Vecinos habían denunciado peleas, amenazas y hasta cobro de peaje
Deberán adoptar, en un breve plazo, y previa coordinación entre ellas, un plan de medidas mancomunadas, dice el fallo.
«En este lugar, a principios del 2022, un grupo de personas en situación de calle, compuesto por aproximadamente 5 personas, entre hombres y mujeres, se han tomado como propias las dependencias tanto de áreas verdes como zona de juegos y esparcimiento del espacio público y bordes a nivel superficie del Río Mapocho».
Un recurso de protección interpusieron en julio del 2024 vecinos de la organización Barrio Puente Patronato en contra de la Delegación Presidencial Metropolitana y de las municipalidades de Recoleta y de Santiago, porque no frenaron la instalación de rucos y de carpas en la calle Santa María, sobre todo entre Patronato y Valenzuela Basterrica (acá puede ver más fotos https://acortar.link/IZaSAc).
«La presencia de estos sujetos nos impide salir de nuestras casas con libertad y utilizar la plaza. Los sujetos en situación de calle radicados en la plaza, calle y borde del río son personas violentas, que noche tras noche e influenciados por el alcohol y drogas que consumen a vista de todos, pelean, piden dinero de forma intimidatoria, práctica denominada cobro de peaje, que consiste en exigir una dádiva económica a cambio de pasar por la plaza donde se encuentra un grupo matón o delictual, bajo amenaza de ser agredido, asaltado».
Acusa el recurso de protección que ese grupo pelea con cuchillos y palos y que han amenazado a quienes los denunciaron.
«No podemos salir de nuestros hogares producto del temor que nos da que ingresen a robarnos o quizás hasta despojarnos de nuestras viviendas que con tanto esfuerzo hemos conseguido y construido con el tiempo, por sobre todo caída la noche a eso de las 18 horas. Al salir temprano por la mañana o al llegar en horas de la tarde tenemos claridad que habrá mucha bulla, gritos, peleas, lo que se ha transformado en una situación agotadora y estresante».
La respuesta
La Municipalidad de Recoleta respondió en la causa que desde el 2021 su Programa Personas en Situación de Calle (PSC), en conjunto con el de la Municipalidad de Santiago, ha visitado a las personas que viven en rucos a lo largo de Santa María, entre Recoleta y Pío Nono, y que en lo que iba de 2024 habían realizado 30 operativos.
«Antes de cada retiro, se realizan visitas de rescate social en las que se ofrecen diversos beneficios. Sin embargo, lamentablemente, las personas en el sector a menudo muestran resistencia al cambio».
La Municipalidad de Santiago también respondió.
«Mediante Ia Dirección de Prevención y Seguridad Comunitaria, ha efectuado, entre 2022 y 2024, un total de 204 servicios especiales en el sector de la línea Santa María, en los límites de las comunas de Recoleta y Santiago, y en todo el perímetro del barrio Patronato, Cal y Canto y La Vega, de los cuales 143 han correspondido a retiro de comercio informal, y 61 a retiro de enseres en BNUP (Bien Nacional de Uso Público). En relación con estos últimos procedimientos es posible indicar que se han sacado 121 rucos en el período 2022 a 2024».
La Delegación Presidencial envió al tribunal un informe de una de sus funcionarias que el 8 de octubre del 2024 recorrió el sector.
«Me constituyo en Calle Santa María, particularmente entre calles Patronato y Valenzuela Basterrica, constatando que en el lugar y luego de periódicos operativos de despeje y retiro de enseres, se encuentran solo dos rucos de personas en situación de calle, sin existir otras estructuras provisorias sobre el terreno en cuestión».
Un fallo muy claro
El 1 de marzo de este año, la Corte de Apelaciones de Santiago les dio la razón a los vecinos.
«La Municipalidad de Santiago, la Municipalidad de Recoleta y la Delegación Presidencial Regional Metropolitana deberán adoptar, en un breve plazo, y previa coordinación entre ellas, un plan de medidas mancomunadas que procure la protección permanente, eficiente e integral de las personas que han visto amagados sus derechos».
El Consejo de Defensa del Estado se hizo parte en el proceso y apeló ante la Corte Suprema. El 28 de octubre último, con un escueto fallo, el máximo tribunal confirmó el fallo de la Corte de Apelaciones.
El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, explicó este lunes que la municipalidad está trabajando en eso, pero que hay algunos problemas.
«No tenemos atribución legal para hacer nada más ni nada menos que sacarles los enseres, que son los que usan para dormir. Nada más. La Seremi de Desarrollo Social ha hecho todo el esfuerzo del mundo por conseguir recursos. Hay personas que han sido internadas por razones de salud mental, se escapan. A los que se les ha ofrecido trabajo no les interesa trabajar. Entiendo lo que plantea la Corte. Vamos a seguir trabajando con fuerza en esto, pero la verdad es que la solución no la veo simple ni menos al mediano o corto plazo».
Cristóbal Saavedra, uno de los vecinos que interpusieron el recurso de protección, admite que la situación algo ha mejorado, pero asegura que todavía hay rucos en ese sector.
«Los sacan y se vuelven a poner. Siguen estando, en menor cantidad y mucho más controlados».
Explica que la Corte le dice a la Delegación Presidencial que tiene las facultades para actuar y que habría que volver a los tribunales para controlar que esto se cumpla.
«Si nadie alega, como que el fallo queda en el aire hasta que alguien alegue de nuevo».
