Diputados oficialistas habían exigido su salida
El requerimiento de remoción para el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, que presentaron diez diputados oficialistas el 24 de marzo, fue rechazado por unanimidad la tarde de este lunes por el Pleno de la Corte Suprema, presidido por Gloria Ana Chevesich. Parlamentarios del Partido Comunista, Frente Amplio, Acción Humanista y del Partido Socialista, lo acusaban de negligencia, falta de perspectiva de género y filtraciones indebidas durante la investigación del caso Sierra Bella. Entre los cuestionamientos, se incluyó la autorización de un allanamiento al domicilio de la diputada Karol Cariola cuando estaba en trabajo de parto y supuestos tratos políticos irregulares. La petición no fue acogida por el tribunal, que concluyó que las conductas alegadas no cumplían los requisitos legales para justificar su destitución.
La ministra vocera María Soledad Melo fue la encargada de anunciar públicamente la resolución. Tras el fallo, la defensa valoró la decisión. «Quedamos muy satisfechos con la resolución. Creemos que se hizo justicia. La República puede quedar tranquila de que este es un tribunal de derecho, donde la política no ingresa, sino que se resuelve en función del mérito de las pruebas presentadas», dijo el abogado Matías Insunza. «El análisis riguroso del requerimiento dio cuenta, una vez que se presentaron las pruebas, de que los hechos planteados en el requerimiento no habían ocurrido como así se planteaban», señaló.
«Solamente presentaron ellos dos testimonios y un documento, pero nosotros tomamos la decisión estratégica de presentar múltiples testigos y documentos para demostrar que los planteamientos y los supuestos fácticos planteados en el requerimiento no habían sido como así se indicaban», añadió Insulza.
Parlamentarios de oposición celebraron la decisión de la Corte Suprema. «Aplaudo que el máximo tribunal haya puesto por delante el Estado de Derecho, reafirmando que la Fiscalía debe mantenerse al margen de presiones externas», manifestó la subjefa de la bancada UDI, Marlene Pérez. A Jorge Guzmán de Evópoli le parece que «es irresponsable que parlamentarios de izquierda, quieran incidir en investigaciones penales del ministerio público a través de este tipo de acciones».
