Se organizaron para seguir pagando los gastos comunes por más de dos años que estuvo inhabitado
La comunidad creó un protocolo para iniciar el proceso de retorno al sector afectado por un socavón en septiembre del 2023.
Dos años y dos meses estuvo sin habitar el edificio Miramar Reñaca tras el socavón ocurrido en septiembre de 2023. Como tenía la prohibición de hacerlo hasta hace una semana (cuando el municipio viñamarino autorizó el ingreso de los residentes), no se le pudo hacer las mantenciones correspondientes en esos dos periodos. Ahora la comunidad estima un gasto de más de $417.775.763 en dejar operativo el inmueble. De ellos, ya han desembolsado $28.025.834.
El ítem más importante se refiere a los ascensores, citofonía, piscina y caldera, donde proyectan un gasto de $233.049.434 ($23.534.476 llevan gastados).
«Tenemos que pintar la piscina, ya que estuvo dos años sin agua, quedó descascarada y con fisuras. También las calderas estaban oxidadas, por lo que hay que volver a limpiar y pintar. A su vez, hay que volver a echar andar de nuevo las cámaras de seguridad y probar todos los circuitos. El ambiente salino fue letal en estos dos años», reconoce Manuel Ludueña, miembro del comité de administración del edificio.
La categoría de ascensores representa un gasto importante para la comunidad, dado que de los cinco que tiene el edificio, solo uno quedó operativo. «El cambio es por la falta de mantención. Con dos años sin uso se echan a perder. El agua de mar daña los componentes, los oxida. Nos salía más baratos cambiarlos que arreglarlos. En una semana deberían estar operativos dos ascensores y antes de fin de mes, los cinco», indica.
Otro segmento considera gastos en impermeabilización, seguridad, biometría, con un presupuesto de $111.937.145 ($833.000 pagados). Mientras que un tercer ítem contempla barandas, rejas, portones y jardines, con un costo referencial de $72.789.184. De eso, ya han gastado $3.658.358.
Ante esto, la comunidad está apelando al seguro del edificio para que se les devuelva el gasto por concepto de rehabilitación. Creen que entre un 50% y 60% de estos gastos lo va a cubrir su póliza.
Durante todo este tiempo las más de 150 familias estuvieron comunicadas a través de un chat de WhatsApp y acordaron entre todos los vecinos seguir pagando su gasto común a través de la plataforma Edifito. Todo el dinero recaudado lo están destinando para estos gastos.
«Seguimos pagando gastos comunes pese a que el edificio estaba cerrado. Hicimos un fondo común para la puesta en marcha del edificio. Sabíamos que volver iba a costar mucho dinero, pero había que cambiar los ascensores. Ahora tenemos a varios contratistas que trabajan y revisan los ductos de agua, el tema eléctrico y los portones. Tener un departamento cerca de la playa y sin mar no es sencillo. Complica todos estos temas», admite Ludueña.
¿Cómo ha sido todo este proceso?
«Bastante largo. Nosotros como comité y como comunidad nos hemos unido harto. Gracias a eso hemos logrado muchas cosas. En un principio nos habían cancelado la póliza de seguro y logramos que la renovaran. Hace una semana levantaron la inhabitabilidad y ahora estamos en proceso de volver al departamento. Establecimos todo un protocolo de ingreso».
¿En qué consiste ese protocolo? ¿Hay jerarquías?
«Primero entran las personas que tienen su departamento como primera vivienda y no tienen deudas de gastos comunes. El grupo 2 son aquellos que tienen segundas viviendas y sin deudas de gastos comunes al primero de noviembre. Todos ellos pueden hacer ingreso desde este mes. Mientras que el grupo 3 y 5, de primeras y segundas viviendas, con deudas, pueden hacer uso desde diciembre».
¿Cómo lo hacen para organizarse con las fechas?
«Hay una agenda y cada persona tiene su fecha de retorno. Uno no puede llegar a vivir cuando quiera. El retorno oficial parte este viernes. Este fin de semana llegaron cuatro familias. Se trata de personas que necesitaban volver a su departamento. Eso nos sirvió para saber si funcionaba bien todo. El edificio cuenta con todos los servicios básicos: agua y luz. También tenemos conserje. Estamos en marcha blanca».
A su vez, añade que el comité de administración les sugirió a las familias realizar algunas mejoras en sus unidades; entre ellas, cambiar todas las llaves de los baños y los flexibles. «No se puede ir a vivir a la unidad mientras no se hagan estos cambios. Eso lo estamos controlando nosotros».
¿Qué tipo de familias viven en este edificio?
«Son 152 departamentos en total. Hay de todos tipos: uno, dos, tres y hasta cuatro dormitorios. Hay distintas realidades. Personas que era su única vivienda. También muchos de segunda vivienda. En el momento del socavón, 30% de las familias (unas 60) vivía acá. Todas ellas tuvieron que buscar otro lugar para vivir. Hubo gente que pagaba su crédito hipotecario y tuvo que salir a arrendar. Ahora los vecinos están súper contentos y de a poco traen sus cosas».
Una experiencia cuesta arriba
Manuel Ludueña adquirió el departamento junto a su mujer hace 10 años como segunda vivienda y les costó cerca de 5.000 UF. En el momento del socavón lo tenían arrendado, por lo que el arrendatario tuvo que irse apenas dieron la orden de desalojo. «Dejamos de percibir ese ingreso, que eran unos $800.000, por lo que tuve que seguir con el pago del dividendo por estos dos años, además de los gastos comunes (paga entre $200.000 y $250.000), por lo que pagaba sobre el $1.000.000 mensual», señala.?
