Exministra se presentó ante la Corte de Apelaciones de San Miguel por caso de Muñeca Bielorrusa
Esto genera problemas familiares, genera problemas humanos; en mi caso, ha generado una serie de problemas de salud, por lo cual no es fácil retomar la vida diaria, dijo.
«Esto genera problemas familiares, genera problemas humanos; en mi caso, ha generado una serie de problemas de salud, por lo cual no es fácil retomar la vida diaria. Yo he sido siempre una persona de trabajo, pero este proceso a mí prácticamente me lo impide», dijo Ángela Vivanco, en las afueras de la Corte de Apelaciones de San Miguel.
La exministra de la Corte Suprema Angela Vivanco se presentó ante el mencionado tribunal para declarar su versión a la fiscal Carla Troncoso, en el marco de la investigación judicial al exconservador de Bienes Raíces de Puente Alto, Sergio Yáber Lozano; y los notarios de San Miguel, Claudio Barrena Eyzaguirre, Rodrigo Ortúzar Rodríguez y Fernando Martell Costa; por su participación en el caso denominado Muñeca Bielorrusa.
La cita que comenzó a las 10.30 de la mañana del martes y que fue a solicitud de la defensa de la exministra, duró poco más de diez minutos. En paralelo, la Segunda Sala de la Corte Suprema revisó la apelación que hizo Vivanco para rebatir la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, que declaró admisible la querella de capítulos en su contra. La resolución del máximo tribunal quedó pendiente y está en proceso de redacción.
Vivanco, al ser consultada respecto a sus vínculos con Yáber, aseguró que ellos mantenían «una muy buena relación; mientras mi pareja (Gonzalo Migueles) trabajó con él, durante seis años, yo lo consideré mi amigo y tuvimos una relación muy cercana con él, con su familia, con sus hijos». Agregó que «no he vuelto a conversar con él después que Gonzalo dejó de trabajar con él, en el 2024».
Sergio Yáber declaró el 23 de octubre como imputado por el pago de coimas en el caso del litigio entre Codelco y el consorcio de origen bielorruso CBM. Oportunidad en la que explicó su relación con Migueles y Vivanco. Aseguró que se conocían desde los 90 y que su amistad se afianzó a mediados del 2018, cuando realizó una cena en su domicilio, a la que asistió Migueles junto a los dos jueces Ángela Vivanco y Antonio Ulloa.
En aquel encuentro, según la declaración de Yáber, Migueles comentó que estaba «buscando pega». Yáber le ofreció trabajo a cambio de ser trasladado a Puente Alto, por razones de salud de su hijo mayor. «Yo requería de un traslado a la ciudad de Santiago y que para ello estaba postulando al cargo de Conservador de Bienes Raíces de Puente Alto, que iba en la terna que podría ser nombrado, por lo cual le ofrecí que si yo resultaba designado, podríamos conversar de un eventual cargo en mi oficina».
Fue en ese mismo periodo que Vivanco fue elegida por el expresidente Sebastián Piñera como postulante a la Corte Suprema. Yáber consiguió ser designado como conservador de Puente Alto, pero Vivanco le cobró lo acordado en la cena: «Apenas asumí, sostuve una conversación con Vivanco donde me señaló y me reiteró que su marido o pareja estaba sin trabajo y que si se me podía dar la oportunidad de contratarlo una vez que asumiera mi cargo».
Por otro lado, según los antecedentes de la Fiscalía, los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos, como representantes del consorcio CBM, habrían realizado una serie de pagos a Ángela Vivanco, a través de Gonzalo Migueles, a cambio de que la exministra del máximo tribunal fallara a favor de la empresa bielorrusa en un litigio contra Codelco. El dinero habría sido lavado en operaciones en las que participaron los conservadores Sergio Yáber y Yamil Najle y el dueño de una casa de cambio, Harold Pizarro.
En ese sentido, Vivanco también descartó nexos con los abogados de CBM: «Jamás fui, jamás estuve allí, no conozco su oficina. Para que se despeje cualquier duda, en el caso de Vargas y Lagos, jamás me invitaron a esa oficina, jamás fui, jamás he estado y jamás he recibido nada de ellos, ni en esa oficina ni afuera».
La exministra también aprovechó la oportunidad para expresar sus descargos contra su proceso de remoción: «Todo mi proceso de remoción fue un proceso exprés. No se me dio acceso a la prueba y se saltaron varios pasos como, por ejemplo, tener un procedimiento administrativo previo», agregó.
Descartó su participación en cualquier tipo de delito mientras era ministra y ser partícipe en la crisis que enfrenta el Poder Judicial.
«Esto genera problemas familiares, genera problemas humanos; en mi caso, ha generado una serie de problemas de salud, por lo cual no es fácil retomar la vida diaria. Yo he sido siempre una persona de trabajo, pero este proceso a mí prácticamente me lo impide. Porque cuando una persona está condenada, está condenada de los términos que sean, pero en este caso, cuando se trata a la gente como si estuviera condenada, es muy difícil trabajar y reintegrarse a lo que puede ser una producción de recursos», agregó.
