, acusa que la noche del ataque a Guillermo Oyarzún, fue sometido de forma no consentida a sustancias sicotrópicas.
Durante la audiencia, la defensa presentó un informe de una asistente social respaldando al imputado.
La reformalización
Tras el ataque del que se acusa a De los Santos, la víctima, «Memo» para su familia, perdió el 90% de su visión en un ojo. «Él ve borroso, no distingue figuras, su ojito se le hundió», relató su hija Doris. «No es el mismo que hace un mes, era muy de chistes rápidos».
En la previa de la audiencia, su otro hijo, Carlos, dijo que espera que los informes que describen un estado de conciencia alterado productos de sustancias al momento del ataque no sean una manera de buscar reducir las penas.
«No vamos a descansar hasta que él esté en la cárcel», agregó Doris, recordando otros casos en que el imputado ha estado involucrado.
El tribunal fijó para el 20 de agosto la reformalización de De los Santos, donde se buscará cambiar la calificación jurídica del ataque para alcanzar penas más altas.
La renuncia
Durante la tarde de este lunes, el abogado Carlos Mora Jano, quien defendía a De los Santos, presentó un escrito en el 4° Juzgado de Garantía, informando que no lo seguirá representando. Explicó que su decisión se debió a «causas sobrevinientes que afectan a esta defensa, principalmente por diferencias irreconciliables y falta de confianza con el imputado».