Proyecto de US$125 millones en Vitacura ha recibido una avalancha de reparos
Acá hay un abuso de la institucionalidad, dice experto del rubro inmobiliario.
«Este proyecto es el laboratorio inmobiliario de Chile», dice Rodrigo Andreucci, socio de Andreucci y Torrejón Abogados, una firma legal con 25 años de experiencia en asesorías al rubro inmobiliario. El doctor en Derecho no le ha quitado los ojos de encima al nuevo centro comercial que Cenco Malls quiere construir en Vitacura, a un costado del colegio Saint George´s College, en un terreno baldío de 12,5 hectáreas que el holding arrienda desde hace 18 años a la congregación Holy Cross, dueña del colegio.
«Si tú quieres saber qué pasa en el rubro inmobiliario del resto del país, tienes que estudiar lo que pasa en Santa María Manquehue», agrega sobre el proyecto que implica una inversión de US$ 125 millones y considera un mall de tres niveles, un supermercado, jardines y una laguna artificial en el terreno ubicado en Avenida Santa María.
Desde que Cencosud ingresó a evaluación ambiental la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto, el 8 de octubre de 2024, ha recibido una avalancha de reparos y solicitudes que no le han permitido avanzar. En concreto, fueron 204 observaciones ciudadanas. También recibió cuestionamientos de las municipalidades de Vitacura y Huechuraba, principalmente por el impacto vial que podría causar, y de autoridades como la Seremi de Medio Ambiente Metropolitana y el SAG, que cuestionaron el plan de arborización y la relocalización de reptiles y culebras del sector presentado por el holding.
Pero recientemente se sumaron otras observaciones. Esta vez de parte de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi). La entidad solicitó a la empresa que considere las peticiones que planteó la Asociación Indígena Dhegñ-Winkul, cuya ruka se ubica en la calle Salvador Allende, en Huechuraba, a 3,2 kilómetros del terreno del mall.
Se trata de una comunidad compuesta por 27 mapuches y sus familias, que se dedican a promover la medicina tradicional mapuche. La comunidad manifestó su preocupación por la flora y fauna del lugar al que consideran territorio ancestral, y por la posible presencia de osamentas indígenas. Por lo mismo, solicitaron que se realice una ceremonia Trafquintun para pedir permiso a los espíritus del lugar. También solicitaron ayuda para la renovación de la ruka que está llena de termitas, un espacio para la venta de productos indígenas y que el mall se llame «Futa Kurra» que significa gran piedra en mapudungún.
¿Por qué la comunidad puede hacer estas peticiones? Andreucci explica que los proyectos inmobiliarios están sujetos al artículo 86 del reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), que obliga a las autoridades a reunirse con los grupos humanos pertenecientes a Pueblos Indígenas (GHPPI).
«Es valioso que existan consultas indígenas en zonas en que efectivamente hay comunidades indígenas. Pero acá hay un abuso de la institucionalidad. Ellos quieren un espacio en el futuro mall para vender, sin cobro. Esto es una forma de sacar provecho pecuniario. El país necesita que los proyectos de inversión público y privado se desarrollen sin peticiones individuales para sacar alguna utilidad, porque ya tienen que pagar derechos municipales y diversas obras de mitigación. Si además hay que empezar a satisfacer requerimientos económicos no vamos a terminar nunca con la creación de organizaciones para hacer estas peticiones que son realmente extorsivas», plantea.
El abogado agrega que en este caso la Conadi aplicó un criterio desproporcionado, ya que no se exige los mismo requerimientos para otros proyectos con mayor impacto en la ruka, como la construcción del teleférico. «¿Y si la comunidad reclama y paraliza esta obra? El precedente es muy malo y cada vez son más los casos similares. En Los Lagos hay una central de pasada (Statkraft) de inversión noruega que está lista, construida, pero se encuentra paralizada hace tres años por una consulta indígena. Algo similar pasa con la extensión del tren a La Calera. Pareciera que hay una postura ideológica, una forma de legitimarse de estas instituciones como la Conadi».
Otro punto que cuestiona Andreucci es la ceremonia de permiso. «Es un contrasentido con el Estado laico que es Chile. Es muy absurda toda la lógica que hay detrás de esto».
¿Posibilidades de un acuerdo?
«Desafortunadamente la forma de lograr un acuerdo va a ser que Cenco desembolse una suma de dinero en favor de la comunidad».
¿Cuándo cree que se podría empezar a construir?
«Nuestro análisis es que no será antes del 2030. Recientemente Cencosud pidió plazo para responder a los requerimientos hasta enero. Esto será resuelto por el nuevo Gobierno. Si se aprueba la declaración ambiental, las organizaciones pueden reclamar en varias instancias hasta llegar a la Corte Suprema, eso puede ser varios años».
¿Por qué dice que ese sector es un laboratorio?
«Es el lugar más difícil en Chile para tener un permiso de edificación, porque están las propiedades de más alto valor. Los propietarios de esos bienes no quieren más densidad, que llegue más locomoción colectiva. Además, la acumulación de normativas recientes y los cambios en la regulación de seguros y provisiones para bancos complican el panorama para las inmobiliarias».
