Hay 55 personas acusadas, entre otros delitos, de asociación ilícita y lavado de activos
Según el Servicio de Impuestos Internos, creaban empresas con el solo objeto de defraudar al fisco. Los acusan de 240 mil millones de pesos de perjuicio fiscal.
El control . Pasado el mediodía de este viernes se realizó en el Primer Juzgado de Garantía de Santiago el control de detención de 55 personas -45 de manera presencial y diez vía Zoom desde diferentes regiones- acusadas de cometer un millonario fraude tributario.
Según el fiscal Eduardo Baeza, los imputados -hay diez más con orden de detención- conformaron «una asociación ilícita» entre el 2015 y el 2022. La acusación comprende delitos tributarios, asociación ilícita y lavado de activos.
«Ellos incorporaban a su contabilidad facturas falsas y posteriormente ocultaban sus bienes lavando activos», dijo.
Por petición suya, la jueza Francisca Zapata amplió el plazo de detención y reprogramó la audiencia de formalización para el lunes 18, a las 8:30 horas. En palabras del persecutor, la acusación de los 55 imputados consta de 170 páginas tamaño carta.
Las cifras . «Hay 100 mil facturas con las cuales se provocaron perjuicios fiscales, 3.300 contribuyentes involucrados, 240 mil millones de pesos de perjuicio fiscal, nueve querellas del Servicio de Impuestos Internos y seis querellas del Servicio Nacional de Aduanas. Se ingresaron a 90 domicilios, se incautaron 142 teléfonos celulares, se congelaron 429 cuentas bancarias y tres cuentas de criptomonedas, se ejercieron cautelares reales sobre 47 inmuebles y prohibición de enajenar 343 vehículos», detalló Baeza.
El origen . La investigación comenzó el 2016 luego de que el SII detectó situaciones irregulares en una supuesta empresa dedicada a la venta de celulares. Al iniciar la investigación, la Fiscalía Occidente junto con la PDI descubrió movimientos irregulares en el Aeropuerto de Santiago.
De los 55 los detenidos -entre los cuales figuran una ex candidata republicana al Core de Melipilla y un abogado del Servel- 28 quedaron en prisión preventiva y 27 con libertad condicional y obligación de asistir a la formalización el lunes.
La operación . En palabras de Marcelo Freyhoffer, subdirector jurídico del SII, están acusados de crear empresas «con el solo objeto de defraudar al fisco, emitiendo facturas falsas que daban cuenta de operaciones inexistentes y que eran utilizadas por una serie de contribuyentes para pagar menos impuestos».
Para operar usaban una figura bastante simple, siguió Freyhoffer, y «tiene que ver con creación de empresas que no desarrollaban actividades reales, sino que había un objetivo de defraudación mediante la emisión de documentos tributarios falsos que eran usados por los receptores para efectos de incrementar su crédito fiscal…».
Las formas . La Fiscalía Occidente, liderada por Eduardo Baeza, investiga dos aristas con que los imputados lograban obtener dinero de manera ilícita.
Una arista tributaria, con devoluciones de impuestos indebidas, y otra aduanera, con exportaciones sobrevaloradas o derechamente ficticias a Colombia, Bolivia y Estados Unidos.
«La forma de comisión de los delitos aduaneros imputados es la declaración maliciosamente falsa en las exportaciones y esto se realizaba declarando el origen, el valor o la cantidad de las mercancías en una forma fraudulenta y dolosa», puntualizó María Jazmín Rodríguez, subdirectora jurídica de Aduanas.
Luego se detectó un «mecanismo de exportaciones brujas. Se declaraba documentalmente una exportación que no existía, con la finalidad de defraudar al fisco a través del cobro ilícito de IVA exportador, proveyéndose de medios como facturas ideológicamente falsas», agregó Rodríguez.
Los rubros . Para obtener las ganancias, los imputados actuaban desde supuestas empresas dedicadas a distintos rubros: repuestos automotrices, distribuidoras de alimentos, constructoras, inmobiliarias y artículos eléctricos, entre otros.
«No son empresas de mayor tamaño, sino que medianas», aclaró Freyhoffer.
«No son empresarios»
La detención de 55 personas, acusadas de cometer el mayor fraude tributario de la historia chilena, generó repudio transversal. «(Ellos) no son empresarios, sino un grupo de más de 50 delincuentes que forman parte de una asociación ilícita propia del crimen organizado», afirmó Ricardo Mewes, presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC).
Desde la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) se expresaron en términos parecidos. «Tener un rut para delinquir no es lo mismo que ser empresario», expresaron, asegurando que «la transparencia y la ética deben ser los pilares de nuestras actividades comerciales».
