Policía detuvo a 44 funcionarios de Gendarmería acusados de corrupción
Investigadores explican cómo es posible que haya existido una red de compra y venta de pertrechos para los internos. Les llevaban desde carne hasta celulares.
Las imágenes, divulgadas semanas atrás, muestran una mesa conteniendo todo lo necesario para una celebración en grande: whisky, cervezas, bebidas, papas fritas, carne recién sacada de la parrilla y una buena cumbia de fondo. Hasta dan ganas de sumarse. El único detalle es que aquella celebración ocurrió en el módulo 35 del penal Santiago 1 y fue grabada por los propios internos, que se supone están presos, entre otras razones, para que echen de menos ese tipo de eventos.
Más preocupante aún es que hayan sido ellos mismos los encargados de difundir las imágenes. Fue un acto de poder. Una manera de decirle al Estado aquí mandamos nosotros, aquí hacemos lo que queremos, aquí solo existe la ley que nosotros imponemos.
Y aún más preocupante, por no decir terrorífico, es que tal francachela no hubiese sido posible sin la colaboración de funcionarios de Gendarmería.
Apocalipsis
La madrugada del martes, tras una serie de operativos simultáneos realizados por la PDI y Gendarmería en Santiago 1 y otros penales del país, y que recibieron el nombre de «Operación Apocalipsis», el imperio de la ley volvió a poner las cosas en orden, por lo menos en parte.
Luego de tres años de investigación, la Fiscalía Occidente y la PDI lograron desarticular un entramado de corrupción en Gendarmería que terminó con la detención de 44 funcionarios, acusados de ingresar al penal alcohol, celulares, drogas y cuanta cosa se les ocurra a los internos, a cambio de mucho dinero.
Según explicó el fiscal jefe de la Fiscalía Occidente, Marcos Pastén, en el operativo también detuvieron a 35 civiles, entre chilenos y extranjeros, muchos de los cuales actuaban como «manilleros», sujetos que se instalan fuera del penal y ofrecen ingresar artículos prohibidos gracias a sus contactos con gendarmes corruptos.
Los uniformados, según se reveló, no solo ofrecían ingresar productos prohibidos, también hacían la vista gorda en los controles de ingreso para que personas indocumentadas visitaran a los presos (por lo que cobraban $60.000); ofrecían traslados a módulos menos peligrosos ($100.000), internaban celulares (podía costar hasta $400.000), e ingresaban carne, por la que podían cobrar $60.000 el kilo. Mucho dinero, mucho poder.
Poder de compra
Jorge Araya, académico e investigador de la Universidad de Santiago y ex jefe de Seguridad Pública del Ministerio del Interior, dice que, si bien el caso de los 44 gendarmes detenidos es preocupante, también tiene algo de esperanzador.
«Gendarmería ha reaccionado. Hace algún tiempo armaron una brigada de inteligencia interna y está logrando frutos», dice. «Si bien es cierto que el crimen organizado ya existe en las cárceles porque la utilizan como centro de operaciones para cometer delitos de estafa o incluso para tomar represalias contra gendarmes, hasta ahora es algo acotado, no masivo, y no ocurre en todas las cárceles».
Dicho esto, Araya sostiene que es necesario tomar más medidas y de manera urgente. «Los delincuentes que integran el crimen organizado son tipos peligrosos, inteligentes y que cuentan con muchos recursos. Ese tipo de personaje debe estar en cárceles y celdas especiales, para que sean efectivamente aislados y segregados, custodiados permanentemente por cámaras y por guardias especiales y que no tengan ningún contacto con el resto de la población penal», dice.
Pero también, agrega, es necesario mantener una vigilancia permanente sobre los gendarmes, porque están más expuestos. «Para los reos del crimen organizado, que cuentan con mucho dinero, es muy fácil corromper a los gendarmes», explica.
Haciendo un poco de historia, las cosas cambiaron en las cárceles chilenas, sostiene Araya, cuando llegaron delincuentes de organizaciones trasnacionales.
«Antes el preso chileno tradicional era menos audaz. En general sentía que en la cárcel no podía hacer mucho. Estaba, de alguna manera, incapacitado. No existía la capacidad organizativa del crimen organizado de mantener una estructura funcionando, con un jefe reconocido y la conexión con el exterior. Eso lo hace el crimen organizado internacional y lo han copiado bandas criminales chilenas».
Sumado a eso, María José del Solar, investigadora del Centro de Estudios de Seguridad Ciudadana de la Universidad de Chile, dice que desde 2022 ha aumentado significativamente la población penal, lo que afecta a la administración penitenciaria, en particular la función de custodia y seguridad, y para qué decir la de reinserción.
Durante la tarde, el Presidente Gabriel Boric anunció la presentación de un proyecto de ley que desvincula a Gendarmería de la función de reinserción social de los reclusos. La idea, dijo, es que Gendarmería sea «una institución de seguridad pública», y por lo tanto dependiente del Ministerio de Seguridad, mientras que la función de reinserción quedaría a cargo del Ministerio de Justicia.
«Antes el preso chileno tradicional era menos audaz. Se sentía que en la cárcel no podía hacer mucho», Jorge Araya, investigador de la Usach
